“La normalización de las malas prácticas de gobierno que le abren camino a la corrupción no puede continuar siendo la regla que guíe la función pública.”
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Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Las voces que exigen a gritos “transparencia, fin de la opacidad y cero corrupción” se escuchan por todos los rincones del país. El desasosiego y la angustia generalizada por el descalabro de la gobernanza y la debacle que vive nuestra sociedad, generan un estado de ánimo de desconfianza y de falta de credibilidad en la gestión pública que son una amenaza para impulsar las reformas estructurales necesarias para la transformación del país. La normalización de las malas prácticas de gobierno que le abren camino a la corrupción no puede continuar siendo la regla que guíe la función pública. Los esquemas de nombramientos y contrataciones en el gobierno siguen teniendo como norma el amiguismo, el nepotismo y el clientelismo político que en gran medida son responsable del descalabro social y económico que vivimos.
La crisis de gobernanza que padecemos está poniendo a riesgo el bienestar de la sociedad y las oportunidades de recuperación de la maltrecha economía que no logra despuntar. La gobernanza del país está a punto de perecer por culpa de las malas prácticas de gobierno, el deterioro de sus instituciones, la incompetencia de sus líderes, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los derechos y libertades individuales que ponen en peligro los derechos colectivos y el anclaje de la democracia.
Hemos observado que cada vez más, en nuestra sociedad se han tornado como aceptables las contrataciones de gobierno entre amigos, correligionarios y familiares con vínculos de consanguinidad o de un tronco común que se reparten entre sí en complicidad con empresarios privados los contratos de gobierno. Estas conductas no son saludables ni aceptables en la administración pública porque se apartan de las normas, se alejan de los criterios de integridad pública y deben ser condenadas tanto por la ley como por la moral para garantizar la protección del interés público, el respeto al estado de derecho y los derechos individuales fundamentales de los ciudadanos.
Los recientes eventos que salen a la luz pública luego de la renuncia de la Secretaria de Hacienda han develado de manera contundente las relaciones contractuales incestuosas y el nivel tóxico de las instituciones gubernamentales basadas en vínculos de familiaridad, amiguismos y la protección de los intereses de los militantes en el partido político que le abren espacio a las prácticas de corrupción. El cuestionamiento de los contratos otorgados en WIPR, las investigaciones federales en la legislatura por el aparente esquema de empleados fantasmas y las puertas giratorias de funcionarios que pasan de puestos de confianza a contratistas y al mismo tiempo se le delegan funciones político-partidistas siguen poniendo en riesgo los principios de sana administración pública. Es reconocido a nivel mundial que las prácticas corruptas socavan la gobernanza y debilitan la democracia generando el deterioro de las instituciones y las posibilidades de mejorar la economía y la calidad de vida de la sociedad.
Transparencia y gobierno abierto pieza esencial de las reformas
La falta de transparencia se vive a lo largo y ancho de la sociedad y nuestros gobiernos son la expresión exponencial de estos malos hábitos. Los espacios en los que más transparencia se pide en la gestión gubernamental son el gasto público en los tres niveles de gobierno, las contrataciones, el presupuesto gubernamental y la asignación de recursos por partida presupuestaria para atender los servicios esenciales. En el contexto de crisis fiscal que experimenta el país vemos que en todos los ámbitos de la sociedad el pueblo reclama transparencia, fin de la opacidad y erradicación de la corrupción.
Hace más de una década que los gobiernos de turno han gobernado sin definir con claridad las estrategias de desarrollo que el país debe adoptar para propiciar su prosperidad y el mejoramiento de su calidad de vida. La falta de voluntad política y la incapacidad de gobernar en gobernanza ha sido señalada por la academia y diversos grupos profesionales como la mayor debilidad que encara el país para encaminar su reconstrucción.
