“Construir un país digno es responsabilidad de todos. En esta instancia, es irrefutable que debemos hacer más… y tenemos que hacerlo mejor. Ya sabemos que la situación del país no es sólo asunto de políticos. La convivencia en nuestra sociedad está amenazada por la falta de confianza, el oportunismo de los partidos políticos, el deterioro de las instituciones gubernamentales y el aumento vertiginoso de la corrupción que empobrece la satisfacción de las necesidades de la población. La ruptura con estas prácticas malsanas de administración y gestión pública son impostergables.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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En el contexto de la gobernanza pública, es reconocido que el sector energético es estratégico para el desarrollo económico y social. Las lecciones y nuevas percepciones que hemos enfrentado por el deterioro del sistema energético por décadas deben enseñarnos a encarar otro tema de escala estructural…las debilidades de la gobernanza y el deterioro de las capacidades institucionales.
La gobernanza energética se define como la manera en que los diferentes actores del sector público, privado y de la sociedad participan en la toma de decisiones energéticas del país. La creciente presión por el uso prudente y eficiente de los recursos energéticos y las nuevas actividades económicas han exacerbado los conflictos socioambientales y la desconfianza de la población hacia sus autoridades gubernamentales. En ese sentido, en Puerto Rico son grandes los desafíos que existen en el sector energético, en gran medida por las debilidades de la gobernanza, la duplicidad y la redundancia del marco jurídico, a una falta de planificación estratégica a largo plazo y las deficiencias en la formulación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de dichos objetivos.
Es reconocido que el sector energético sufre de poca transparencia contractual, auditorías poco efectivas, pobres resultados y una rendición de cuentas deficiente. El deterioro y las debilidades en la gestión energética han tenido efectos graves como: negociaciones inequitativas entre el sector público y el sector empresarial, el cobro ineficaz de ingresos, aumento innecesario en tarifas, desvío y mal uso de los recursos públicos por parte del gobierno, opacidad en los datos y falta de transparencia en la información que proporcionan a la ciudadanía en relación a los contratos, subastas, licitaciones e ingresos provenientes del sector energético provocando que la ciudadanía no pueda involucrarse en la evaluación y fiscalización de los procesos y la gestión por falta de información.
En la percepción pública existe consenso de que la crisis del sistema eléctrico de Puerto Rico es consecuencia de la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción. En el contexto energético, la transparencia gubernamental se refiere a la capacidad de las instituciones públicas de dar a conocer públicamente información, datos, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la gestión, uso y conservación de los recursos naturales de energía.
Se percibe que ello ocurre debido a las debilidades en el modelo de gestión estatal y en la implantación de sus políticas públicas, evidenciadas en una deficiente institucionalidad energética y ambiental; una débil implantación de salvaguardas, estándares socioambientales y ausencia de implantación de instrumentos de planificación y de gestión, entre otros aspectos. Con el fin de evitar el aumento de los conflictos sociales y de fortalecer la convivencia, es necesario que el Estado tome buenas decisiones y desarrolle una adecuada promoción, control y uso de sus recursos energéticos, a través de la implantación de prácticas de buen gobierno y transparencia, que busquen el beneficio de toda la población.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea que fortalecer el sector energético es un eje prioritario para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, en un momento extremadamente difícil para nuestra sociedad, debido a las debilidades de la gobernanza pública, el deterioro de las capacidades institucionales y el aumento de la corrupción es inaplazable fortalecer la gobernabilidad para propiciar el bien común de la sociedad.
En esta instancia, es impostergable reflexionar sobre los desafíos de la implantación de la política energética adoptada a partir del 2014 cuyo objetivo fue separar la generación eléctrica y la transmisión y la distribución para establecer entidades operacionales independientes y dirigir el mercado energético hacia la libre competencia. Los cambios implantados no han generado una mejora significativa en la toma de decisiones energética ni tampoco en los resultados proyectados. La transparencia, la eficiencia, la protección del interés público y la participación ciudadana no se han materializado en la práctica. De igual forma, se percibe una sustitución de un monopolio gubernamental por un monopolio privado y los grupos de interés políticos y empresariales han capturado el proceso.
