Titulares:
  1. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ATENDER EL DILEMA DE LA GOBERNABILIDAD: "Urge que los gobiernos transparenten la información y rindan cuentas por los resultados de su gestión y que los ciudadanos participemos activamente en la solución y la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan y fiscalicemos a nuestros gobernantes y funcionarios públicos." Oprima aquí para acceder artículo en PDF Por:…
  2. CENTRO DE GOBERNANZA PRESENTA LIBRO LA GOBERNANZA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUERTO RICO: " Es indispensable que los medios de comunicación puedan contribuir a la formación de una esfera pública que provea auténticos espacios de inclusión ciudadana.” Oprima aquí para acceder a la reseña en PDF La Universidad del Sagrado Corazón fue la institución anfitriona de la presentación del más reciente libro publicado por el…
  3. EL RÍO TURBIO DE LA DESINFORMACIÓN ATENTA CONTRA EL BIEN COMÚN DE LA SOCIEDAD:  "Para encaminar las reformas requeridas para la transformación del país es inaplazable rescatar la noción de bien común y recobrar la capacidad para generar políticas de bienestar y de eficiencia económica" Oprima aquí para acceder el artículo en PDF Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Puerto Rico…
  4. PROSPERIDAD PARA TODOS: LOGRAR SINCRONÍA ENTRE BUEN GOBIERNO Y BIEN COMÚN: "Está claro que tenemos que retomar el rumbo del buen gobierno para crear oportunidades. Para lograrlo tenemos que ser capaces de darle certeza a diversas formas de capital e inversión mejorando las capacidades de gobernanza y proveer información y datos para generar credibilidad y confianza en los ciudadanos, empresarios e…
  5. EL DESCALABRO DE LA GOBERNANZA: NO MÁS OPACIDAD NI CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO: "La normalización de las malas prácticas de gobierno que le abren camino a la corrupción no puede continuar siendo la regla que guíe la función pública." Oprima aquí para acceder al artículo PDF Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa   Las voces que exigen a gritos “transparencia, fin…

EL RÍO TURBIO DE LA DESINFORMACIÓN ATENTA CONTRA EL BIEN COMÚN DE LA SOCIEDAD

 “Para encaminar las reformas requeridas para la transformación del país es inaplazable rescatar la noción de bien común y recobrar la capacidad para generar políticas de bienestar y de eficiencia económica”


Oprima aquí para acceder el artículo en PDF

Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Puerto Rico ha venido atravesando por una etapa de deterioro económico y social con pocos precedentes en su historia. Para encaminar las reformas requeridas para la transformación del país es inaplazable rescatar la noción de bien común y recobrar la capacidad para generar políticas de bienestar y de eficiencia económica, como base para garantizar un ecosistema de prestación de servicios de calidad, la satisfacción de los ciudadanos con la democracia y su correspondiente apoyo al bien colectivo por encima de los intereses particulares.

En la actualidad y sobre todo a partir de la crisis económica y fiscal que enfrenta el país desde el 2006, se constata una creciente preocupación por el aumento en la apatía política y cívica por la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales y por el incremento de los casos de corrupción. Todos estos males podrían evitarse, en gran medida, si la ciudadanía tuviera posibilidades reales de acceder, de forma rápida y sencilla, a la información pública lo que permitiría fortalecer la toma de decisiones y una mejor fiscalización de la gestión gubernamental.

Orientar la acción gubernamental hacia mejores resultados que atiendan las verdaderas necesidades de la población obliga a romper con una serie de prácticas malsanas en la actuación de los gobiernos y medir el impacto y los beneficios generados en la calidad de vida de la gente. Para lograrlo es necesario un cambio de paradigma en las relaciones de las administraciones gubernamentales con sus ciudadanos que permita instalar una nueva ecuación para cambiar el eje tradicional de que el gobierno controla la información al interior de sus instituciones porque la información es igual a poder. Es apremiante que el ciudadano que es el verdadero dueño de la información se apodere de los datos para transformarlos en nuevo conocimiento para cogobernar y fiscalizar la gestión gubernamental.

La transparencia, entendida como la obligación del Estado de proveer información sistemática, a tiempo y en formatos diversos a los gobernados, debe permitir que sea explícito para cualquier ciudadano no sólo qué hace su gobierno, cómo se hace y por qué se toman ciertas decisiones que descartaron otras posibilidades. La opacidad y la desinformación han permitido que se generen prácticas malsanas que propician políticas públicas fallidas, presupuestos deficientes y es terreno fértil para la corrupción.

 Políticas públicas fallidas

En primer lugar, es evidente que las políticas públicas deficientes de las pasadas décadas han impedido adelantar esfuerzos meritorios para encaminar el desarrollo social y económico del país. En Puerto Rico es conocido que somos un país sobreregulado sin capacidad real de ser eficiente en la implantación de las políticas públicas que se adoptan dado que no se propicia la inclusión ciudadana en todas las etapas del proceso de formulación e implantación de las políticas públicas y el alto nivel de politización e inversionismo político que prevalece. En ocasiones la legislación aprobada solo sirve para entorpecer la actividad económica, crear duplicidad y redundancia, elevar costos de administración y cumplimiento y terminan promoviendo la corrupción.