Desde su creación en el 2012, el Centro de Gobernanza Publica y Corporativa ha propuesto plataformas concretas, para que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la calidad de la respuesta hacia los principales problemas que enfrenta el país, los gobiernos de turno no han priorizado las políticas públicas de gobernanza necesarias para mejorar la transparencia gubernamental y los planes de acción concretos para erradicar la corrupción. Los estudios empíricos realizados por el equipo de investigadores del Centro de Gobernanza señalan reiteradamente la necesidad apremiante de que Puerto Rico mejore su capacidad de gobernanza para impulsar su proceso de desarrollo social y económico mediante el fortalecimiento de los principios de buen gobierno reconocidos internacionalmente.
En la publicación Una Nueva Gobernanza para Puerto Rico (CGPC 2013) la red de investigadores del Centro de Gobernanza puntualiza que “para que Puerto Rico avance en su ruta hacia la prosperidad es necesario que el país adopte la gobernanza como proceso de gobernar. La transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal son considerados ejes del sistema de gobierno abierto propuesto por el Centro de Gobernanza para la transformación del país. Las estrategias de gobierno abierto propuestas por la Alianza de Gobierno Abierto “Open Government Partnership” son consideradas pilares de las líneas de investigación y de las plataformas pedagógicas que dan soporte al andamiaje de implantación de la cultura de buen gobierno que impulsa el Centro de Gobernanza.
El término Gobierno abierto (Open Government) no es nada nuevo. A fines de los años 70 del siglo pasado, apareció por primera vez de manera oficial en el espacio político británico. Como lo afirman Chapman y Hunt (1987), en su plano original se refiere a diversas modalidades relacionadas con el secreto de Gobierno e iniciativas para “abrir las ventanas” del sector público hacia el escrutinio ciudadano en aras de reducir la opacidad. Sin embargo, a lo largo de los años dicha primera aproximación fue depurándose para ir definiendo la capacidad que los ciudadanos tienen en una democracia para sostener un Gobierno plenamente responsable por sus acciones y para evaluar la validez de las medidas que adopta. Ello también se refiere a los derechos de los ciudadanos frente a la información que de ellos disponen las organizaciones públicas y su adecuado manejo.
El derecho de los ciudadanos a conocer las normas que se promulgan y las decisiones que toman sus gobernantes, la necesidad de que los gestores públicos actúen conforme a códigos de buen gobierno, la importancia de que las personas tengan la información necesaria para participar en la toma de decisiones así como aquella que requieran y que no entre en conflicto con otros derechos fundamentales, son algunos de los motivos que hacen imprescindible el ejercicio de la transparencia en el ámbito público. Asimismo, otros valores como la integridad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia o la responsabilidad se convierten en exigibles en toda actuación, especialmente en un momento de creciente presión por la crisis fiscal que vivimos.
Resulta apremiante que los ciudadanos exijan el cumplimiento y respeto de la ley con relación a la divulgación de la información pública como paso indispensable para erradicar la corrupción. La transgresión de las leyes y las normas se reflejan directamente en el gobierno en ámbitos tales como la falta de transparencia en las finanzas públicas, la opacidad en los contratos y el gasto en publicidad del gobierno. El respeto al estado de derecho tiene como propósito propiciar el desarrollo de la sociedad y debe ajustarse a un sistema de leyes y normas, es decir a instituciones que permitan la sana convivencia. Indiscutiblemente la transparencia y la integridad en la aplicación de las normas y la divulgación de información pública veraz y oportuna genera una mayor capacidad de gobierno y permite la prevención y solución efectiva de los problemas que enfrentamos como sociedad. De lo anterior se deduce que el estado de derecho va de la mano con la buena gobernanza y la democracia y con las reglas del libre mercado que prevalece en un sistema económico y financiero globalizado.
