“El llamado es a institucionalizar los principios rectores de buen gobierno para mejorar los resultados de la gestión pública en beneficio del bien común de la sociedad y resolver la discordancia entre las palabras y los hechos para prevenir, combatir y penalizar la corrupción que le resta oportunidades al bien común de la sociedad y el desarrollo económico del país”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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La corrupción es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía y la transparencia de la información de la gestión pública es una herramienta potente para prevenirla, combatirla y penalizarla. En un momento extremadamente retador y difícil para Puerto Rico continuamos observando que políticos y funcionarios públicos proclaman a viva voz que no van a tolerar la corrupción y que su gestión es transparente. Sin embargo, existe una profunda preocupación por el incremento exponencial de los casos de corrupción, los pobres resultados de la gestión gubernamental, el deterioro del estado de derecho y la ausencia de transparencia.
Vemos que esta inconsistencia, es decir la realización de actos que desdicen de la intención declarada, tiene raíces profundas causadas por un balance equivocado de los principios y valores en juego y los intereses en conflicto. Un balance que termina por frustrar el logro del bien común de la sociedad. La realidad es que el aumento en la incidencia de los actos de corrupción y el desgobierno continúan erosionando la confianza de los ciudadanos en el gobierno y restando credibilidad, produciendo frustración y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y políticas y la administración pública.
A modo de ejemplo, los actos de corrupción y los arrestos más recientes reseñados en la prensa relacionados con el esquema ilegal de recaudación de fondos de las campañas políticas y las acusaciones contra funcionarios públicos y empresarios gestores de varios esquemas de corrupción en la contratación pública y los nombramientos de personal en las municipalidades, las agencias gubernamentales y la legislatura evidencian el mal sistémico de la corrupción que vive el país. Por ello, es impostergable mejorar la gobernanza y las capacidades de las instituciones de gobierno para propiciar la gobernabilidad en beneficio del bien común y prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
Los hechos validan que las viejas prácticas de gobernar continúan aumentando la desigualdad y la pobreza y restándole oportunidades de mejor calidad de vida y de movilidad social a los ciudadanos. Esta realidad reafirma la paradoja del refrán popular que dice que del dicho al hecho hay un largo trecho. Este refrán se refiere a que lo expresado no coincide con las acciones o los caminos que se deben seguir para cumplir con el objetivo establecido de mejorar la gobernanza y combatir la corrupción.
Es evidente que la corrupción y el desgobierno es tanto una causa como una consecuencia de una gobernabilidad deficiente. Es una causa ya que impide que el gobierno cumpla con su papel de prestar servicios de calidad a la sociedad y propiciar el acceso a la justicia. Es una consecuencia porque las instituciones gubernamentales, las leyes y las políticas públicas ineficaces pueden alimentar y contribuir a una cultura de impunidad. Es decir, la solución normativa y regulatoria se queda corta cuando se idean y ponen en marcha esquemas deliberados de corrupción que cuentan con todas las capacidades jurídicas y financieras para aparentar el cumplimiento de la norma, pero al final logran desviar las decisiones públicas a su favor, con el apoyo de políticos, empresarios y empleados gubernamentales.
Asimismo, la experiencia nos ha demostrado que el estado de derecho y la corrupción son las dos caras de una misma moneda. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que la corrupción es un impedimento grave para el estado de derecho, ya que socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia y entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación (ONU, 2012). Es reconocido que, por su naturaleza sistémica, multidimensional y multicausal, el análisis de la corrupción y el estado de derecho presentan una relación de retroalimentación negativa: a mayor presencia, alcance e intensidad de uno el otro tiende a erosionarse. Es decir, controlar la corrupción de forma efectiva requiere de un mejor estado de derecho y de manera inversa, una reducción de los actos de corrupción contribuye al fortalecimiento del estado de derecho.
