Titulares:
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  3. LA POLARIZACIÓN POLÍTICA AMENAZA LA GOBERNABILIDAD: "Para reconstruir el tejido social roto por el desconcierto y el desencanto producto de la polarización y la desinformación tenemos que articular y generar soluciones a los grandes debates de la era de los cambios disruptivos que vivimos." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Para leer…
  4. LA EROSIÓN INSTITUCIONAL Y LA POLARIZACIÓN CONTINÚAN DETERIORANDO LA GOBERNABILIDAD: Por: Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Ante la realidad de un entorno creciente de complejidad e incertidumbre observamos una fractura entre lo que la sociedad y los ciudadanos demandan y lo que el gobierno y los gobernantes ofrecen y gestionan. Este desfase le resta confianza y…
  5. CAMBIAR EL RUMBO DE LA SOCIEDAD EXIGE ENCARAR EL PROBLEMA DE INGOBERNABILIDAD: "El país no puede quedar al margen de las necesidades que plantea el cambio de época que estamos atravesando con retos de gran profundidad en la esfera social, económica, política y ambiental. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan medidas urgentes para cambiar el rumbo de la sociedad." Por: Dra.…

GOBERNANZA Y FUNCIÓN PÚBLICA EN EL NUEVO GOBIERNO

“Hablar de gobernanza hoy ya no es sólo hacer referencia a las buenas prácticas administrativas sino que también implica un giro de la capacidad de los gobiernos de involucrar a diversos actores de la sociedad en el proceso de formular políticas públicas y de gestionar los asuntos públicos.”

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Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

El nuevo gobierno enfrenta el desafío de la gobernabilidad en un complejo escenario de gran incertidumbre. Por primera vez en la historia moderna de Puerto Rico, el gobierno electo deberá gobernar con una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por los Estados Unidos. Tras una crisis económica y fiscal de más de una década el país no vislumbra recuperación y el desempleo y la migración continúan en aumento. Además, el próximo gobierno será responsable de aplicar medidas fiscales severas para atenuar el déficit fiscal y la deuda pública que nos afecta.

La alternancia política genera expectativas de cambio demasiado elevadas que son difíciles de cumplir en el corto plazo y corren el riesgo de generar grandes desilusiones. Los resultados electorales de 2016 en Puerto Rico demuestran que, sin la suficiente sensibilidad política, sin la habilidad para responder adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos y sin la capacidad de transparentar y rendir cuentas por los resultados de su gestión, la gestión administrativa del gobierno es insuficiente para asegurar un buen desempeño del sector público que satisfaga las necesidades de la gente y propicie la competitividad económica y la prosperidad del país. La gobernanza y la política van de la mano en el proceso de gobernar. Si bien es cierto que el gobierno saliente se confrontó con serios problemas de índole económica, fiscal y administrativo también es cierto que la administración de gobierno descuidó las tareas políticas más tradicionales lo que generó oportunidades para la corrupción y pérdida de legitimidad.

La función de los procesos electorales, como fuente de legitimidad de los gobiernos que son producto de ellos, ha crecido en los ámbitos nacional e internacional. Hablar de gobernanza hoy ya no es sólo hacer referencia a las buenas prácticas administrativas sino que también implica un giro de la capacidad de los gobiernos de involucrar a diversos actores de la sociedad en el proceso de formular políticas públicas y de gestionar los asuntos públicos. Se trata entonces de reconstruir la esfera pública vinculando los asuntos políticos, las capacidades institucionales y las competencias profesionales, técnicas y tecnológicas para cerrar la brecha entre las políticas públicas y la acción pública.

Los resultados electorales del 2016 afirman que el país experimenta una transformación coyuntural que debe dar paso a una madurez democrática de gran trascendencia para mejorar la gobernabilidad y forjar la cultura de buen gobierno que requiere el país para atender su crisis económica, fiscal y social. La inserción de dos candidatos independientes a la gobernación es una señal de ruptura de la partidocracia, el clientelismo y el inversionismo político que ha afectado adversamente el logro de las aspiraciones y la satisfacción de las necesidades de la gente.

