“Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. El derecho a saber comienza con el deber de los ciudadanos de preguntar y exigir al gobierno que transparente la información.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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El Día Mundial del Derecho a Saber (28 de septiembre) es una buena ocasión para recordar que la cultura de la transparencia avanza si la ciudadanía ejerce su derecho. Todos podemos solicitar información a las administraciones públicas. El derecho a saber comienza con el deber de preguntar. La ciudadanía tiene la responsabilidad en la democracia de ser un ciudadano informado y la tarea de impulsar iniciativas para que la transparencia sea un principio rector de formulación de política pública y pilar de la gestión de los asuntos públicos.
La proclama de la UNESCO tiene como objetivo exigir la transparencia y el derecho universal a acceder a la información y los datos como vía esencial para garantizar la rendición de cuentas, mejorar los resultados de la gestión pública y facilitar la inclusión ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a saber, buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión.
La celebración del Día Mundial del Derecho a Saber sirve para concienciar sobre lo difícil que es para un ciudadano pedir y recibir información del gobierno sobre su gestión y en muchas ocasiones también lo es que el gobierno no contesta lo que se le pregunta. La mayoría de los avances en propiciar la transparencia de la información han sido fruto del trabajo de una ciudadanía cada vez más activa y exigente, por lo que en tiempos de crisis recurrentes como las que vivimos, hoy es más necesario que nunca que todos los miembros de la sociedad se involucren más en el proceso.
La celebración de 2021 tiene como lema el Derecho a Saber – Reconstruir mejor con el acceso a la información. El tema destaca el reconocimiento de que una legislación sobre el acceso a la información bien elaborada y su implementación rigurosa, promueve el desarrollo sostenible, así como la democracia y los derechos humanos. El propósito es promover la movilización de recursos para implementar leyes a través de instituciones independientes, transparentes y responsables, establecidas para apoyar y expandir el bien público. También invita a las organizaciones profesionales y a la sociedad civil, para promover la existencia y la implementación de leyes sobre el acceso a la información.
La adopción de leyes sobre transparencia y acceso a la información desempeña un papel esencial para defender y proteger el derecho del público a la información, en particular en situaciones de incertidumbre, cuando la demanda de información es alta. Sin embargo, cuando estas leyes son inadecuadas o limitadas, varios aspectos de su implantación se retrasan y los gobiernos no responden de manera proactiva a las solicitudes de información. También puede haber casos de deficiencia, en términos de transparencia.
En este contexto, la transparencia de la información como pilar de la gobernanza pública es una prioridad absoluta de la gestión que lleva a cabo el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. El gobierno debe garantizar la recopilación de información y datos seguros y transparentes, potenciar el mantenimiento de registros y plataformas digitales para viabilizar el acceso a la información y posibilitar un análisis preciso que propicie una mejora de la toma de decisiones en la solución de los problemas de la sociedad y la mejora de los resultados de la gestión gubernamental.
La transparencia y el acceso a la información fiable salva vidas. Por el contrario, la información errónea y los rumores pueden cobrar vidas. Hemos aprendido esta sencilla lección en los últimos años. Ya sea para luchar contra la pandemia o para contribuir al debate público, la información y los datos libres, fiables e independientes constituyen el fundamento de la buena gobernanza y de las sociedades democráticas.
Desafíos de transparencia y gobierno abierto en Puerto Rico
En Puerto Rico, tras dos años de la aprobación de las leyes 141 y 122 de septiembre de 2019 que regula transparencia, el acceso a la información y los datos abiertos la transparencia de la información sigue siendo un reto y ha generado escaso interés de la ciudadanía. Pese a la aprobación de este marco normativo que obliga al gobierno a la divulgación activa de la información es escaza o inexistente y las solicitudes de información son limitadas en parte por culpa de excepciones contenidas en las leyes vigentes y del complicado proceso de solicitud para peticionar la información.
El seguimiento del Centro de Gobernanza a la implantación de las leyes aprobadas en 2019 a través de los estudios de investigación realizados del monitoreo de medios del Observatorio Puerto Rico Transparente revela que el gobierno no ofrece datos de las solicitudes de información recibidas y tramitadas que exige la normativa vigente. Además, el gobierno no admite o tramita de manera ágil la mayoría de las solicitudes recibidas. Por el contrario, el grueso de las solicitudes recibidas son denegadas.
El Centro de Gobernanza ha recopilado a lo largo de estos 2 años ejemplos en los que las leyes no han ayudado a hacer transparente la gestión de lo público. Las deficiencias identificadas en la divulgación de datos e información relacionado con la formulación presupuestal, los procesos gubernamentales en las compras y las contrataciones y más recientemente el manejo de las pruebas y las vacunas COVID-19 confirman las deficiencias del marco regulador sobre transparencia y acceso a la información.