Las limitaciones y la ineficiencia de las políticas públicas surgen en su formulación y diseño. Los intereses particulares han prevalecido sobre el interés público incrementando los riesgos de fracaso de los cursos de acción adoptados. Nos urge un modelo de políticas públicas para la mejora de la gobernanza y el desarrollo en democracia. Un paradigma de gestión que permita recuperar la centralidad del Estado como principal responsable de diseñarlas y gestionarlas y propicie la inclusión de la sociedad como participe activa de dichos procesos.

El ineficiente proceso de formulación e implantación de políticas públicas en Puerto Rico puede ser atribuible a múltiples razones y aunque generalmente todas las debilidades son imputadas al diseño de las políticas, observamos que muchas de ellas son el resultado de una pobre gestión y operación y en muchas ocasiones por la falta de asignación de recursos adecuados. La literatura académica disponible ha postulado que el proceso de formulación de políticas públicas está liderado totalmente por los políticos, quienes definen los alcances de éstas, negocian con los diferentes actores que dirigen los grupos de interés asociados con la problemática, establecen quiénes son los ganadores y perdedores y disponen de medios para alcanzar los objetivos (DAHL, 1961). Además, las propuestas teóricas evidencian que la formulación de políticas públicas por ser un proceso complejo debe integrar todos los intereses concernidos ya que es imposible para el político abordar todas las fases del proceso. El político por la naturaleza de su trabajo no puede conocer todos los detalles de formulación e implantación de las políticas, por lo cual le otorga espacios de discrecionalidad a los tecnócratas y burócratas quienes puedes actuar en beneficio o en contra de una implantación eficiente y alterar el impacto de éstas (Page & Jenkins, 2005).

Para superar estas debilidades es necesario entender por qué las políticas públicas pueden fallar en su formulación, por qué fracasan en su implantación y cómo podemos incorporar los procesos formales de evaluación de políticas públicas y programas gubernamentales para redireccionarlas. De igual forma, para propiciar la mejora en la formulación de las políticas públicas es necesario asegurar la transparencia en todas las etapas del proceso y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas para hacer más eficiente la medición del impacto de los resultados de los cursos de acción impulsados, lo que sigue siendo una agenda inconclusa en nuestro país.

 Presupuestos deficientes

En este contexto, observamos que la formulación presupuestal en Puerto Rico continúa teniendo los vicios y defectos que sistemáticamente han tenido los presupuestos anteriores. El presupuesto presentado por el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal presenta grandes vacíos de información y documentos públicos que se omiten que deben subsanarse para mejorar el uso de los recursos públicos. Nuevamente, identificamos que el plan de ingresos y gastos presentado no está basado en premisas realistas y se ha continuado la práctica de subestimar partidas cuyas erogaciones son inentendibles. También del análisis surge la interrogante de cómo el gobierno podrá honrar los compromisos en un entorno de merma de ingresos y sin posibilidades de acceso a los mercados financieros no viendo en el horizonte medidas de eficiencia en el gasto público.

En términos del proceso de formulación presupuestal lo que observamos es un rechazo a la inclusión ciudadana en el ciclo presupuestario y no vemos un compromiso político genuino de escuchar a la gente sobre cuáles son las prioridades que deben ser atendidas antes de que se apruebe el presupuesto. Se identificó que existen pocas herramientas y espacios para que los ciudadanos participen. De igual forma, del análisis del proceso surge que el contrapeso legislativo es débil y no está obligado ni toma en serio los planteamientos con respecto al uso prudente de los recursos públicos y los gastos.

Además, continuamos viendo la discrecionalidad con que se ejerce el presupuesto, moviendo recursos sin definir las necesidades esenciales y sin rendirle cuentas a nadie. Esta práctica cuestionable ha permitido que, por ejemplo, el gasto de publicidad oficial crezca cada año, aunque cada año en el presupuesto que presenta el Ejecutivo lo oculta. Percibimos que lo que ocurre en la práctica es que se pretende dar a entender que la partida de publicidad se redujo, pero luego de aprobado el proyecto de presupuesto se incrementa de manera discrecional y sin rendir cuentas. Para mejorar la transparencia el gobierno debe aumentar la información que se incluye en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y proveer mayor detalle de las medidas de desempeño del presupuesto y su vinculación con las políticas públicas que se proyecta atender.

La creciente literatura sobre la transparencia presupuestaria y los presupuestos incluyentes han destacado la importancia de la transparencia y la inclusión de la sociedad como factores claves conducentes al mejoramiento de la gobernanza y el fortalecimiento de la democracia. De acuerdo a la Encuesta de Presupuestos Abiertos, para mejorar la gobernanza es esencial que la transparencia este apoyada en una amplia participación pública en la preparación del presupuesto para alcanzar resultados positivos asociados con una mayor transparencia presupuestaria. Los datos sobre el presupuesto que son de libre acceso y de fácil lectura permiten que la población sepa cómo y en qué se gastan su dinero los gobiernos. Esta información puede ser utilizada por los ciudadanos, la academia, la sociedad y los medios de comunicación para participar en la toma de decisiones gubernamental con el fin de propiciar mejores respuestas a las necesidades de la población. La falta de información en las diversas etapas del ciclo presupuestal no permite que los ciudadanos se involucren en el proceso desde sus inicios y el proceso de fiscalización es débil e inadecuado.