Éstos resultados dejaron claramente establecido que las reglas de juego del proceso de gobernar han cambiado y que la gente está tomando conciencia de ello. Este hecho irrefutable sienta las bases para trazar el mapa de ruta para encaminar el País hacia su desarrollo económico y social y la creación de empleos. El clásico estudio de Robert Putnam sobre los factores que condicionan el desempeño de los gobiernos plantea que el buen desempeño de un gobierno responde, por un lado, a su capacidad de alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz y, por otro lado, a la sensibilidad y capacidad que debe tener para atender las necesidades de los ciudadanos[1].

Las reglas de juego para gobernar en el siglo 21 exigen acciones congruentes para lograr una auténtica gobernanza. Más allá de los esquemas tradicionales de gobernabilidad en que el gobierno “gobierna a la gente” el proceso de gobernar en la coyuntura actual demanda que el gobierno “cogobierne con la sociedad”. El verdadero reto de gobernar en la nueva realidad reside en la capacidad de los gobiernos de construir redes efectivas de colaboración que apoyen la identificación y definición clara de los problemas prioritarios y más urgentes que pueden ser resueltos a escala social. Esto genera la cohesión social necesaria para implantar las acciones concretas para lograr las soluciones.

Durante los pasados años el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) con sede en la Universidad del Turabo (UT) ha venido estudiando los temas de la débil gobernanza, la negligencia en la administración de los recursos públicos y la falta de transparencia en la gestión gubernamental y su relación con los pobres resultados gubernamentales, la insatisfacción de los ciudadanos con su gobierno, el deterioro de la confianza de la gente en sus instituciones y la corrupción.

Los estudios del Centro de Gobernanza plantean que las últimas décadas han mostrado que la pluralidad y la alternancia política no son condiciones suficientes para contar con gobiernos eficaces. Más aún la democracia electoral en Puerto Rico no ha garantizado que los gobernantes elegidos por el voto de los ciudadanos sean responsables, transparentes y que rindan cuentas de sus actos una vez en el cargo. La partidocracia y la alternancia política de las pasadas décadas ha profundizado el deterioro de las instituciones públicas y la falta de prudencia en el manejo de las finanzas públicas (CGPC 2013, 2014, 2015, 2016)[2].

Los resultados de los estudios de investigación realizados por el CGPC revelan que nuestra democracia mal configurada y la gobernabilidad disfuncional de nuestros tiempos se han convertido en referentes negativos que han deteriorado la confianza de la gente en su gobierno lo que ha ahondado la crisis de gobernabilidad del País que vivimos al presente. La realidad política de Puerto Rico de las pasadas décadas nos muestra partidos políticos débiles y poco representativos incapaces de canalizar de manera eficaz las demandas y propuestas de la sociedad. A la luz de los recientes resultados electorales queda claro que el mandato para gobernar que recibe el nuevo gobierno es del 42% de los votantes y una significativa abstención. Estos hechos obligan a repensar el marco político-jurídico que refleja un serio desgaste.

Además, los estudios realizados por el Centro de Gobernanza durante los pasados años puntualizan que “en lo que respecta a Puerto Rico, es evidente y más relevante que nunca, que el logro de nuestras aspiraciones como pueblo se ha visto frustrado debido a que los gobiernos de las pasadas décadas no han sido capaces de responder con eficiencia y eficacia a las demandas de la población; la competencia electoral ha convertido a los partidos políticos en instituciones que “presentan un menú” de ofrecimientos a veces antagónicos y contradictorios que terminan siendo imposibles de cumplir e inalcanzables y que producen decisiones irracionales, ocultan los pobres resultados y los altos costos administrativos y producen incoherencia y debilidad en el diseño de las políticas públicas. De igual forma, el déficit en la capacidad de respuesta de los gobiernos de turno ha generado pérdida de confianza en las instituciones y el liderazgo de estos gobiernos” (CGPC 2013, 2014, 2015, 2016).

La crisis económica, financiera, política y social de hace más de una década obliga al nuevo gobierno a rediseñar los marcos institucionales y de gestión gubernamental que han prevalecido hasta el presente. No cabe duda de que la débil gobernanza, la opacidad de la información y la negligencia fiscal de los pasados gobiernos propiciaron el fracaso de las políticas públicas implantadas y los pobres resultados de la gestión pública.