A modo de ejemplo, el estudio de investigación más reciente sobre Transparencia en el proceso de vacunación y tratamientos COVID-19 en Puerto Rico (oprima aquí para ver el estudio)revela las debilidades y deficiencias de las leyes vigentes. El estudio presenta una descripción general del proceso de vacunación y tratamiento del coronavirus en Puerto Rico a la luz del análisis de la información provista por las agencias gubernamentales a solicitud del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y la evaluación de los datos disponible en los portales web del gobierno.
En el contexto de este estudio la transparencia se considera un elemento esencial del buen gobierno responsable, que conduce a la asignación más eficiente de los recursos gubernamentales, por tanto, a un mayor crecimiento económico, convirtiéndose en una importante herramienta en la participación ciudadana, la prevención de la corrupción, la generación de confianza en el gobierno y un componente esencial para favorecer el derecho a la información de la ciudadanía. El hecho de que la sociedad pueda formarse una opinión sobre la gestión gubernamental, el gasto público y de esta forma puedan vincularse y participar en las actividades que llevan a cabo las entidades públicas requiere una política púbica a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
El 26 de marzo de 2021 el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, Inc. (Centro de Gobernanza) hizo un reclamo al gobierno a transparentar y rendir cuentas para garantizar que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos de COVID-19 se distribuyan y se administren con transparencia y se rinda cuentas. La carta enviada a los funcionarios públicos (Secretario del Departamento de Salud, Director del Instituto de Estadísticas y el Ayudante General de la Guardia Nacional) puntualiza que es impostergable que los ciudadanos conozcan la información crítica que aún permanece oculta debido a estrictas cláusulas de confidencialidad. Cuánto cuestan las vacunas y cómo se distribuyen son detalles que la sociedad tiene el derecho a saber. Además, criterios como costos, a quién se compran, el cronograma de distribución y los grupos prioritarios a impactar son áreas críticas que el gobierno tienen la obligación de revelar. Además, el 5 de mayo de 2021 se hizo una solicitud de información adicional para atender el vacío de datos e información con los recursos fiscales asignados para atender el proceso de vacunación y tratamientos para el COVID-19.
Los resultados del estudio de investigación destacan que el proceso operacional y clínico del manejo de la pandemia en Puerto Rico cumple con la mayoría de los indicadores internacionales de las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial. Las áreas de oportunidad que surgen del estudio para mejorar el proceso están relacionadas con la necesidad apremiante de publicar los datos relacionados con los fondos recibidos y el detalle de cómo se gastaron, cómo y a qué entidades se asignaron y la población impactada. Para gestionar más eficazmente el impacto de la pandemia, los resultados del estudio puntualizan que es crucial configurar objetivos relativos a la salud; el fortalecimiento de la gobernanza pública y las capacidades institucionales; las competencias del capital humano y transformar el ecosistema de innovación en tecnologías, productos y servicios.
Relexiones finales
Desde el punto de vista de la gobernanza pública, para adelantar un marco jurídico y normativo sobre transparencia gubernamental a la altura de los tiempos el Centro de Gobernanza plantea que es imprescindible utilizar los indicadores reconocidos como las mejores prácticas que surgen de los resultados de los estudios de investigación y el trabajo pedagógico que realizamos. Asimismo, la legislación sobre transparencia debe cumplir con los principios establecidos en la ley modelo interamericana sobre transparencia y acceso a la información pública.
Para superar las deficiencias de las leyes de transparencia, acceso a la información y datos abiertos, el Centro de Gobernanza invita a los medios de comunicación, la academia, a las ONGs, al sector empresarial y a la ciudadanía en general a unirse al llamado de las organizaciones internacionales a exigir que el gobierno transparente la información y provea acceso a la información y los resultados de la gestión de los asuntos públicos. Más aún, la legislatura debe hacer un esfuerzo auténtico para evaluar la implantación del marco jurídico vigente y encaminar los cambios sustantivos que se requieren.
Para mejorar la transparencia de la información es impostergable reconstruir el marco normativo de transparencia y acceso a la información vigente y su aplicación para volver a crear instituciones sólidas para el bien público, el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo social sostenible. La información es poder. Por tanto, el acceso universal a la misma es una piedra angular de sociedades del conocimiento saludables e inclusivas.
Los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, cuando van a las urnas. Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones. A medida que transformamos nuestra sociedad para hacer frente a los desafíos comunes que encaramos la transparencia de la información constituye la piedra angular de los esfuerzos encaminados a mejorar la gobernabilidad, impulsar el crecimiento económico inclusivo y propiciar el desarrollo social sostenible para lograr un futuro más próspero, informado y resiliente. El derecho a saber comienza con el deber de los ciudadanos de preguntar y exigir al gobierno que transparente la información. Ejerce tu derecho a solicitar información. Haz una solicitud de información usando de modelo el formulario que incluimos (oprima aquí). #DerechoASaber