Los presupuestos abiertos constituyen un eje fundamental para la mejora de la gobernanza y el fortalecimiento de la democracia. Hacer disponible a los ciudadanos el presupuesto en versión simplificada y sin requerir conocimientos en finanzas públicas permite fomentar la transparencia y rendición de cuentas, la difusión de los resultados de la gestión de gobierno y fortalece la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno.

 El rio turbio de la desinformación

Por último, es perceptible que por décadas los ciudadanos han dejado claro sus demandas de transparencia y mayor y mejor acceso a la información, así como su interés de participar en los asuntos públicos. El problema es que no puede haber mejora en la transparencia y la responsabilidad fiscal si no hay un compromiso serio de mejorar las capacidades de gobernanza y del manejo correcto del gasto púbico. Es evidente que la reciente salida de la Secretaria de Educación y el Presidente del Banco de Desarrollo Económico por posibles actos de corrupción vuelven a poner al centro de la discusión pública las debilidades de las instituciones gubernamentales y la negligencia en el manejo de los recursos fiscales.

En el caso del Departamento de Educación, una agencia que maneja un presupuesto billonario, las cortinas que esconden los secretos y la información de interés público han dado paso a las posibles actividades ilícitas que se apartan de los más altos estándares de transparencia gubernamental y han permitido la negligencia en las contrataciones y los nombramientos de encargo de familiares, amigos y compinches políticos. En este contexto, la negligencia fiscal y la falta de información no han permitido que los ciudadanos conozcan de primera mano cuáles son las prioridades de política pública, el detalle de las contrataciones, las asignaciones y reasignaciones presupuestarias y han propiciado un proceso de fiscalización débil e inadecuado.

El tema de interés seguirá vigente y la investigación periodística advierte que aportarán más información sobre los actos de corrupción y la necesidad de impedir que continúe la impunidad. Hasta ahora no se ha presentado denuncia alguna en cuanto a funcionarios o empresarios. Las investigaciones están en curso según se ha dado a conocer y la información provista por los medios hace presumir y así lo da a conocer la prensa de que las contrataciones en el gobierno para la prestación de servicios en el Departamento de Educación han abusado del presupuesto público para favorecer a familiares y amigos de los políticos de turno. En lo relativo al Banco de Desarrollo Económico, la información que surge de la cobertura periodística señala que existen posibilidades de abuso de los poderes del cargo y aprovechamiento ilícito que son cuestionables.

Si algo queda claro con la información que sabemos es que la malversación de fondos del gobierno y el atraco al erario público no puede tolerarse y no debe quedar impune como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

 Reflexiones finales

En síntesis, las políticas públicas fallidas, los presupuestos deficientes, el mal manejo de los asuntos fiscales y la falta de transparencia en la divulgación de información pública continúan siendo los vicios y defectos que sistemáticamente hemos visto por los pasados años que impactan de manera adversa el proceso de gobernar en gobernanza. Para alcanzar resultados positivos es esencial abrir espacios para la inclusión ciudadana en la formulación de las políticas públicas y del presupuesto, elevar las capacidades de gobernanza y adoptar un marco regulatorio que establezca normativas claras de transparencia para la construcción del buen gobierno.

La verdadera oportunidad que tiene el país para mejorar la gobernanza y fortalecer la democracia es la adopción de políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas que atiendan de raíz las posibilidades de esconder la negligencia en el desempeño de las funciones gubernamentales y los malos manejos de las finanzas públicas. Para erradicar la corrupción que empobrece nuestro país y nos afecta a todos es necesario romper con el círculo vicioso de la desinformación y el despilfarro y adoptar la transparencia como el instrumento más efectivo para retomar el desempeño económico y la calidad de vida de la sociedad.

En este contexto el objetivo es crear una cultura de buen gobierno centrada en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una arquitectura estatal renovada que permita construir a todos los niveles instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas por los resultados de su gestión. Para lograrlo es necesario fortalecer las capacidades institucionales y las competencias cívicas para propiciar mayor involucración de la sociedad y promover que exista una constante fiscalización y expresión de la ciudadanía, de lo contrario nunca vamos a poder cambiar la actitud de los actores políticos, funcionarios y entidades gubernamentales de esconder la información pública para su beneficio y el de sus aliados políticos y empresariales. En esencia, la transparencia puede lograr más eficiencia, mejorar la gobernanza y fortalecer la democracia. Solo así llevaremos el mensaje de que no se tolerará el río turbio de la desinformación que abre espacios de oportunidad para las malas prácticas de corrupción que empobrecen la calidad de vida de la sociedad y le restan oportunidades al desarrollo social inclusivo y el crecimiento económico sostenible.


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