"La corrupción disminuye la confianza de ciudadanos, empresarios e inversores en sus políticos y funcionarios públicos. Por consiguiente, la falta de certeza en las determinaciones justas y equitativas del gobierno y la posibilidad de ser extorsionados por funcionarios inescrupulosos impide nueva inversión y la expansión de negocios existentes. Esto representa un enorme obstáculo al desarrollo económico y al logro de la prosperidad."
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Por: Rafael Durand Aldea, MBA
Investigador Principal
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
La semilla de la corrupción
La prolongada crisis fiscal, social y económica que experimenta Puerto Rico es el resultado de múltiples factores entre los cuales podemos señalar los siguientes:
1. La relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos como impedimento para solucionar los problemas apremiantes del País.
2. Una estructura gubernamental insensible e inconexa a las expectativas y necesidades de ciudadanos, empresarios e inversores.
3. La incapacidad del gobierno de proveer servicios esenciales a la ciudadanía, empresarios e inversores de manera organizada, a tiempo y con un alto nivel de calidad.
4. La carga insostenible de un monto de deuda pública que no necesariamente fue utilizada para el desarrollo de infraestructura y mejoras permanentes con miras a propiciar mayor competitividad.
5. La continuidad de un sistema económico dependiente de las dádivas y aportaciones del gobierno federal para atender las necesidades de aproximadamente el 60% de la población que vive bajo los niveles de pobreza y del comercio al detal (a diferencia de la producción, la manufactura y la exportación como principales ejes de un desarrollo económico sostenible).
6. La continua y constante gestión de los asuntos públicos de manera fiscalmente irresponsable por parte de los funcionarios electos con el aval complaciente de un gran número de ciudadanos.
7. Una operación gubernamental ausente de un verdadero proceso de análisis, planificación, cumplimiento y divulgación.
8. La formulación de políticas públicas y la toma de decisiones sobre asuntos medulares sin la involucración o conocimiento de los ciudadanos.
9. La renuencia de la clase política de Puerto Rico a adoptar una ley de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal con consecuencias claras para el funcionario que la incumpla.
Subyacente a estos factores podemos identificar la práctica habitual de la corrupción como uno de los principales elementos que nutre la resistencia al cambio. El Centro de Gobernanza define la corrupción pública como “… el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para un beneficio privado mediante el soborno, la extorción, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude y otras modalidades de conductas que atentan contra el bien común.”
La administración de los asuntos gubernamentales sin una efectiva involucración del ciudadano en todas las etapas procesales (formulación de políticas, planificación, presupuestación, financiación, contratación, medición de resultados y su divulgación) crea un medio ambiente fértil y propicio para la corrupción. Los actos de corrupción no se limitan a aquellos descritos en la definición general citada. Entre las otras modalidades de acciones corruptas podemos listar; la toma de malas decisiones por ser estas atractivas políticamente; los nombramientos a posiciones bien remuneradas a políticos derrotados e incompetentes; el nombramiento de personas afines al partido político sin las competencias necesarias para ocupar el puesto; los nombramientos de personas que laboran en las campañas políticas a puestos de confianza; la contratación de personas o empresas sin las cualificaciones necesarias para llevar a cabo la función encomendada; la contratación a sobre precio de personas o empresas cercanas al partido político en el poder por la única razón de haber aportado económicamente en el proceso eleccionario; el nepotismo disimulado (donde el funcionario #1 nombra la esposa, pariente o allegado del funcionario #2 a cambio de que el funcionario #2 nombre a la esposa, pariente o allegado del funcionario #1); el sobre estimar los ingresos del gobierno con el propósito de aumentar artificiosamente los gastos proyectados creando un espacio fiscal para la actividad corrupta; el tratar con preferencia los desembolsos a los aliados políticos y amigos en detrimento de las personas o empresas que prestan servicios legítimos; el desviar recursos fiscales destinados a usos legítimos en el presupuesto hacia actividades innecesarias con el fin de beneficiar a aliados o amigos ; autorizar el pago de salarios, bonificaciones o tiempo en exceso a empleados sin derecho a tales beneficios; utilizar la autoridad que le confiere un puesto público a un funcionario para patrocinar investigaciones de índole policiaco, contributivo o de cualquiera otra índole a adversarios políticos o a ciudadanos que desaprueban su gestión, entre muchas otras. Todos podemos señalar casos específicos ocurridos en Puerto Rico que se asemejan a las modalidades de corrupción antes descritas.
En la medida que los políticos y los funcionarios gubernamentales continúen resistiéndose y oponiéndose a dar paso a una ley de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal que incluya los elementos esenciales propuestos por las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales logran mantener vivos los espacios invisibles e inaccesibles al ciudadano y fértiles para la corrupción.
Los efectos dañinos de la corrupción
Los actos de corrupción realizados por funcionarios electos o nombrados en cargos públicos atentan contra los derechos del ciudadano a vivir en una sociedad equitativa, pluralista, respetuosa de sus leyes y con posibilidades de un desarrollo económico sostenible que encamine el País hacia la prosperidad. Numerosos estudios realizados por entidades internacionales señalan que los Países más exitosos a su vez son los que evidencian ser los líderes en la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, tienen altos niveles de respeto a sus leyes (“rule of law”) y gozan de una percepción de bajos niveles de corrupción por parte de la ciudadanía. Indican también estos estudios que los Países democráticos denominados “globalizados” (excluyendo el caso en particular de Singapur por su limitada democracia) demuestran tener gobiernos con ínfimos niveles de corrupción pública.
La corrupción disminuye la confianza de ciudadanos, empresarios e inversores en sus políticos y funcionarios públicos. Por consiguiente, la falta de certeza en las determinaciones justas y equitativas del gobierno y la posibilidad de ser extorsionados por funcionarios inescrupulosos impide nueva inversión y la expansión de negocios existentes. Esto representa un enorme obstáculo al desarrollo económico y al logro de la prosperidad.
