“Para fortalecer la capacidad y elevar la calidad del desempeño del gobierno es necesario desarrollar una auténtica hoja de ruta que permita mejorar las capacidades de gobernanza y desarrollar verdaderas políticas de transparencia de una forma racional y eficiente que garantice la rendición de cuentas por los resultados de la gestión gubernamental y maximice el uso prudente y focalizado en prioridades de recursos fiscales escasos.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Oprima aquí para ver ensayo en PDF
En Puerto Rico no podemos continuar aceptando lo habitual como cosa natural. El desarrollo y la implantación de las reformas requeridas para transformar el País esta tan fracturado y es tan disfuncional que resulta desalentador. En décadas recientes se observa que la clase política en Puerto Rico, al igual que muchos países a nivel mundial, ha sufrido un gran desgaste y está desprestigiada, no articulan proyectos políticos convocantes, no logran resultados para satisfacer las necesidades de la población y sus dirigentes concentran cada vez mayor poder en sí mismos y no en sus constituyentes. Además, su financiamiento no es transparente y no cumplen su función social. La falta de transparencia y el aumento vertiginoso de la corrupción ha ocasionado la pérdida de confianza de los ciudadanos en el gobierno. Los escándalos recientes claramente muestran que la corrupción debe contrastarse con una verdadera reforma institucional y del marco jurídico que atienda la disuasión y ponga fin a la impunidad de las personas con conexiones políticas.
En este contexto, los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza por los pasados diez años revelan que, en un momento extremadamente difícil para Puerto Rico debido a las debilidades de la gobernanza, el deterioro institucional y el aumento de la corrupción es inaplazable fortalecer la gobernabilidad, regenerar la gobernanza y mejorar la capacidad institucional. Asimismo, las investigaciones del Centro de Gobernanza plantean que la pandemia del coronavirus ha traído consigo grandes desafíos a la gobernabilidad y la integridad pública, lo que demuestra que para mitigar y afrontar mejor el futuro es impostergable atender la ausencia de transparencia que propicia que la corrupción prospere durante eventos catastróficos.
La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social. Este problema no puede ser abordado por un solo actor de la sociedad. La acción colectiva es esencial para avanzar en la transparencia y la integridad pública y lograr la mejora de la gobernabilidad y el bien común. Todos los grupos de interés deben actuar colectivamente para hacer frente a la corrupción de manera eficaz.
Es reconocido que la transparencia aumenta la probabilidad de detectar la corrupción. Además, reduce la probabilidad de comportamientos corruptos porque disminuye la barrera del acceso a la información, de modo que facilita el escrutinio y el monitoreo de la gestión pública. La transparencia también disuade los actos de corrupción al aumentar las posibilidades de identificar los agentes corruptos. Por ello, el Centro de Gobernanza ha unido esfuerzos con varias instituciones para exigir al gobierno un compromiso de transparencia e integridad pública.
La reforma del sistema energético
En lo relativo al sistema energético, en la percepción pública existe consenso de que la crisis del sistema eléctrico de Puerto Rico es consecuencia de la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción. En el contexto energético, la transparencia gubernamental se refiere a la capacidad de las instituciones públicas de dar a conocer públicamente información, datos, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la gestión, uso y conservación de los recursos de energía.
El acceso a la energía es un derecho que permite a su vez acceder a otros derechos y está directamente relacionado con una mejor calidad de vida y la reducción de la pobreza. El sector energético es estratégico para el desarrollo económico y social. La energía es un insumo fundamental para todos los sectores de la sociedad, necesaria para la producción de prácticamente todos los bienes y servicios, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, la competitividad y el crecimiento económico.
Hoy el sector energético sufre de poca transparencia contractual, auditorías poco efectivas, pobres resultados y una rendición de cuentas deficiente. El deterioro y las debilidades en la gestión energética han tenido efectos graves como: negociaciones inequitativas entre el sector público y el sector empresarial, el cobro ineficaz de ingresos, aumento innecesario en tarifas, desvío y mal uso de los recursos públicos por parte del gobierno, opacidad en los datos y falta de transparencia en la información que proporcionan a la ciudadanía en relación a los contratos, subastas, licitaciones e ingresos provenientes del sector energético provocando que la ciudadanía no pueda involucrarse en la evaluación y fiscalización de los procesos y la gestión por falta de información.