Del análisis del andamiaje jurídico y el marco institucional surge que el Código Anticorrupción adoptado en 2018 fue un paso en la dirección correcta pero no suficiente para combatir la corrupción. Se observa que esta legislación no ha logrado, como mínimo, frenar la corrupción gubernamental y mejorar las prácticas para su efectiva implantación. Continuamos viendo que los procesos de contratación pública que involucran sumas significativas de dinero y recursos públicos siguen siendo atractivos para actos de corrupción, como lo ilustran los casos de corrupción en los municipios en la contratación de los servicios de desperdicios sólidos y la pavimentación de carreteras que involucra a alcaldes, funcionarios públicos y empresarios. Asimismo, es necesario cuestionar el financiamiento de campañas políticas que se ha convertido en una fuente de corrupción, un factor de inequidad y restricción del derecho a ser elegido, e incluso un limitante para el ejercicio de la política. Vemos que la corrupción está vinculada a la politización de la administración pública y en términos de incidencia no es solamente el soborno y/o el fraude. El clientelismo, el amiguismo y el nepotismo son también prácticas malsanas y modalidades de corrupción.
Más aún, la corrupción genera desconfianza, dificulta el desarrollo económico, perjudica la integridad gubernamental y del sector privado y desvía los fondos destinados a atender las necesidades esenciales de la población y reducir la pobreza. Actúa como una especie de impuesto oculto, un gasto indirecto ilegal que disuade a los inversores, lo que causa baja productividad, pérdidas de empleos y en última instancia inhibe el desarrollo y la prosperidad del país. La corrupción también entorpece la creación de pequeñas y medianas empresas que podrían generar riqueza para el bien común de la sociedad. Sobre todo, cuando desaparece la confianza se crea incertidumbre, se deteriora la economía y desciende la calidad de los servicios. Para atender el problema es impostergable regenerar la gobernanza y transparentar la información pública.
La buena gobernanza pública es considerada un antídoto para la corrupción. Al analizar este fenómeno la literatura académica coincide en señalar que si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten y las personas que la fomentan. Entre las causas principales se destacan las siguientes:
- Un sistema ineficiente de gobernanza que la fomenta al no ejercer los controles necesarios sobre los actos de los funcionarios públicos.
- La politización de la administración pública en su expresión clásica de partidocracia, entendida como el manejo de lo público en función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político que se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a los activistas de un partido.
- Opacidad de la Información. El manejo oculto de la información pública que genera un ambiente propicio para la corrupción.
- La impunidad. Los responsables de actos de corrupción no son castigados conforme a las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad. La falta de sanciones y consecuencias, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción siga creciendo.
- Una escala distorsionada de valores. Se ha perdido el sentido de la búsqueda del bien común. La actividad política sólo se considera como un medio para lograr el enriquecimiento rápido y fácil, sin importar cómo.
Desde el punto de vista de la gobernanza pública, los resultados de los estudios empíricos realizados por la academia y las entidades internacionales han puntualizado que la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y Estados. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder y la ineficiencia burocrática son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a las malas prácticas de la corrupción. Desde el punto de vista económico, a nivel mundial la experiencia nos muestra que la corrupción se vale del inversionismo político, la evasión contributiva, la contratación de grandes obras de infraestructura y tecnología, la privatización de servicios sin los debidos controles y fiscalización, de la existencia de monopolios y de los paraísos fiscales.
En política, entendida como el arte de gobernar, como en otros ámbitos de la vida, no hay una correspondencia lineal entre buenas intenciones y logros pues la realización de propósitos colectivos depende de la acción concertada y consistente de muchas personas. El fenómeno de la corrupción, como un elemento de la cultura, se alimenta de una forma de actuar que, por su frecuencia, pareciera ser una conducta natural y normal, pero en realidad pueden constituir conductas ilegítimas, poco éticas y hasta ilegales.
La función pública exige altos niveles de responsabilidad, integridad y transparencia. El llamado es a institucionalizar los principios rectores de buen gobierno para mejorar los resultados de la gestión pública en beneficio del bien común de la sociedad y resolver la discordancia entre las palabras y los hechos para prevenir, combatir y penalizar la corrupción que le resta oportunidades al bien común de la sociedad y el desarrollo económico del país.
Agosto 2022
