Titulares:
  1. PRIMORDIAL LA TRANSPARENCIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: "La prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para atender estos desafíos que amenazan la prosperidad y la estabilidad social." Por: Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para ver el ensayo en PDF Puerto Rico, al…
  2. ABORDAR LOS DESAFÍOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL ANDAMIAJE JURÍDICO Y LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN: "Urge reducir el riesgo de soborno en proveedores de servicios y contrataciones, fortalecer las capacidades institucionales, fortalecer la supervisión y fiscalización de la implantación de las medidas anticorrupción, actuar con mayor transparencia y mejorar la divulgación de los datos, compartir la información de manera oportuna y prevenir la propagación de…
  3. LA POLARIZACIÓN POLÍTICA AMENAZA LA GOBERNABILIDAD: "Para reconstruir el tejido social roto por el desconcierto y el desencanto producto de la polarización y la desinformación tenemos que articular y generar soluciones a los grandes debates de la era de los cambios disruptivos que vivimos." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Para leer…
  4. LA EROSIÓN INSTITUCIONAL Y LA POLARIZACIÓN CONTINÚAN DETERIORANDO LA GOBERNABILIDAD: Por: Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Ante la realidad de un entorno creciente de complejidad e incertidumbre observamos una fractura entre lo que la sociedad y los ciudadanos demandan y lo que el gobierno y los gobernantes ofrecen y gestionan. Este desfase le resta confianza y…
  5. CAMBIAR EL RUMBO DE LA SOCIEDAD EXIGE ENCARAR EL PROBLEMA DE INGOBERNABILIDAD: "El país no puede quedar al margen de las necesidades que plantea el cambio de época que estamos atravesando con retos de gran profundidad en la esfera social, económica, política y ambiental. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan medidas urgentes para cambiar el rumbo de la sociedad." Por: Dra.…

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO: LA AGENDA PENDIENTE PARA LOGRAR LOS RESULTADOS

“Tenemos ante nosotros oportunidades sin precedentes para renovar la economía y propiciar la prosperidad y el bien común de la sociedad. Las acciones por emprender necesitan ser articuladas de manera coherente para que sean pertinentes y consecuentes. Necesitamos una sociedad comprometida con el País, un gobierno comprometido con las necesidades esenciales de la ciudadanía y una sociedad donde se respete el estado de derecho.”

Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa


Oprima aquí para ver ensayo en PDF

Es indudable que Puerto Rico atraviesa un momento histórico en el cual tenemos una coyuntura idónea para repensar y diseñar el País que queremos. El principio de año nos presenta una oportunidad de hacer balance de las metas alcanzadas y pendientes y también de los aciertos y desaciertos. El cambio de año es esa página en blanco para dibujar el mapa de ruta. Nos permite tener la sensación de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad para mejorar, de confiar en que aquello que queremos puede darse si trabajamos con voluntad, perseverancia y compromiso. Todo ello propicia una sensación de cierre y a la vez de esperanza y bienvenida a algo mejor.

La mirada en retrospectiva nos confronta con un saldo negativo en los resultados de la gestión pública. Es reconocido que vivimos momentos de gran turbulencia e incertidumbre económica, social y política y de gran debilidad de la gobernanza pública. Las malas prácticas de gobierno, el deterioro de sus instituciones, el vertiginoso aumento de la corrupción, la incompetencia y la irresponsabilidad en la gestión gubernamental, el inversionismo político, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los derechos y libertades individuales continúan poniendo en peligro el bienestar colectivo y la gobernabilidad del País.

La encrucijada de ingobernabilidad y corrupción

Los pobres resultados alcanzados en la gestión pública, el acelerado deterioro del País de las pasadas décadas y el impacto adverso en la economía y la sociedad de los huracanes y la pandemia han tenido efectos paradójicos en la vida de los puertorriqueños. Por un lado, Puerto Rico se encuentra en una encrucijada sin precedentes en la que la sociedad demanda más y mejores servicios para renovar la calidad de vida de la población. No obstante, se han debilitado los lazos entre la gente y la calidad y riqueza de la vida de la “polis” vivida en tiempos pasados dando paso al deterioro de las instituciones públicas y su capacidad de generar resultados para potenciar el bien común de la sociedad.