Por ello, hay que crear las políticas adecuadas, adaptar los marcos legales, éticos y sociales para evitar la desinformación, la desconfianza y el miedo. Hacer frente a estos desafíos y trazar el camino hacia una sociedad en la que la transparencia, la integridad y el uso responsable del poder público para el bien común de la sociedad requiere de voluntad política y de capacidad institucional y compromiso firme del gobierno, los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)[1], el sector energético carece de transparencia y es uno de los más susceptibles de corrupción (2015). Dentro de un sistema débil existe una complejidad multifactorial que provoca que el sector energético sea propenso a la corrupción. Entre estos factores están incluidos el control político discrecional de alto nivel, la confusión frecuente de la ciudadanía, la desinformación y la falta de transparencia, los intereses personales y de índole política, la competencia limitada, las estructuras financieras complejas que requieren de auditorías rigurosas por parte del gobierno, el volumen de flujos financieros ilícitos, ingresos procedentes del manejo ilegal de los recursos y la evasión fiscal
En este sentido, la transparencia y la integridad del sistema energético resultan cruciales para la gobernanza pública. Estos principios son la piedra angular sobre los que se asientan las estructuras económicas, sociales y políticas y por consiguiente resulta indispensable para el bienestar económico y la prosperidad de los individuos y de la sociedad en su conjunto, salvaguardando el interés público y fortaleciendo valores fundamentales como el compromiso con una democracia plural basada en el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
La política pública de transparencia e integridad en el sector energético tiene el propósito de abordar el problema sobre la calidad y el tipo de información que el gobierno y las empresas del sector energético ponen a disposición de los grupos de interés, el cual no está permitiendo la toma de decisiones de manera informada, así como el monitoreo de aspectos centrales de las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía. Dicha problemática ha sido reconocida por el gobierno y los actores del sector, hecho que abona a la construcción de un camino que permita en conjunto superar los retos identificados y consolidar acciones articuladas a través de los ejes de transparencia, rendición de cuentas e integridad en beneficio del bien común de la sociedad.
El bien común, lejos de ser una abstracción, es el bien de la comunidad. Todos tenemos el deber como ciudadanos de comprometernos con la construcción de una mejor sociedad y para lograrlo tenemos que ser capaces de generar confianza para propiciar la cohesión social necesaria en pro del bienestar de la sociedad. La noción de bien común asume la realidad del bienestar personal y la realidad del proyecto social en la medida que las dos realidades forman una unidad de convergencia.
Es importante señalar que la pérdida de confianza y legitimidad del gobierno se debe no sólo a la falta de definición clara de los problemas, la incapacidad para resolverlos y el degaste de los principios y los valores en la gestión de los asuntos públicos, sino también, a la gradual pérdida de capacidades políticas y administrativas y la incapacidad para atender los conflictos y generar resultados con prontitud, calidad y equidad. Para superar esta brecha, el gobierno debe realizar esfuerzos sostenidos para ganarse la confianza ciudadana asumiendo compromisos más claros sobre lo que los ciudadanos pueden esperar de ellos, con verdaderas reformas del sector público que viabilicen el cumplimiento de las obligaciones contraídas y con reformas institucionales que refuercen los deberes y obligaciones que el gobierno, las empresas y la ciudadanía contraen entre sí propiciando de esta manera la cohesión social.
Construir un país digno es responsabilidad de todos. En esta instancia, es irrefutable que debemos hacer más… y tenemos que hacerlo mejor. Ya sabemos que la situación del país no es sólo asunto de políticos. La convivencia en nuestra sociedad está amenazada por la falta de confianza, el oportunismo de los partidos políticos, el deterioro de las instituciones gubernamentales y el aumento vertiginoso de la corrupción que empobrece la satisfacción de las necesidades de la población. La ruptura con estas prácticas malsanas de administración y gestión pública son impostergables.
Junio 2023
[1] De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2015