No cabe duda de que nuestra democracia no sobrevivirá si quienes gobiernan tratan a los ciudadanos como miembros de una tribu y continúan gobernando a oscuras para repartirse el botín. Un gobierno poco transparente u opaco simplemente es un gobierno deshonesto. Desde hace 200 años, el humanista y político John Stuart Mill señaló que “transparentar las acciones del gobernante a la sociedad y a la prensa es una obligación y un deber, pues son los ciudadanos quienes los eligen, por tanto, la información que se genera de la acción de los primeros le pertenece a los ciudadanos.”
Transparentar la información y erradicar la corrupción
Al analizar los estudios de los organismos internacionales y las investigaciones empíricas de la academia que examinan el vínculo entre la transparencia y la corrupción gubernamental encontramos que el gobierno abierto es ampliamente visto como una característica clave de la práctica democrática contemporánea y ha estado a menudo vinculado a la aprobación de marcos legales sobre libertad de información, prensa, entre otros. La lucha efectiva contra la corrupción exige tres elementos esenciales: una voluntad política sostenida, una política anticorrupción estratégica, integral y coordinada; y el más alto nivel de transparencia posible en la vida política, administrativa y económica. Por ello, la transparencia es el enemigo natural de la corrupción y del abuso de poder. Un alto nivel de transparencia en la dirección de los asuntos públicos (y en el sector privado) es primordial para prevenir la corrupción, como también lo es el derecho a expresar opiniones divergentes y la existencia de unos medios de comunicación realmente independientes.
Los organismos internacionales han puntualizado la importancia de erradicar la corrupción como paso indispensable para propiciar el desarrollo social y la competitividad económica de los países a nivel mundial. El Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional el 29 de enero de 2019, revela la incapacidad de la mayoría de los países para erradicar la corrupción, lo que a su vez contribuye a una crisis de la democracia en todo el mundo. Más de dos tercios de los países analizados obtienen menos de 50 puntos. Puerto Rico no participa del estudio que realiza esta prestigiosa entidad.
Los resultados del estudio de 2018 revelan que la puntuación media de los países evaluados en la medición es de tan solo 43. Desde 2012, solamente 20 países han registrado mejoras significativas en sus respectivas puntuaciones; entre ellos figuran Estonia y Costa de Marfil. En otros 16 países, entre los que destacan Australia, Chile y Malta, las puntuaciones han empeorado de forma significativa.
Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las primeras posiciones del Índice con 88 y 87 puntos, respectivamente. En la parte baja de la tabla se encuentran Somalia, Sudán del Sur y Siria, con 10, 13 y 13 puntos, respectivamente. Por regiones, Europa Occidental y la Unión Europea (con 66 puntos de media) son las mejor puntuadas, y África (con una media de 32 puntos) la que presenta una peor puntuación media, seguida muy de cerca por Europa Oriental y Asia Central (35 puntos de media).
El mapa que sigue presenta los puntajes obtenidos por los países evaluados por Transparencia Internacional:
Por su parte, según el Foro Económico Mundial la corrupción le cuesta al mundo $2.6 billones al año o el 5% del producto interno bruto mundial. De igual forma, el Banco Mundial encontró que las empresas y las personas pagan más de un billón en sobornos cada año. Estos datos presentados en la reunión 2018 sobre la lucha contra la corrupción de la ONU muestran contundentemente el alcance de este problema mundial y la impunidad agrava el problema. De acuerdo a los expertos el impacto de la corrupción tiene alcances de gran magnitud:
- Destruye las instituciones mientras que los funcionarios se enriquecen o ignoran la criminalidad.
- Priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera además de dañar el medio ambiente.
- Tiene su caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales.
- Fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y la gobernabilidad, así como la disfunción de las políticas públicas y la fragmentación social.
- Roba escuelas, hospitales y otros fondos que son vitales.