Los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza durante la pasada década plantean que la principal disfuncionalidad de la gobernanza en la gestión pública reside en el deterioro de las capacidades institucionales y la falta de focalización y rigor en la articulación de las decisiones que se dan como parte de la progresiva politización lo que afecta la orientación de largo plazo de las políticas públicas en general en el País. Esto crea las condiciones para que los marcos jurídicos y normativos sean modificados, eludidos o distorsionados de acuerdo con los intereses de los grupos involucrados en los procesos de decisión con sus respectivos matices sectoriales y político-partidistas. Se suma a esto la alta volatilidad de las estructuras, el alto costo de la operación del aparato público y la alta tasa de rotación de los funcionarios políticos que cambian luego de cada proceso electoral, haciendo el entorno aún más inestable y costoso.

El desorden y la inestabilidad que caracterizan el momento que vivimos crea confusión y obstaculiza la comprensión de las causas que lo provocan. Esta falta de comprensión es producida por los efectos combinados de una falta de confianza, una falta de percepción y de identidad y una crisis de compromiso y voluntad. Estos tres factores constituyen el triángulo del caos que vivimos. La confusión y ambigüedad que genera el triángulo de estos factores crea interrogantes sobre los roles y responsabilidades emergentes para los diversos actores de la sociedad. ¿Qué es realmente importante? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién deben tomar qué decisión y asumir qué tipos de iniciativas? ¿Cuáles son los resultados de largo plazo que beneficiarán a toda la sociedad? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? ¿Cuál es el impacto deseado? En síntesis, estas interrogantes definen el momento de caos e incertidumbre actual.

La encrucijada de ingobernabilidad y corrupción que enfrentamos vuelve a plantear la urgencia de gobernar con eficiencia y eficacia a favor del bien común y de delinear y ejecutar los cambios estructurales requeridos para propiciar los resultados. No obstante, es generalizada la falta de comprensión sobre el momento actual entre la mayoría de los actores sociales, económicos, políticos e institucionales que aportan al proceso de desarrollo. La época emergente postpandemia es todavía una fotografía fuera de foco. Aún es difícil precisar todas sus características y proyectar sus consecuencias.

En el fondo estamos viviendo un cambio de época, un verdadero cambio generacional y tenemos que sin duda decidir si seguimos igual o trabajamos para propiciar la transformación impostergable que nos exige el momento histórico que vivimos. Un cambio de época es un momento de la historia de la humanidad en que las características de la época vigente están en deterioro irreversible y en que sus consecuencias para el desarrollo están bajo cuestionamiento por parte de la sociedad. Para enfrentar los desafíos es impostergable adoptar buenas prácticas de gobierno abierto, transparencia, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas por los resultados.

Transparencia e integridad pública

La transparencia gubernamental es el principio rector esencial para superar la ineficiencia e insuficiencia de la gestión pública y al mismo tiempo el factor principal para transformarla profundamente. La hoja de ruta del buen gobierno y una buena administración y gestión pública exige avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y un compromiso firme con la transparencia y la apertura de la gestión de gobierno guiada por los siguientes principios y objetivos:

  • Transparentar la información y fortalecer la divulgación de los datos sobre la gestión pública. El gobierno recopila y genera información, y los ciudadanos tienen el derecho a solicitar acceso a la misma. A continuación, se describen los pilares que sustentan este principio:
    • Promover un mayor acceso a la información y divulgación sabre las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno.
    • Publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales.
    • Proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización.
    • Resaltar la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de todos los sectores de la sociedad a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del gobierno.
    • Solicitar comentarios del público para saber qué información le resulta más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida posible.
  • Apoyar la participación ciudadana. Se valora la participación de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, a través de:
    • Transparentar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la formulación, el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales.
    • Proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad para que su funcionamiento sea coherente con el compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión.
    • Crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y las empresas
  • Aplicar los más altos estándares de integridad pública. Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para sus funcionarios públicos. En ese marco, el gobierno debe comprometerse a:
  • Definir políticas, prácticas y mecanismos sólidos para prevenir, combatir y penalizar la corrupción. Esnecesario fortalecer el marco jurídico y formular una estrategiaanticorrupciónque garantice la transparencia en la selección y los nombramientos de los funcionarios públicos, la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales.
    • Establecer y mantener o un marco jurídico para hacer pública la información sobre las ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos.
    • Poner a disposición del público información sobre las actividades y la eficacia de las instituciones responsables de aplicar las leyes contra la corrupción y de evitarla, así como los procedimientos de recurso a esos organismos, respetando la confidencialidad de información específica relativa a la aplicación de las leyes.
  • Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del público y la colaboración. El sector público debe aprovechar estas tecnologías para hacer pública más información de manera que permitan a la gente entender lo que el gobierno hace e influir en las decisiones y cómo gasta los recursos fiscales a través de:
  • Creación de espacios en línea, accesibles y seguros como plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas.
    • Aumentar de la conectividad en línea y móvil, y promoción del uso de mecanismos para la participación ciudadana.
    • Fomentar de la participación de la sociedad y la comunidad empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores a los efectos de aprovechar las nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno.
    • Apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por parte de los empleados públicos, el sector empresarial y los ciudadanos.

Reflexiones finales

Tenemos ante nosotros oportunidades sin precedentes para renovar la economía y propiciar la prosperidad y el bien común de la sociedad. Las acciones por emprender necesitan ser articuladas de manera coherente para que sean pertinentes y consecuentes. Necesitamos una sociedad comprometida con el País, un gobierno comprometido con las necesidades esenciales de la ciudadanía y una sociedad donde se respete el estado de derecho. La transparencia, la integridad pública y la voluntad de todos los actores de la sociedad debe ser el vehículo para forjar un mejor país.

Enfrentar los tiempos caóticos que vivimos como sociedad representa una oportunidad para construir juntos un mejor Puerto Rico para todos. Comprender que la inestabilidad, la incertidumbre, la disrupción, la inseguridad y la desorientación que nos hacen vulnerables es provocada por un cambio de época es crítico para definir las premisas y diseñar el marco de acción para generar las reformas estructurales, articular el mapa de ruta y movilizar la acción.

El reto de mejorar la gobernabilidad y erradicar la corrupción exige: (1) mejorar los resultados y el uso prudente de los recursos públicos para posibilitar el bien común de la sociedad, el crecimiento de la productividad, la generación de capital y el aumento en las oportunidades de empleo; (2) fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno, la transparencia y la integridad pública poniendo al centro de la gestión gubernamental las necesidades de los ciudadanos, la protección del interés público y el bienestar colectivo; (3) fortalecer el estado de derecho y afianzar los principios rectores de buen gobierno para darle un giro a las conductas que se apartan de los principios, la ética y los valores y de las mejores prácticas de sana administración pública.

El bien común y la prosperidad compartida serán una realidad si cada sector aporta desde su quehacer a su construcción, con auténtico interés por el bien común. Atender la complejidad depende, en gran medida, de que el gobierno pueda articular respuestas inteligentes. El cambio exige instituir la transparencia para ganar confianza y credibilidad. No se trata solo de elaborar leyes o procedimientos sino de poner sobre la mesa auténticas políticas públicas que viabilicen una transformación real del sector público para dotarle de nuevas y mejores capacidades para reformar la gobernanza; transformar el funcionamiento administrativo y fortalecer la gestión pública; impulsar la economía, la productividad y la innovación; reducir la desigualdad y promover la diversidad.

Resulta imprescindible atender estos desafíos impostergables para asegurar el bienestar de la ciudadanía y de las generaciones futuras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *