“Para abordar el desafío de la gobernabilidad que encara Puerto Rico, caracterizado por deficiencias en la prestación de servicios, corrupción y aumento en la desigualdad, es preciso que nos replanteemos el proceso de gobernanza para lograr los objetivos de bienestar común, crecimiento y equidad.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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La transparencia, la integridad y la eficiencia en la gestión pública deben ser los ejes fundamentales de la acción gubernamental. Sin embargo, nuevamente los medios de comunicación y las vistas públicas de la legislatura, relacionadas con el proceso de recuperación del país luego del paso del huracán Fiona, alertan sobre los pobres resultados, las deficiencias en los procesos de prestación de servicios y la incapacidad en el uso de los fondos públicos designados para la recuperación y reconstrucción del país. Asimismo, la discusión pública vuelve a señalar el incumplimiento del gobierno y su incapacidad de generar resultados de manera ágil para satisfacer las necesidades de vivienda, electricidad, salud y reparación de carreteras.
Reiteradamente las notas de prensa plantean la negligencia en el uso de fondos públicos y la influencia indebida de grupos de presión (cabilderos) que pone de manifiesto que decisiones públicas trascendentales como la contratación de la distribución energética otorgada a Luma Energy y el proceso para contratar un proveedor de servicios para la generación de energía al presente en curso se toman en secreto y los criterios utilizados privilegian a amigos, políticos y familiares. Es reconocido que el deterioro de la calidad y el acceso a vivienda y servicios de electricidad ha empobrecido la calidad de vida de miles de ciudadanos, ha propiciado una disminución en los niveles de inversión y crecimiento económico y ha ocasionado la pérdida de cientos de empleos.
Es evidente que esta recuperación se agrava por la negligencia y el manejo deficiente de los fenómenos catastróficos que nos han afectado desde 2017. La opacidad de los datos y la desinformación, así como la incapacidad en la administración y operación del sistema eléctrico y de acueductos, la incompetencia en la gestión de las necesidades de salud y vivienda y la reparación de las carreteras durante las pasadas crisis han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos y aumentado los riesgos de corrupción.
Transparencia para combatir la corrupción
Esta realidad es cónsona con los resultados del Índice de percepción de la corrupción 2021, publicado por Transparencia Internacional, este informe revela que la lucha contra la corrupción se ha estancado y deteriorado y ha erosionado los derechos humanos, la gobernabilidad y la democracia. El informe destaca que la única ruta hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga información actualizada y oportuna que le permita generar pensamiento crítico y trabajar colectivamente para mejorar la toma de decisiones, fiscalizar la gestión pública y exigir rendición de cuentas a aquellos en el poder.
De acuerdo con el más reciente estudio del Centro de Gobernanza sobre Los desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía para abordar el desafío de la gobernabilidad que encara Puerto Rico, caracterizado por deficiencias en la prestación de servicios, corrupción y aumento en la desigualdad, es preciso que nos replanteemos el proceso de gobernanza para lograr los objetivos de bienestar común, crecimiento y equidad. En este sentido, las tensiones resultantes de los huracanes, los terremotos, la pandemia y la debacle fiscal y la crisis económica, política y social que ha venido experimentando el país por más de una década, exigen mayor atención a los principios rectores del buen gobierno de lo público y puntualizan la obligatoriedad de repensar del papel de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones para encaminar la mejora de la gobernanza y la regeneración de la economía.
Los datos de la encuesta de percepción de la corrupción realizada como parte del estudio coinciden con los múltiples casos de corrupción y tráfico de influencias que han sido reseñados por la prensa de forma continua por la pasada década y se han hecho más frecuentes en el manejo de las crisis que nos han afectado desde el 2017. Los ciudadanos perciben que el soborno y las conexiones políticas son la forma más efectiva de obtener servicios públicos. También los ciudadanos opinan que políticos, empresarios y grupos de interés influyen de forma indebida, no necesariamente de forma ilegal en la toma de decisiones gubernamentales.
A modo de ejemplo, la encuesta de opinión advierte el riesgo de corrupción en las contrataciones, las compras, los procesos de subasta y las campañas políticas. El mero volumen de esa contratación pública es lo que la hace especialmente vulnerable a la corrupción. En efecto, se estima que la contratación pública representa entre el 15% y el 30% del producto interno bruto (PIB) de muchos países. Esto significa que cada año los gobiernos gastan miles de millones de dólares para contratar distintos tipos de bienes, servicios y obras. Si bien es difícil medir los costos derivados de la corrupción debido al carácter clandestino de esta actividad, es evidente que la corrupción en la contratación pública tiene una enorme repercusión negativa en el gasto público. Esos costos se deben en particular a que la corrupción en la contratación pública atenta contra la competencia en el mercado e inhibe el desarrollo económico.
La resultante distorsión del mercado hace que los gobiernos tengan que pagar un precio artificialmente elevado por los bienes, servicios y obras que requieren. Según varios estudios, es probable que entre un 10% y un 25% del valor de un contrato público se pierda como consecuencia de la corrupción. Si se aplica este porcentaje al total del gasto público por concepto de contratación pública, se constata una pérdida anual de cientos de miles de millones de dólares en este sector debido a la corrupción. La puesta en marcha de un sistema eficaz de contratación pública basado en la transparencia, la competecia y la integridad no es sencilla. Un sistema de contratación que carezca de transparencia y competencia es el caldo de cultivo y ideal del comportamiento corrupto.
Es por ello que, a la hora de adquirir bienes y servicios y contratar obras los gobiernos tienen la obligación de tartar únicamente con proveedores y empresas que ofrezcan la major relación entre calidad y precio. El mero volumen de esa contratación pública es lo que la hace especialmente vulnerable a la corrupción. En efecto, se estima que la contratación pública representa entre el 15% y el 30% del producto interno bruto (PIB) de muchos países. Esto significa que cada año los gobiernos gastan miles de millones de dólares para contratar distintos tipos de bienes, servicios y obras. Si bien es difícil medir los costos derivados de la corrupción debido al carácter clandestino de esta actividad, es evidente que la corrupción en la contratación pública tiene una enorme repercusión negativa en el gasto público. Esos costos se deben en particular a que la corrupción en la contratación pública atenta contra la competencia en el mercado e inhibe el desarrollo económico. La resultante distorsión del mercado hace que los gobiernos tengan que pagar un precio artificialmente elevado por los bienes, servicios y obras que requieren. Según varios estudios, es probable que entre un 10% y un 25% del valor de un contrato público se pierda como consecuencia de la corrupción. Si se aplica este porcentaje al total del gasto público por concepto de contratación pública, se constata una pérdida anual de cientos de miles de millones de dólares en este sector debido a la corrupción.
En lo que respecta al sector energético el paso del huracán Fiona ha reafirmado que la falta de transparencia, la opacidad y la desinformación atrofian el proceso de toma de decisiones gubernamental para dar respuesta eficiente a las necesidades apremiantes de la ciudadanía. Los procesos de gestión y toma de decisiones deficientes y amañados, tanto desde el sector público como desde el sector privado, han empañado las respuestas adecuadas en un asunto de gran interés e impacto público que a su vez ha resultado ineficiente y muy opaco a ojos de la ciudadanía.
Igualmente, preocupante resulta la práctica recurrente de incorporar a la plantilla gubernamental ejecutivos, empleados, asesores y juntas directivas de gobierno a expolíticos y militantes activos a cargo de la recaudación de fondos de las campañas políticas haciendo evidente la mala prácticas de las puertas giratorias que abren espacio a la corrupción. Probablemente si hubiera más transparencia y divulgación de información, la percepción generalizada de mal manejo de fondos públicos en el sector energético y el manejo ineficiente de la fiscalización en el uso de los fondos públicos podría contrastarse con argumentos sólidos sostenidos con información y datos categóricos y oportunos, pero ante la opacidad, la apariencia de sesgo y manipulación en la toma de decisiones y de mal manejo de los fondos públicos es innegable.
En las últimas décadas se habla constantemente de corrupción hasta convertir este término en una referencia permanente del imaginario social y del debate político que, en ocasiones, llega a ser bastante inquietante. En este sentido, la relación con proveedores y contratistas requiere de un manejo eficiente y transparente y de procesos de supervisión y monitoreo del cumplimiento y verificación de indicadores que validen los resultados de la gestión y el uso eficiente y prudente de los recursos públicos. La realidad es que la ineficiencia, la incapacidad y la negligencia en el manejo de las necesidades apremiantes de energía eléctrica, vivienda, carreteras y salud durante los fenómenos naturales y la pandemia ha empobrecido la calidad de vida de nuestros ciudadanos y requiere acción inmediata del gobierno. Los tiempos disruptivos que vivimos representan una oportunidad para construir Un mejor Puerto Rico para todos.
Reflexiones finales
Es evidente que la corrupción nos afecta a todos a nivel personal, institucional y nacional y plantea el desafío de luchar para prevenirla, combatirla y penalizarla. El impacto de la corrupción puede observarse en el día a día. En el caso de las transacciones rutinarias (por ejemplo, trámites burocráticos), estas se han convertido en prácticas que deben ser pagadas (lo cual constituye un soborno) para que se ejecuten de forma más eficiente. También se puede percibir en aspectos más profundos y fundamentales en los que corrompe el vínculo entre las decisiones que se toman colectivamente y la capacidad de la sociedad para influir en ellas a través de aspectos básicos y necesarios para el sistema democrático —como las discusiones colectivas, el debate o el voto mismo.
En la actualidad, es indiscutible que la corrupción tiene un impacto adverso en la gobernabilidad, socava la democracia desde dentro y dificulta el crecimiento económico sostenible. Los actos de corrupción minan los valores y principios de la democracia (la cultura democrática). La sociedad pierde la confianza en las decisiones del gobierno, lo que limita los alcances de la acción colectiva, al tiempo que corrompe los mecanismos y objetivos propios de la democracia.
Más aún, sus efectos tienen consecuencias mucho más profundas para los grupos vulnerables, cuyas condiciones de vida dependen en gran medida de la ayuda del Estado. Por esta razón, la corrupción es mucho más que un problema de procesos administrativos deficientes o de políticas públicas ineficaces. La lucha contra la corrupción es un imperativo moral para todos quienes ejercen una función pública, solo de esta manera se podrá asegurar el respeto a los derechos humanos, consolidar una mejor democracia y ofrecer mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos.
Octubre 2022
