Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Ante la realidad de un entorno creciente de complejidad e incertidumbre observamos una fractura entre lo que la sociedad y los ciudadanos demandan y lo que el gobierno y los gobernantes ofrecen y gestionan. Este desfase le resta confianza y credibilidad al quehacer de lo público.
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La erosión de la gobernabilidad que vive Puerto Rico hace décadas se ha visto agravada por las polémicas político- partidista que se han convertido en habituales y se han apoderado de la forma de gestionar el gobierno ocasionando un desgaste progresivo en todos los niveles de la gestión pública. La menguada mayoría del mandato para gobernar recibido por los gobernantes en tiempos recientes continúa incrementando los problemas de gobernabilidad.
Es evidente que el momento actual protagoniza una nueva configuración de lo social. En este contexto, más allá de los líderes coyunturales que ocupan el centro de la arena política y las causas de la erosión de la confianza ciudadana, tenemos que ser capaces de exigir que los gobiernos de turno asuman su responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas y generar resultados en beneficio de la sociedad que es en esencia la razón por la que el pueblo los eligió para gobernar. En consecuencia, la gobernanza pública surge como la forma para encaminar la solución a las deficiencias institucionales y las profundas fracturas del sistema político que puede llevarnos a la parálisis social y el colapso económico.
Ante la realidad de un entorno creciente de complejidad e incertidumbre observamos una fractura entre lo que la sociedad y los ciudadanos demandan y lo que el gobierno y los gobernantes ofrecen y gestionan. Este desfase le resta confianza y credibilidad al quehacer de lo público. Esto no es solo una fractura causada por intereses encontrados y carencia de voluntad, sino que vemos también, que es una desconexión entre la capacidad de gobierno y la complejidad de los problemas de gobierno. Y la pregunta es si el interés de mantener la opacidad, el secreto y la falta de transparencia en el proceso tradicional de gobernar, un interés compartido por algunos políticos y la burocracia del gobierno puede sostenerse ante un entramado de necesidades y demandas sociales cada vez más diversas, dinámicas y crecientes.
El cambio que estamos viviendo es tan significativo que enfrentarlo ya no es un simple problema incremental sino un cambio de paradigma. El deterioro en la gestión de los asuntos públicos ha impactado negativamente prácticamente todos los servicios públicos y la calidad de vida de la población como hemos visto en tiempos recientes en el aumento de los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y de otra índole. Más aún, hemos visto que el aumento en la incidencia en los casos de corrupción en épocas de crisis por los huracanes, los terremotos y la pandemia continúan atentando contra el acceso a los servicios y a las oportunidades de empleo y el desarrollo económico.
A estos desafíos se le suma la falta de comprensión o de conocimiento sobre las causas y el impacto de dichos cambios. El desgaste del tejido social y los problemas económicos y sociales que encaramos relacionados con la aceleración de los cambios demográficos el deterioro de la educación, las deficiencias en la gestión energética, la falta de acceso a vivienda, la corrupción generalizada y el aumento en la tasa de crímenes y violencia exige unir voluntades y talentos y atrevernos a transformar estructuras y paradigmas en favor del bienestar de la sociedad.
Es perceptible que persiste una forma de gestionar lo público y hacer política caracterizada por la intromisión indebida entre poderes públicos -ejecutivo, legislativo y judicial- y la gestión de intereses de manera opaca entre ellos mismos. La fractura en la separación de poderes que arrastramos hace décadas ha debilitado seriamente su independencia y la rendición de cuentas horizontal que deberían ejercer entre ellos. Es decir, el control que debería ejercerse entre unos y otros ha sido reemplazado por un sistema transaccional en el cual las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo se resuelven con la asignación opaca de recursos y cargos públicos, y los mecanismos de control para la designación de funcionarios en altos cargos ejecutivos y los nombramientos de empleados en oportunidades para tramitar favores e intereses desde el ejecutivo y el legislativo hacia el sistema de justicia. A esto se suma la designación en muchas instancias politizada de los ejecutivos y directivos, tanto a nivel estatal y municipal como legislativo y judicial, así como los persistentes riesgos de corrupción que enfrentan estas instituciones.
Más aún, los ciudadanos perciben que las instituciones públicas se enfrentan a una crisis de confianza en un momento en que son más necesarias que en otros tiempos para abordar nuestros desafíos comunes y construir una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. La confianza de los ciudadanos en el gobierno es un pilar democrático transversal para la gobernabilidad. Los valores y principios de la sociedad, centrado en las personas que los compartimos y los ponemos en práctica, deben reflejarse en más transparencia, rendición de cuentas e inclusión. Asimismo, estos principios en la práctica deben permitir la reducción de la corrupción, la elaboración de políticas públicas participativas y la innovación en la prestación de servicios. Este conjunto de medidas debe contribuir a restablecer la confianza pública y a lograr posibilitar la visión transformadora que requiere el país.
Una de las dificultades actuales que enfrenta la buena gobernanza es que los ciudadanos están perdiendo la confianza en la capacidad de los gobiernos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en una era de la incertidumbre y crisis recurrente. En las pasadas décadas los gobiernos de turno han gestionado el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones lo que ha resultado en un pobre manejo de los recursos y en la falta de provisión de servicios públicos de calidad para atender las necesidades y hacer realidad los sueños y aspiraciones de nuestra gente. Los estilos adversativos y la falta de transparencia han menguado la capacidad de diálogo constructivo que genera innovación y fortalece la toma de decisiones y el análisis de los riesgos.
