Titulares:
  1. REPARAR LA FRACTURA DE LA GOBERNANZA Y EL AUMENTO DE LA CORRUPCIÓN: "El buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general…
  2. FUNDAMENTAL PRESERVAR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE EXPRESIÓN Y PRENSA: "El llamado a la ciudadanía es a aprender a identificar los contenidos no veraces que recibe a través de su teléfono y evitar reproducir datos por las redes sociales que no hayan sido verificados por fuentes fidedignas. Es responsabilidad de todos y todas que la información que compartimos sea fiable." Por:…
  3. TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN PARA POTENCIAR LA GOBERNABILIDAD: "Frente a la actual coyuntura es evidente que nuestra sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información para generar conocimiento e innovar para transformar su realidad." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Para ver el ensayo en PDF oprima aqui Es evidente que hay una…
  4. TRANSPARENCIA Y CAPACIDAD DE GOBERNANZA PARA ENFRENTAR LA PERPLEJIDAD: "El espíritu crítico de la sociedad con relación al funcionamiento de las instituciones y su capacidad de atender los problemas complejos debe transformarse en acciones concretas para combatir la corrupción y promover el bien común de la sociedad." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí…
  5. ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL: Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "En este momento excepcional, encausar la salida de la crisis económica, fiscal y social que vivimos requiere una combinación de sacrificios, reducir significativamente la deuda y formular presupuestos abiertos para viabilizar una inversión en mejores condiciones y con el…

REPARAR LA FRACTURA DE LA GOBERNANZA Y EL AUMENTO DE LA CORRUPCIÓN

“El buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general en forma ágil y con responsabilidad fiscal.”

Por: Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa


Oprima aquí para ver el ensayo en PDF

El sector público se enfrenta a retos monumentales en los próximos años como consecuencia de un entorno extraordinariamente retador y complejo. La gobernanza pública se ha venido fracturando aceleradamente de varios modos. Crece la incertidumbre y los riesgos de todo tipo (económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales, tecno-lógicos). El universo de actores cada vez es más fragmentado. La sociedad envejece, es más exigente y está más polarizada.

Los desafíos político-administrativos, sociales y económicos que enfrenta nuestra frágil democracia exigen romper con las malas prácticas de gobierno de las últimas décadas. Para atender estos retos, es esencial contar con una conciencia pública educada para reconocer y atender los problemas estructurales que nos afectan y con la voluntad política necesaria para formular políticas públicas y asignar recursos suficientes. Asimismo, es necesario que las instituciones tengan capacidad de gestión para integrar los esfuerzos de reforma y generar resultados para el bien común. Más que un cambio de partidos políticos se trata de una transformación de la forma de hacer gobierno.

La gobernanza pública es considerada sincrónicamente un proceso o forma de gobernar y un instrumento de gobierno. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea que para alcanzar la superación de los resultados esperados en el proceso de gobernar es necesario superar las deficiencias en los procesos de formulación e implantación de la política pública; el cuestionable nivel de transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la reducida coordinación entre las agencias gubernamentales y el escaso grado de inclusión de los diversos sectores y actores de la sociedad. Para que los resultados de la gestión pública redunden en programas y servicios públicos ágiles, de calidad y que tengan impacto en los resultados es impostergable articular un proceso de gobernanza pública vinculando los principios de planificación estratégica y los fundamentos de la gobernanza pública.

Todos somos conscientes de que el entorno en la gobernanza de los asuntos públicos como en la economía han estado cambiando aceleradamente en la última década y la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia-Ucrania lo han acelerado. En este contexto, el entorno de incertidumbre y cambios disruptivos y la falta de transparencia se consideran elementos esenciales de buen gobierno que conducen a la asignación más eficiente de los recursos gubernamentales y la prevención de la corrupción, por tanto, a un mayor crecimiento económico. Asimismo, es un componente esencial para generar confianza en el gobierno y favorece el derecho a la información.

En este contexto, la gobernanza pública comprende la formulación, la ejecución y la evaluación de reglas, procesos e interacciones formales e informales- entre las instituciones y los agentes que componen el Estado, y entre el Estado y los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y de otros agentes no estatales- que enmarquen el ejercicio de la autoridad pública en beneficio del interés público y una toma de decisiones que permita una adecuada anticipación y detección de problemas y que, en respuesta, sustente el incremento de la prosperidad y del bienestar general de la sociedad.

El gobierno tiene la responsabilidad social de formular y administrar la política pública y gestionar la función pública de manera equitativa y justa. Por ello, en tiempos de gran turbulencia y crisis económica y social es vital vincular los principios fundamentales de la gobernanza pública y articular un sistema de planificación estratégica con visión y propósito para evitar duplicidad y redundancia en la generación de respuestas a la diversidad de problemas que enfrentamos como sociedad; maximizar el uso de los recursos disponibles y garantizar el desarrollo de programas y servicios de manera efectiva y eficiente.

El reto de generar respuestas para la mejora de la gobernanza

El sector público es parte fundamental de cualquier sociedad democrática. De él dependen servicios básicos muy apreciados por los ciudadanos como son la educación, la sanidad, los servicios sociales o los transportes. También es una pieza clave para garantizar derechos fundamentales como son la justicia, la seguridad o la libertad. Y no podemos olvidar que es un actor central en el impulso del desarrollo económico y la competitividad de los territorios, ambos necesarios para una mayor riqueza, progreso y bienestar de los ciudadanos que los forman. En definitiva, el sector público tiene una función social, política y económica consistente en generar un verdadero valor público que se acumule como patrimonio transformador de la sociedad.

La administración pública debe redefinir su misión para dar respuesta a unas demandas sociales que van por delante en la próxima década. Tendrá que ponerse al servicio de la sociedad, y no estar la sociedad a su servicio. Deberá centrarse en lo básico, servicios que garanticen derechos y que difícilmente el mercado pueda ofrecer. Deberá proporcionar estabilidad, seguridad y continuidad en situaciones de incertidumbre. Tendrá que reconvertir el músculo actual en más inteligencia. Deberá ser sostenible y facilitar el desarrollo económico y social. Habrá de ir por delante e incorporar una serie de atributos como proactividad, flexibilidad, inteligencia, humildad, amabilidad, responsabilidad, sostenibilidad, sencillez, diversidad o accesibilidad.

La administración pública en las pasadas décadas ha estado subordinada al ámbito político, y la transparencia y la lucha anticorrupción han sido manejadas desde plataformas puramente partidistas y mediáticas. El abordaje de estos temas desde la retórica partidista ha probado ser poco útil y efectivo para institucionalizar políticas públicas de transparencia y buen gobierno de corto, mediano y largo plazo. Por lo general, después de los seis meses de gobierno los gobernantes se distancian de las promesas electorales y comienzan a actuar para su reelección y no para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

Por el contrario, la realidad económica y social que vivimos hace imperativo gestar una nueva forma de gobernar. A diferencia de épocas pasadas en las que las soluciones surgieron de la clase política que luego se responsabilizó por gobernar a la altura de los tiempos, en esta ocasión este sector se ha convertido en el problema. Hoy día el quehacer de lo público no se trata solo de acciones gubernamentales, sino de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia, con derechos y responsabilidades de todos los implicados para satisfacer las necesidades de la sociedad.

Sabemos bien que las sociedades son espacios de pluralidad, diversidad, antagonismo y conflicto. Las crisis sociales, económicas y ambientales vividas en tiempos recientes han demostrado de manera contundente la facilidad con la que las cosas pueden fallar. Pero también, ofrece la oportunidad de volver a construirlas mejor y más fuertes. Es evidente que las crisis recurrentes que hemos vivido han permitido visibilizar diáfanamente las brechas y los fracasos en la formulación e implantación de las políticas públicas adoptadas en las pasadas décadas.

La insatisfacción de los ciudadanos con las respuestas generadas para satisfacer las necesidades esenciales de la población en ámbitos tales como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura ha fracturado la confianza en el gobierno. Asimismo, es reconocido que la opacidad y la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones ha propiciado un incremento en la corrupción. Estas fracturas han generado nuevas líneas de acción y ejes de conflicto que debemos afrontar con una estrategia de planificación reflexiva y deliberativa de vanguardia. Una brecha no es simplemente una tensión que se resuelve con una transacción o un acuerdo, sino una ruptura profunda, una herida para la que no parece haber sanación.

El desafío que supone transformar la administración gubernamental es algo ineludible. La desigualdad avanza a la par que el descrédito y la confianza en las instituciones. La fisonomía de la gestión pública se ve alterada. La tecnología de la información evoluciona aceleradamente causando cambios disruptivos. Y la corrupción es el tsunami que está detrás de gran parte de estos fenómenos. La necesidad de acortar la distancia entre un entorno que cambia a ritmo vertiginoso con un sector público construido bajo premisas de estabilidad, la importancia del buen gobierno para la economía y el empleo y su relevancia social son razones más que suficientes como para pensar que, ahora más que nunca hay que regenerar la gobernanza.  

Enfrentar los desafíos de la corrupción

La corrupción constituye el principal problema para el buen funcionamiento del gobierno. La corrupción, entendida como el abuso del poder delegado por el Pueblo en detrimento del interés colectivo, entraña un mal sistémico que opera a favor de intereses particulares y no en favor del interés público y el bien común. Más aún, la corrupción toma muchas formas y se manifiesta en distintos ámbitos de la vida pública afectando de manera directa a los ciudadanos.