La reciente discusión pública relacionada con la aprobación de la legislación y el proceso para la contratación y la firma del acuerdo con Genera PR para la privatización de la generación del sistema eléctrico vuelve a causar cuestionamientos e interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos decisionales del gobierno en la formulación de legislación y políticas públicas gubernamentales. Al igual que en el proceso de contratación para la transmisión y distribución de energía otorgado a Luma Energy, la prensa y la discusión de las vistas públicas en la legislatura advierten que la influencia de las empresas y los grupos de interés que mantienen el monopolio en el sector energético aparentan haber capturado nuevamente el proceso de formulación de la legislación, la selección y la contratación del proveedor a su favor.
La captura del estado y la economía es un tipo de corrupción política sistemática en la que los intereses privados influyen significativamente en los procesos de toma de decisiones. Esta modalidad de corrupción se refiere a la forma en que los funcionarios gubernamentales, las empresas respaldas por el estado, las empresas privadas y/o los ciudadanos particulares manipulan los procedimientos formales, como la formulación y aprobación de leyes y normas sociales y la burocracia gubernamental para influir en las políticas públicas y leyes estatales a su favor y proteger y promover a los actores influyentes y sus intereses.
Es evidente que, en las pasadas décadas, numerosos casos de corrupción han deteriorado la administración pública y han impactado adversamente la imagen de los gobiernos de turno. A modo de ejemplo los actos de corrupción y las acusaciones del chat de Telegram del 2019, que surge nuevamente en el caso del empresario Sixto Jorge Díaz Colón también conocido como Sixto George, revela los intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes y la reglamentación del estado, las políticas y la gestión pública.
Asimismo, hemos visto la proliferación de los casos de corrupción en deterioro del interés público y la vinculación del sector empresarial privado en los esquemas de corrupción en los municipios, la legislatura y varias agencias gubernamentales que culminaron en los arrestos y acusaciones de los empresarios Oscar Santamaría de Waste Collection y Mario Villegas y Raymond Rodríguez de JR Asphalt y Anaudi Hernández, gestor de esquemas de fraude en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Administración de Derecho Laboral (ADL) y en la Cámara de Representantes por el cual 11 personas encararon la justicia; los esquemas de fraude y los arrestos en el Departamento de Educación y Whitefish; y los incidentes para la adquisición fraudulenta de pruebas de COVID 19, son ejemplos de la larga lista de casos de corrupción que han incrementado en momentos de crisis de los huracanes, terremotos y la pandemia.
Se percibe que los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos de corrupción lo han hecho evidente porque han llegado a las estructuras y figuras de poder más altas del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales- la señal más contundente de lo que es un estado fallido. Esta disfuncionalidad en las prácticas de gobernanza y gestión de lo público recompensa las conexiones más que la competencia, y la influencia más que la innovación y se alimenta de la inversión privada en la política lo que debilita el estado y atenta contra el interés público y el bien común de la sociedad.
Reflexiones finales
Ante este panorama perverso, es impostergable romper con el círculo vicioso, en el cual las reformas del estado de derecho y de las políticas públicas e institucionales necesarias para mejorar la gestión de gobierno se ve obstaculizado entre empresas poderosas y funcionarios públicos o líderes políticos que cosechan beneficios y ganancias si se mantiene la administración deficiente.
El Centro de Gobernanza plantea que la corrupción se combate con transparencia, capacidad y competencia. La falta de transparencia y la permisividad con la corrupción continúa impidiendo la búsqueda de respuestas a los diversos y complejos problemas que afectan la sociedad. Hay que romper con la demagogia política y la propaganda mediática.
Para fortalecer la capacidad y elevar la calidad del desempeño del gobierno es necesario desarrollar una auténtica hoja de ruta que permita mejorar las capacidades de gobernanza y desarrollar verdaderas políticas de transparencia de una forma racional y eficiente que garantice la rendición de cuentas por los resultados de la gestión gubernamental y maximice el uso prudente y focalizado en prioridades de recursos fiscales escasos. El LLAMADO ES A LA ACCIÓN.
Febrero 2023