- Puede ser un desencadenante de conf
El informe destaca que para conseguir un progreso real en la lucha contra la corrupción y fortalecer la democracia en todo el mundo, los gobiernos deben:
- Reducir la brecha entre la legislación existente contra la corrupción y su práctica y su aplicación real;
- Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la transparencia y la rendición de cuentas para fomentar la participación política y la supervisión del gasto público por parte de la ciudadanía, sobre todo en el ámbito local;
- Apoyar la libertad y la independencia de los medios de comunicación y garantizar la seguridad de los periodistas, así como su libertad de trabajar sin sufrir intimidación o acoso.
- Fortalecer las instituciones responsables de mantener el control y el equilibrio sobre el poder político y garantizar que puedan actuar sin intimidaciones;
Por tanto, sin transparencia es imposible conseguir que la lucha contra la corrupción sea eficaz. Para ello, los países deben aprobar leyes de transparencia y acceso a la información que propicien la mejora de la gobernanza pública. Al día de hoy, más de 160 países a nivel mundial cuentan con leyes de transparencia y acceso a la información. La legislación sobre transparencia y acceso a la información debería ser lo más sencilla posible y no incluir procedimientos largos y complejos o condiciones que pudieran limitar u obstaculizar la accesibilidad a la información. Por ejemplo, no contribuye a tener unas administraciones transparentes que cuando los ciudadanos o los medios de comunicación quieren solicitar información al Estado estén siempre obligados a hacerlo por escrito y con el requisito de que exista un “interés directo y legítimo” para conocer dicha información. El acceso libre a la información debería ser la norma y la opacidad de la información, la excepción.
Reflexiones finales
En su compromiso hacia la transparencia el gobierno de Puerto Rico tiene un largo y complejo camino por recorrer. Para lograrlo es necesario adaptar no solo sus estructuras organizativas, sus procesos y tecnologías, sino que urge acompañar este proceso con un profundo cambio cultural en la forma de gobernar, de modo que los valores y los principios rectores que sirven de pilares a la buena gobernanza pública sirvan de mapa para satisfacer las necesidades esenciales de la sociedad. Puerto Rico se encuentra rezagado en lo que respecta al marco jurídico y normativo de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal. Los esfuerzos por aprobar una ley de transparencia impulsados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa desde el 2013 no han florecido. En el 2015 el P de la C 2469 fue presentado por el Centro, fue a vistas públicas y la legislatura no continuó con el trámite legislativo requerido para su aprobación. En 2016 el Centro de Periodismo Investigativo presentó el P de la C 2944 sobre acceso a la información. Más recientemente el Senado aprobó el P de la S 236 sobre datos abiertos. Todas estas iniciativas no se han materializado en una ley concreta por la falta de voluntad y compromiso de los actores públicos lo que pone en riesgo las oportunidades auténticas de mejorar la gobernanza del país y generar confianza y credibilidad para encaminar el desarrollo económico.
En este contexto histórico de escasez de recursos y problemas sociales de gran magnitud la transparencia y la rendición de cuentas se reafirman como los principios de buen gobierno más valiosos. La honestidad y la transparencia son fundamentales en un sistema democrático ya que el pueblo necesita información veraz y válida para tomar sus decisiones y ejercer su responsabilidad como ciudadanos en la supervisión y fiscalización del gobierno y contrapeso en el sistema democrático. Una mayor apertura de los asuntos públicos confinada con políticas públicas que faciliten el acceso y especialmente la comprensión de la información fiscal contribuirá a robustecer la menguada credibilidad del gobierno e incrementar la legitimidad de sus acciones. Nuestros ciudadanos merecen retomar el sendero de la calidad de vida y la prosperidad para vivir con dignidad.
Luego de los desastres naturales del 2017 ha quedado evidenciado que a pesar de la mala gobernanza que vive el país nuestra gente tiene la resiliencia necesaria para emprender la ruta de la transformación del país. Como ciudadanos capaces tenemos una responsabilidad de caminar en la ruta correcta. Es hora de que como sociedad le exijamos a los gobernantes no más opacidad y corrupción en la gestión pública. Todos debemos hacer nuestra parte para mejorar las capacidades de gobernanza.
Febrero de 2019