Aunque la crisis en Puerto Rico se ha gestionado siguiendo el camino menos eficiente, menos complicado y más tortuoso los ciudadanos emitieron su voto para elegir a sus gobernantes y no tienen certeza de que las decisiones se tomarán en su beneficio luego de elegirlos. Hay montones de decisiones trascendentales que hacen necesario que el gobierno entrante gestione con eficiencia y fortalezca la transparencia. El principal reto de gobernar en la democracia radica en la capacidad de rendirle cuentas a la ciudadanía. Esta responsabilidad del gobierno de transparentar su gestión adquiere mayor relevancia en la coyuntura actual de Puerto Rico con la llegada de una nueva administración gubernamental y la Junta de Supervisión Fiscal.

Diez años después de la crisis económica y social que hemos experimentado la gobernanza sigue en el epicentro del debate sobre las causas de falta de capacidad para administrar el País y podemos concluir que esto no es sorprendente dado que históricamente ha habido una relación simbiótica entre la crisis y la evaluación de la gobernanza. Sin duda, la gobernanza se le ve con frecuencia como algo que evoluciona de manera lenta e incremental. La buena gobernanza se configura como un sistema en el que se integran cinco dimensiones claves: la transparencia, la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas, la involucración ciudadana y la lucha anticorrupción. Las relaciones entre estos cinco planos permiten mejorar la eficiencia, la calidad, la productividad y los resultados de la gestión pública. La finalidad de todo este sistema es mejorar sin duda la rendición de cuentas de los gobernantes.

En el fondo de la actual situación el gobierno entrante encara una crisis de confianza y un deterioro de la credibilidad de nuestras más importantes instituciones gubernamentales. Entre los factores que han contribuido en gran medida a esta situación se encuentran los problemas de gobernanza, las políticas públicas desacertadas y fragmentadas y la falta de capacidad institucional y directiva

Reconstruir la confianza de ciudadanos, empresarios e inversores y restablecer la credibilidad en las instituciones supone mejorar de forma profunda estos asuntos. En otras palabras, es necesario que el gobierno entrante gobierne a base de los principios rectores de la gobernanza pública reconocidos internacionalmente: la transparencia, la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas, la inclusión de todos los actores sociales en el proceso de gobernar y la lucha anticorrupción. Además, deberá: (1) hacer lo correcto y evitar hacer lo incorrecto; (2) asegurarse que la información y la divulgación de las acciones a emprender sean transparentes, es decir todos deben ver lo que haces, incluso lo que se hace mal; y (3) debe combatir la corrupción y responsabilizarse por sus acciones y aquellas que se han hecho mal fijar las responsabilidades y las consecuencias.

El desafío del gobierno entrante de ganar la confianza perdida de la gente en sus instituciones será un proceso estratégico, lento y arduo. El nuevo gobierno deberá adoptar la práctica irreversible de transparentar la información y abrir las puertas de las instituciones públicas para que la gente pueda participar en la generación de las soluciones de los problemas que nos aquejan, puedan fiscalizar la gestión del gobierno y realizar aportaciones para lograr una administración pública responsable y una ciudadanía colaborativa y vigilante que sirva para mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones o para cuestionarlas y fiscalizarlas más abiertamente.

Es evidente que la administración entrante tendrá que mejorar la calidad de la gobernanza y proponer de manera prioritaria un plan fiscal, un mapa de ruta para el desarrollo económico, una reforma de la estructura gubernamental y un conjunto de medidas para enfrentar el grave problema de la opacidad de la información que fomenta la corrupción para eliminar la percepción de impunidad que ha prevalecido hasta el presente. Estaremos todos prestos a colaborar y vigilantes para fiscalizar la asignación y el uso prudente los fondos públicos y la calidad de la gobernanza.

[1] Robert Putnam (1993) Making Democracy Work.

[2] Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, (2013) Estado de la Situación Jurídica de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Puerto Rico; (2014) Gobernanza y Responsabilidad Fiscal; (2015) Las Prácticas de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Municipal; (2016) Puntos de Vista de Los Candidatos a la Gobernación sobre Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública.

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