En este contexto, podemos afirmar que Puerto Rico viene enfrentando un problema de corrupción sistémica. La transparencia y la integridad de lo público no han sido las virtudes que han distinguido la generación de políticos, funcionarios públicos y empresarios de las pasadas décadas. Esta realidad puntualiza la necesidad de que los partidos políticos y las administraciones gubernamentales consideren la corrupción como un asunto de precariedad de la gobernabilidad y de claro interés social.

El problema central de la corrupción en los gobiernos es que plantea dilemas de gobernanza para los políticos. Los efectos de la corrupción y el tráfico de influencias tienen un amplio alcance ya que afectan las decisiones y los servicios públicos que presta el gobierno a la población. Estas redes de influencia utilizan pagos ilegales (sobornos y empleados fantasmas), pero también construyen redes de influencia a través de pagos legales (donativos a partidos políticos o empleo de amigos y familiares).

La buena gobernanza pública es considerada un antídoto para la corrupción. Al analizar este fenómeno la literatura académica coincide en señalar que si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten y las personas que la fomentan. Entre las causas principales se destacan las siguientes:

  • Un sistema ineficiente de gobernanza que la fomenta al no ejercer los controles necesarios sobre los actos de los funcionarios públicos.
  • La politización de la administración pública en su expresión clásica de partidocracia, entendida como el manejo de lo público en función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político que se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a los activistas de un partido.
  • La opacidad de la Información. El manejo oculto de la información pública que genera un ambiente propicio para la corrupción.
  • La impunidad. Los responsables de actos de corrupción no son castigados conforme a las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad.
  • La falta de sanciones y consecuencias, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción siga creciendo. Una escala distorsionada de valores. Se ha perdido el sentido de la búsqueda del bien común. La actividad política sólo se considera como un medio para lograr el enriquecimiento rápido y fácil, sin importar cómo.

En este sentido, los resultados de los estudios de investigación académica del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa confirman la apremiante necesidad de mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades institucionales. La alternancia política de las pasadas décadas no se tradujo en una mejora en la calidad de la gobernanza. Los hallazgos de las investigaciones puntualizan que la débil gobernanza, la negligencia en la administración de los recursos públicos y la falta de transparencia en la gestión gubernamental y su relación con los pobres resultados gubernamentales, la insatisfacción de los ciudadanos con su gobierno, el deterioro de la confianza de la gente en sus instituciones y la corrupción generalizada son asuntos impostergables por atender con premura.

Reflexiones Finales

Trascender el espiral vicioso de una gestión pública fallida que no logra la satisfacción de las necesidades de la sociedad nos obliga a plantearnos la urgencia de desarrollar procesos deliberativos, inclusivos y reflexivos de planificación y gestión estratégica y romper las barreras de una administración gubernamental centralizada y atomizada que propicia la corrupción. Más aún, es impostergable una ruptura con los procesos decisionales que son influidos por el clientelismo político- partidista. Los planes de acción a emprender deben ser audaces y ambiciosos y atender áreas transversales tales como: abordar las desigualdades sistémicas; propiciar la movilidad social; promover la transparencia y la rendición de cuentas; combatir la desinformación y fortalecer las redes de comunicación y generar confianza para facilitar y enriquecer la toma de decisiones y la distribución prudente de los recursos disponibles.

El tipo de gobierno que requiere la sociedad de nuestros tiempos requiere una mirada amplia, visión de conjunto, nuevas capacidades institucionales y una nueva cultura de gobernanza pública con agilidad estratégica. Para encaminar esta transformación es necesario adherirse a los principios de buen gobierno e instituir la transparencia, la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas y la inclusión de todos los sectores de la sociedad en favor del interés público.

Contrario a épocas pasadas, la acción de gobernar en nuestros tiempos es un proceso interactivo, en el que fluyen nuevas fuerzas, nuevos espacios de articulación y colaboración para trabajar en redes. Ningún actor, público, privado o ciudadano, tiene las capacidades, los conocimientos o recursos suficientes para resolver por sí solo los problemas de la sociedad. Esta realidad puntualiza la interdependencia entre las instituciones y actores que intervienen el proceso de gobernanza de los asuntos públicos. Es por ello que la gobernanza trae al terreno de juego una nueva forma de relaciones entre lo público, lo privado, lo no gubernamental y los ciudadanos.

En suma, el buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general en forma ágil y con responsabilidad fiscal. En este nuevo contexto a la ciudadanía le corresponde asumir un papel activo en la solución de los problemas y fiscalizar al gobierno. El sector privado debe generar actividad económica, riqueza, crear empleos, hacer inversión social y asumir la responsabilidad por la prestación de aquellos servicios que el gobierno no tiene la capacidad de prestar y costear.

Junio 2022

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