Cuando la confianza pública en el gobierno es baja, los ciudadanos se muestran apáticos y renuentes a participar en los procesos de gobierno. Esto debilita la cohesión de la sociedad y su capacidad de abordar con eficacia los objetivos comunes, como el desarrollo. Por lo tanto, la confianza es un requisito previo esencial para el fortalecimiento de la capacidad de gobernar y el trabajo colectivo entre diversos sectores de la sociedad, como base de la cooperación social y el logro de las aspiraciones y metas colectivas de un País.
En esta instancia, la buena gobernanza emerge como una condición indispensable para atender la realidad social y para editar los procesos de fragmentación que se manifiestan como consecuencia de las dinámicas individualistas y de confrontación de intereses que generalmente caracterizan a toda sociedad, por lo que las decisiones y las acciones de gobierno deberán ser el resultado de procesos inclusivos y participativos donde la colaboración desempeñe un papel protagónico en pro del bienestar colectivo y no de intereses particulares propiciado por el inversionismo político-partidista.
La complejidad y los cambios, contrario a lo que se creía en antaño, son fuentes de innovación para atender los desequilibrios y renovar los procesos. Esta perspectiva apunta a la revisión y renovación de la visión tradicional de gestionar el gobierno y plantea nuevas interrogantes y asuntos a tener en cuenta. Ya no es un asunto de fortalecer sino de reconfigurar el rol del gobierno y los partidos políticos para elevar su capacidad de gestionar lo público en un entorno creciente de complejidad e incertidumbre. La complejidad de los cambios debe permitirnos pensar, entender y cambiar el modelo de gestión pública desde otro paradigma.
El manejo de la elevada complejidad para responder con eficacia y responsabilidad a los serios problemas sociales que nos aquejan plantea desafíos de priorización, coordinación e integración para producir los resultados que demanda la sociedad. Para avanzar en la articulación de un ecosistema de buena gobernanza pública que genere resultados en beneficio del bien común de la sociedad, se necesita compromiso, voluntad y nuevas capacidades en todos los niveles de la gestión gubernamental gobernanza y hacer que las instituciones sean más eficaces, inclusivas y responsables. Abordar estos desafíos complejos requiere una nueva articulación de la sociedad y de nuevos enfoques de gestión y alianzas entre el gobierno y todos los actores de la sociedad.
Para avanzar en la articulación de un ecosistema de buena gobernanza pública que genere resultados en beneficio del bien común de la sociedad, se necesita compromiso, voluntad y nuevas capacidades en todos los niveles de la gestión gubernamental y hacer que las instituciones sean más eficaces, inclusivas y responsables. Mejorar la gobernabilidad implica que la ciudadanía considera que el marco institucional provee seguridad, mejores condiciones económicas y resultados contundentes contra la impunidad. Abordar estos desafíos complejos requiere una nueva articulación de la sociedad y de nuevos enfoques de gestión y alianzas entre el gobierno y todos los actores de la sociedad.
En esta instancia, la única forma de reducir a largo plazo y de manera sostenible los problemas sociales que nos afectan exigen mejorar la formulación de las políticas públicas, regenerar la gobernanza, combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer el estado de derecho e invertir en la educación. Por ello, las políticas públicas dirigidas a enfrentar los complejos problemas sociales que encaramos deben abordar las causas tanto a nivel macro (el desempleo, la desigualdad y la pobreza, las incongruencias del estado de derecho, y la presencia del crimen organizado), así como las características sociodemográficas a nivel individual (la edad, la raza y la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad). Las intervenciones dirigidas y eficientes requieren una comprensión integral de la escala de los problemas y sus diversas causas, lo cual es esencial para garantizar que las metas dirigidas a elevar la calidad de vida sean alcanzables.
El definir bien las políticas y su buena ejecución mejora la gobernabilidad fortalece la democracia, en el entendido de que se propicia el bienestar de la sociedad. Por ello, las políticas públicas dirigidas a enfrentar los complejos problemas sociales que encaramos deben abordar las causas tanto a nivel macro (el desempleo, la desigualdad y la pobreza, las incongruencias del estado de derecho, y la presencia del crimen organizado), así como las características sociodemográficas a nivel individual (la edad, la raza y la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad). Las intervenciones dirigidas y eficientes requieren una comprensión integral de la escala de los problemas y sus diversas causas, lo cual es esencial para garantizar que las metas dirigidas a elevar la calidad de vida sean alcanzables.
Para adelantar la agenda de bienestar colectivo y prosperidad para construir el Puerto Rico que queremos es impostergable trabajar de manera colaborativa y complementaria, en las prioridades colectivas que ya tenemos claras, no podemos seguir cancelando esfuerzos por buscar protagonismos. De igual forma hay que terminar con la competencia superficial destructiva y sustituir el modelo de reflexión y debate político partidista – que en este momento se manifiesta de conflicto, dicotomías y polarizaciones – por un modelo de diálogo deliberativo de verdadero respeto a las ideas y la búsqueda de consensos dirigido a la acción y los resultados.
El llamado es … a ser capaces de aprender las lecciones de las crisis que hemos vivido para generar la prosperidad compartida que nos debe mover a construir un mejor país. Para avanzar, es imperativo intensificar la involucración ciudadana, desarrollar las capacidades institucionales, potenciar la transparencia y la rendición de cuentas y trabajar con voluntad y compromiso para mejorar la gobernanza y prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
Septiembre 2023