Un ambiente falto de transparencia gubernamental (y su contrapeso de la rendición de cuentas) propicia la ocurrencia de actos de corrupción y la desconfianza ciudadana. Esta desconfianza ciudadana al pasar del tiempo se recrudece y se torna en una desconfianza generalizada entre los propios ciudadanos, empresarios e inversores que puede, a su vez, provocar daños sociales irreparables.
Frente a los más recientes eventos de corrupción de funcionarios públicos y políticos tenemos la obligación como ciudadanos, empresarios e inversores de tomar las acciones necesarias para eliminar este ambiente propicio para la corrupción.
¿Qué Hacemos?
La desconfianza entre ciudadanos, empresarios e inversores gestada por la falta de confianza hacia los políticos y funcionarios públicos a causa de los actos de corrupción es el primer asunto a atender. Los planteamientos provenientes de los sectores aliados a los partidos políticos sobre la necesidad de inculpar también al ciudadano, empresario o inversor que participa en el acto de corrupción puede parecer muy loable, pero olvida que la responsabilidad primaria de proteger los fondos públicos es del funcionario público. Es la persona llamada a rechazar todo intento de viabilizar un acto corrupto.
La confianza en el gobierno se recupera reduciéndole significativamente al político y al funcionario los espacios de acción ocultos al ciudadano. ¿Cómo encaminamos esto? Los Países más exitosos y que demuestran los más altos niveles de confianza en su gobierno (Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Holanda) desarrollaron un marco jurídico que obliga a políticos y funcionarios públicos a divulgar activamente toda la información pública sujeto a sanciones. El proceso de transparentar la información pública comienza con la divulgación de las políticas públicas, la propuesta presupuestaria detallada (con tiempo suficiente para el análisis del ciudadano), los planes anuales con los resultados esperados detallados y como estos alinean con las partidas del presupuesto, de donde provienen los recursos, los informes periódicos de resultados, los planes de cumplimiento, los nombramientos, salarios y beneficios, entre otros. Solo un País verdaderamente informado e involucrado en la gestión pública puede recuperar la confianza en sus políticos y funcionarios públicos.
Además de la aprobación de una ley de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal que cumpla con los parámetros establecidos internacionalmente se hace necesario tomar otras medidas señaladas por los organismos internacionales:
1. La manera en que se financian las campañas políticas en Puerto Rico crea el ambiente propicio para la corrupción. Reconociendo que estamos sujetos a legislación federal en materia de la financiación de los procesos electorales la cual perpetua y legaliza la involucración de grupos de interés, empresas y donantes se hace imperativo la divulgación, a tiempo, de los donantes a las campañas políticas, las cantidades aportadas, en el caso de empresas divulgar quienes son sus principales y en el caso de los PAC’s a que personas representa y quiénes son sus donantes. Toda esta divulgación de información deberá ocurrir previo al evento electoral, no tres años después del evento como ocurre al presente.
2. Es necesario desvincular al funcionario público (nombrado a un cargo) de los cargos políticos o posiciones en la colectividad política. Esto incluye cualquiera posición, cuan insignificante sea.
3. Las organizaciones de recaudación de fondos para los partidos políticos y sus candidatos que existen hoy en las agencias del gobierno y las corporaciones públicas deben ser prohibidas con serias consecuencias para el funcionario que incurra en esta nefasta práctica.
4. Proponemos la prohibición del nombramiento de políticos (electos o derrotados) a posiciones en la rama ejecutiva, particularmente en posiciones en agencias reguladora o de tramitación de permisos. Esta prohibición debe extenderse por un periodo de cuatro años después de ser derrotado en una elección o completar un término de un cargo electivo. Para fines prácticos esto deberá incluir el uso del mecanismo de contratación por servicios profesionales.
5. Para despolitizar la rama judicial es imprescindible que los nombramientos surjan exclusivamente de una selección de candidatos (jueces y fiscales) debidamente cualificados por el Colegio de Abogados u otro organismo de similar credibilidad profesional.
6. Todos los cargos públicos (por elección o nombramiento) deben tener un término claro y preciso sin la posibilidad de ser nombrado el funcionario nuevamente a dicho cargo o presentarse a reelección el político luego de haber completado el máximo de años permitidos.
7. Las gestiones de los cabilderos (además de cumplir con un proceso de acreditación donde se divulgue los intereses particulares de sus representados) deberán ser registradas y publicadas en el Portal cibernético de la legislatura, agencia o corporación pública donde se realizó el acercamiento detallando el nombre del cabildero, la organización o grupo que representa y su interés particular.
8. La eliminación de los puestos de confianza en el servicio público.
9. El establecimiento por legislación de incentivos a funcionarios y ciudadanos para la denuncia de casos de corrupción en el entorno gubernamental con amplias protecciones a los denunciantes.
En suma, aún con las grandes limitaciones que nos impone el aparato federal electoral, xisten oportunidades para cerrar los espacios invisibles propicios para la corrupción. Le toca a la ciudadanía, empresarios e inversores exigirle al gobierno el establecimiento de una ley de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal en el manejo de los asuntos públicos con consecuencias reales para los funcionarios públicos que la incumplan. También es necesario cerrar los espacios que tiene nuestra legislación electoral que permite la ocultación de los donantes a las campañas políticas por años lo cual hace irrelevante su divulgación tardía. Reconocemos la falta de voluntad política que existe para respaldar estas iniciativas. ¡Le toca a los ciudadanos reclamarle al gobierno que convierta en realidad por medio de legislación un ambiente libre de corrupción!
