“La gestión pública por su naturaleza fiduciaria debe ser fundamentalmente transparente y responsiva, diversos estándares internacionales establecen la necesidad de que cada gobierno tenga e implemente reglas de transparencia y rendición de cuentas.”
Por: Lcda. Alba López Arzola
Investigadora Principal
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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La abogada López Arzola plantea que la naturaleza fiduciaria de la gestión pública y los parámetros de calidad exigen la adopción e implementación de normas de transparencia y rendición de cuentas. Tales normas, además de facilitar el acceso a la información pública, son un antídoto contra la corrupción, estimulan la participación ciudadana informada y aumentan los niveles de confianza pública. Destaca que, aunque muchos ordenamientos jurídicos en el mundo cuentan con una legislación de transparencia comprensiva e integrada, Puerto Rico no ha adoptado un marco jurídico en esta materia. En este contexto, la autora aporta los criterios para una futura legislación la cual, al igual que la de los países líderes en la materia analizada en el artículo, debe ser integrada y comprensiva con parámetros claros de cumplimiento y obligatoriedad. La tesis de la autora es que la garantía legal al derecho de acceso a la información de forma pasiva (transparencia formal pasiva o reactiva) así como la obligación de las autoridades de divulgar la información pública de oficio (transparencia formal activa y proactiva) son estrategias importantes para lograr la cultura de transparencia y rendición de cuentas, como pilares del buen gobierno al que todos aspiramos.
