Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
” Con el incremento y la frecuencia de los actos de corrupción nos hemos vuelto indiferentes ante un fenómeno que lleva varias décadas erosionando las finanzas públicas, debilitando la confianza de los ciudadanos en su gobierno y restando oportunidades de crecimiento económico para trabajar en favor del bienestar de la sociedad”.
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Por increíble que parezca, en Puerto Rico todavía hay quienes se cuestionan la importancia de la gobernanza transparente y abierta para articular las respuestas a la prolongada crisis fiscal y económica que vivimos hace más de una década. Los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa durante los pasados seis (6) años han advertido la importancia de prestar mayor atención a la gobernanza pública para impulsar la prosperidad y el desarrollo y superar los desafíos de crecimiento económico y equidad social. Los resultados de los estudios destacan que la buena gobernanza requiere de un estado abierto y de instituciones transparentes que promuevan el pluralismo y la participación de la sociedad en la solución de los problemas que les afectan, que sean responsables fiscalmente y que las políticas públicas y el estado de derecho vigente propicien la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de servicios a la población.
Las tensiones que vive nuestra democracia, luego de la devastación causada por los huracanes que afectaron la isla en 2017 y la prolongada crisis fiscal de hace más de una década, deben servir de motor para institucionalizar un proceso de gobernanza pública que permita gestar una nueva relación entre instituciones e individuos. Sin embargo, la realidad es que los gobiernos de turno continúan gestionando el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones lo que ha resultado en un manejo negligente de los recursos públicos y en la incapacidad de proveer servicios públicos de calidad para atender las necesidades esenciales de la población. La falta de transparencia ha generado desconfianza y restado credibilidad para adelantar los sueños y aspiraciones de los ciudadanos. Por su parte, las conductas adversativas han menguado la capacidad de diálogo constructivo para fortalecer la toma de decisiones y el análisis de riesgo indispensable para generar innovación.
En la coyuntura actual de crisis económica y fiscal se ha tornado más evidente que se mezcla y confunde la gestión del gobierno con la del partido político. Los resultados de los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa destacan que Puerto Rico encara una serie de obstáculos en su capacidad de gobernarse que ha impedido alcanzar el desarrollo, la competitividad económica y la prosperidad general requerida para propiciar el bien común. La debilidad en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, muy especialmente de índole económica y fiscal, de las pasadas décadas ha estado enmarcada en la respuesta a intereses particulares, con mayor énfasis en el interés electoral, y no en consideración al interés colectivo o la voluntad política general. Además, los resultados de las investigaciones señalan que la buena gobernanza apoyada en una gestión pública eficiente y eficaz, que impulse el desarrollo económico y la cohesión social, constituyen la piedra angular del desarrollo sostenible.
John Kenneth Galbraith, Premio Nobel de Economía, decía que la ignorancia es una de las mayores amenazas para la democracia, de ahí la necesidad de ordenar las ideas distinguiendo claramente que no es lo mismo actuar para sí, que para el partido en el que se milita, o para la función institucional que se ejerce. Es necesario que los ciudadanos salgan de este enredo conceptual para dar un paso en la mejora de la cultura de buen gobierno y evitar los efectos adversos que arruinen la vida en democracia. Cuando hablamos de Estado es importante significar que el interés de su gestión es atender los intereses de largo plazo del conjunto de instituciones que conforman el estado. En cambio, el gobierno es la autoridad que dirige y administra sus instituciones. Es el conjunto de instituciones, estructuras administrativas que ejercen las actividades estatales. Por su parte, el partido político es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas semejantes y que buscan influir en las políticas públicas mediante la elección de sus candidatos para cargos públicos. La transgresión de los límites entre estas instituciones de la sociedad enfrenta el riesgo de debilitar la credibilidad y la confianza en las instituciones democráticas y provoca actitudes de apatía y rechazo hacia lo público de insolidaridad y de individualismo poco responsable.
La horrenda confusión que surge de la falta de claridad del rol y las funciones del marco institucional le ha restado efectividad y capacidad de generar resultados a la gestión de lo público. En vez de enfrentar los retos económicos y sociales que encara el País el gobierno los agrava manchando en escándalos de corrupción la confianza pública.
Siempre que aflora un nuevo escándalo de corrupción la ciudadanía va de la incredulidad al enfado, del enfado a la conformidad y de la conformidad al olvido. Los recientes escándalos de potenciales actos de corrupción en la contratación de la empresa Whitefish para recuperar el sistema de energía eléctrica: en la Comisión Estatal de Elecciones relacionados con la involucración de altos funcionarios de la Oficina del Gobernador y los señalamientos de violaciones a los cánones de ética judicial del Presidente de esta institución al participar activamente en conversaciones en las que alegadamente se consultaron decisiones para adjudicar controversias de las pasadas elecciones; constituyen un asunto prioritario a atender para transformar las prácticas de administración pública.
Con el incremento y la frecuencia de los actos de corrupción nos hemos vuelto indiferentes ante un fenómeno que lleva varias décadas erosionando las finanzas públicas, debilitando la confianza de los ciudadanos en su gobierno y restando oportunidades de crecimiento económico para trabajar en favor del bienestar de la sociedad. La falta de transparencia en el manejo de los asuntos públicos ha creado un ambiente propicio para la corrupción que ya nos pasó la factura: una crisis fiscal de más de una década que culminó en un proceso de quiebra; un nuevo ordenamiento de gobernanza del País; la aprobación de la ley PROMESA; la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal; la designación de una Jueza del Tribunal de Quiebras para administrar los asuntos del repago de la deuda; y luego de los huracanes Irma y María la intervención de un sinnúmero de agencias federales liderando la recuperación del País, dejan al desnudo el problema de la falta de poderes políticos y las deficiencias de la gobernanza pública de las pasadas décadas.
En lo relativo a la gobernanza, hace varias décadas que la gestión de gobierno está orientada y representa al partido político y no a los intereses de la sociedad. Por su parte, los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos y el interés público. Su distanciamiento de las necesidades de la población y la falta de credibilidad ante la sociedad es algo tan preocupante que necesita atención inmediata. La presente realidad de corrupción política continúa propiciando la indignación y la desconfianza entre los ciudadanos y su gobierno ampliando la ruptura entre los partidos políticos, los gobernantes y la sociedad.
La literatura académica puntualiza que los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción demuestran que ésta destruye a un país desde adentro. Los estudios señalan que este fenómeno tiene serios costos socioeconómicos; profundiza las desigualdades sociales y la pobreza; viola el ordenamiento jurídico, a su sombra se esconde el abuso de la función pública, la arbitrariedad y el desconocimiento del estado de derecho. Además, se ha encontrado que la corrupción atenta contra las leyes que imperan en un país y se opone al interés público y al bienestar común; reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta al gasto gubernamental; y provoca desencanto político y la gente pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en la democracia como sistema. La corrupción resta legitimidad a las instituciones públicas y alimenta la violencia social. Muchos analistas coinciden en que el creciente abstencionismo del electorado obedece, entre otras causas, al desencanto ciudadano frente a la evidente corrupción de los políticos.
De igual forma, se ha comprobado empíricamente que la corrupción pone en peligro la estabilidad de la democracia. La situación es realmente alarmante porque la corrupción no solo mina la eficiencia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido político que gobierna por ende a toda la clase política. Los partidos políticos son una de las instituciones de la sociedad con mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Están desprestigiados, no articulan proyectos políticos convocantes y sus dirigentes concentran cada vez mayor poder en sí mismos y no en sus constituyentes. Su financiamiento no es transparente y no cumplen su función social.
Las prácticas malsanas de corrupción son un veneno que destruye la confianza de los ciudadanos, los empresarios y los inversores en las instituciones públicas, los gobiernos y la misma democracia. Cuando hablamos de corrupción podemos hablar de dos modalidades, la corrupción a pequeña escala y la corrupción a gran escala. La primera, se produce cuando la gente paga sobornos a un funcionario público para obtener el servicio al que tiene derecho. El empleado público abusa de su puesto para obtener ingresos adicionales a costa de los ciudadanos y del propio servicio. El ejemplo más reciente de esta modalidad de corrupción a pequeña escala lo podemos ver en las alegaciones que varias comunidades y ciudadanos han hecho en relación a la reconexión de energía eléctrica por parte de funcionarios de la AEE.
Por su parte, la corrupción a gran escala se refiere al fraude a gran escala de parte de políticos y empresas. Implica esfuerzos por parte de intereses privados para tener acceso e influencias a menudo a través de figuras políticas que actúan como intermediarios para repartir contratos y determinar los precios a pagar entre ellos. Estas redes de influencia utilizan pagos ilegales (sobornos), pero también construyen redes de influencia a través de pagos legales (donativos a partidos políticos o empleo de grupos de presión). Los efectos de la corrupción y el tráfico de influencias tienen un amplio alcance ya que afectan a las decisiones y servicios públicos que presta el gobierno a la población.
Los sobornos y los donativos constituyen la moneda de intercambio con la que se consiguen beneficios, contratos y empleos para amigos y familiares. El economista ganador de un premio Nobel Paul Krugman señala que “a medida que más funciones se privatizan, los estados se convierten en paraísos en los que se paga para jugar (“pay for play”) y tanto como las contribuciones políticas como los contratos para amigos y familiares se convierten en un quid pro quo para tener negocios del gobierno, un nexo corrupto de favoritismos que está socavando las instituciones de gobierno. De ahí la importancia de articular políticas públicas claras y coherentes para instrumentar las diversas modalidades de prestación de servicios públicos (APPs y otros). De igual forma, es necesario establecer mecanismos robustos de supervisión y fiscalización que aseguren la transparencia en la otorgación de contratos y establecer procesos de rendición de cuentas para supervisar su ejecución.
Para atender el circulo vicioso de la corrupción se necesita atender la distinción entre gobierno y partido político que abre espacios oscuros para las conductas corruptas. Cada vez se hace más necesario poner al ciudadano al centro de la gestión pública y la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución. Antes de adoptar un curso de acción o política pública para generar soluciones a un asunto público es necesario identificar con precisión el problema y definir las necesidades reales de los ciudadanos. Este esfuerzo depende de la capacidad de los actores públicos y la sociedad civil para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. La improvisación y la formulación de políticas públicas y proyectos “fast track” debe ser remplazada por la formalidad y rigor de los protocolos diseñados para formular la política pública.
Dado que los partidos políticos han sido incapaces de llegar a un compromiso firme contra la corrupción, es el momento de que los ciudadanos le exijamos este compromiso con la sociedad y que fiscalicemos si lo cumplen y nos aseguremos que con nuestro voto en las elecciones podemos penalizar su inacción, que aseguremos nuestra involucración activa en las decisiones públicas y que supervisemos su gestión en la esfera pública.
En medio de la incertidumbre económica y fiscal actual resulta imperativo desarrollar una cultura de buen gobierno, transparencia e integridad pública; focalizar en la gobernanza transparente y abierta y ser más estratégicos en la formulación de las políticas públicas. De igual forma, es apremiante transformar las prácticas de gestión pública para asegurar la eficacia, la eficiencia y la calidad de la prestación de los servicios. Emprender con rigor y disciplina la gobernanza como forma de gobernar nos permitirá elevar la vara hacia los verdaderos valores democráticos que servirán de soporte para alcanzar la prosperidad, el crecimiento de la economía, la generación de riqueza, la creación de empleos y el bien común de la sociedad.
