“La convivencia y el bien común de la sociedad está amenazada por la falta de confianza, el clientelismo político y la ausencia de transparencia en la toma de decisiones. ”
Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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La convivencia y el bien común de la sociedad está amenazada por la falta de confianza, el clientelismo político y la ausencia de transparencia en la toma de decisiones. Por ello, abordar la corrupción es esencial para adelantar la agenda de desarrollo del país, aliviar la pobreza y reducir la desigualdad. Por ello, en estos momentos retadores en los que la vida pública y política del país se encuentra gravemente aquejada por el aumento vertiginoso de los casos de corrupción, es indispensable que los responsables de gestionar la función pública y los políticos adopten una firme, contundente e inequívoca postura para atajar este preocupante fenómeno tomando medidas coherentes, consensuadas, inmediatas y efectivas que propicien la transparencia pública y pongan freno a esta insostenible situación.
Aunque se han logrado algunos avances dirigidos a atajar la corrupción, estos han sido insuficientes y los cuestionamientos sobre el mal uso de los fondos públicos continúan en aumento. No cabe duda de que debemos hacer más y tenemos que hacerlo mejor. Nuestros esfuerzos exigen instituciones más fuertes y un respeto fundamental del estado de derecho. De cara al futuro es imperativo fortalecer los procesos de compras, subastas y adquisiciones, mejorar la gestión de la contratación, ampliar el uso de los datos y la tecnología de información y fortalecer el sistema judicial para prevenir y combatir la corrupción, propiciar la restitución de activos y desalentar la impunidad.
La asignación extraordinaria de fondos públicos federales y estatales otorgados a entidades públicas, privadas y sin fines de lucro para atender la crisis pandémica, los huracanes y los terremotos exige fortalecer la transparencia de las operaciones y el uso de los fondos asignados a estas entidades y fortalecer la legislación que establece la obligatoriedad de informar sobre su estructura, capacidad de gestión en sus operaciones, uso de los fondos que reciben, la obligatoriedad de sus informes contables, la calidad de su actuación y los servicios que prestan a la ciudadanía.
Es evidente que la falta de transparencia y la negligencia en los procesos de contratación, compras y subastas sigue propiciando desconfianza y soluciones temporales que obstaculizan el proceso de transformación del país. Asimismo, los crecientes cuestionamientos de negligencia y falta de fiscalización en la otorgación de fondos para atender la emergencia durante la pandemia y los huracanes son preocupantes y alertan sobre la necesidad apremiante de fortalecer los procesos de contratación y otorgación de fondos públicos y la fiscalización para no replicar las malas prácticas y los vicios de administración que hemos visto en las pasadas décadas.
La negligencia en los procesos de otorgación de fondos y la falta de supervisión y fiscalización exige reafirmar que cuando el Estado otorga fondos públicos para financiar causas sociales y comunitarias, establece la obligatoriedad de que las instituciones receptoras de estos fondos sean transparentes en el uso de los dineros públicos y los donativos privados que reciben y rindan cuentas sobre sus operaciones. Por su parte, el gobierno viene obligado a supervisar y fiscalizar el uso prudente de los fondos otorgados con parámetros claros y de acuerdo con los estándares aceptados internacionalmente.
Es evidente que la corrupción es la principal preocupación de los ciudadanos, posicionándose a la par del deterioro de la economía, la falta de oportunidades de empleo y la movilidad social; de la desigualdad y la pobreza y de la erosión de los valores sociales. Por ello, urge mejorar la gobernanza y la transparencia gubernamental y de las instituciones que prestan servicios y reciben fondos públicos para avanzar en el fortalecimiento su reputación, la confianza y la credibilidad de su gestión en beneficio de la sociedad.
En una coyuntura abrumadora de cuestionamientos y denuncias de corrupción que afecta a todo el espectro de la sociedad -gobierno, empresas y entidades sin fines de lucro- la transparencia y la rendición de cuentas debe ser el principio rector de la buena gobernanza en la gestión institucional dado que aumenta la credibilidad y confianza de las organizaciones ante la sociedad, posibilita la autorreflexión, mejora la gestión interna, constituye una forma de aprendizaje institucional sobre índices para medir transparencia y estandarizar buenas prácticas, y permite establecer redes de apoyo con otras organizaciones. La fiscalización debe ser un mecanismo participativo, democrático y dinámico para controlar, mejorar, modificar, incentivar y, en última instancia, sancionar el incumplimiento en su ejecución.
En esta instancia, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y un grupo de entidades colaboradoras han venido reclamando que los gestores gubernamentales, los partidos políticos y el sector empresarial lleguen a un consenso coherente e inteligente contra la corrupción basado en datos que permita corregir y encausar la grave situación y la alarma social existente. Ante la incapacidad de los políticos de llegar a un acuerdo para alcanzar un pacto general en pro de la transparencia y la integridad pública para prevenir, combatir y penalizar la corrupción en beneficio del bien común de la sociedad, el Centro de Gobernanza ha propiciado la formalización de acuerdos y convenios con varias entidades representativas de la sociedad mediante la firma de un Compromiso pro-transparencia e integridad y contra la corrupción.
Es importante subrayar que los esfuerzos para prevenir, combatir y penalizar la corrupción están estrechamente vinculados con el cumplimiento del estado de derecho, la consolidación de la seguridad y la creación de prosperidad y el bien común de nuestra sociedad. En este sentido, los esfuerzos por emprender deben estar dirigidos a propiciar:
- La coherencia y la colaboración transversal de las instituciones encargadas de prevenir la corrupción.
- La coordinación de políticas públicas coordinadas y eficaces contra la corrupción.
- La transparencia y el acceso a la información de carácter público y la simplificación de los procesos gubernamentales.
- La adopción de sistemas transparentes de selección, desarrollo y retención de los funcionarios públicos basados en el mérito, la equidad y la aptitud.
- El establecimiento de sistemas apropiados de contratación pública y gestión de la hacienda pública para aumentar la transparencia institucional.
- La integridad, transparencia y rendición de cuentas en el proceso electoral
- La promoción de valores éticos como la transparencia, la integridad y la honestidad en el sector público y privado mediante el establecimiento y cumplimiento de normas y códigos de conducta.
- La eliminación de privilegios e inmunidades de funcionarios como detonador de la impunidad.
- La participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales y la promoción de la rendición de cuentas.
- La involucración activa y el fomento de la participación de personas y grupos de la sociedad.
- Las reformas requeridas para atender las debilidades del sistema judicial para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
Es hora de actuar con transparencia, integridad y responsabilidad y de generar respuestas firmes y categóricas contra la corrupción y redoblar la determinación de combatirla. El principio fundamental del bien común de la sociedad y la protección del interés público no puede ser sustituido por el lucro sin fin y las prácticas malsanas que le restan posibilidad de prosperidad y bienestar a la sociedad.
Mayo 2023
