“El futuro de Puerto Rico es responsabilidad de todos y se construye con las acciones concretas que tomemos HOY. No podemos rehuirle a la coyuntura histórica de la nueva época que nos ha tocado vivir.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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La gobernanza y la política van de la mano en el proceso de gobernar. Por ello, la necesidad inaplazable de mejorar real y efectivamente los resultados de la gestión gubernamental del gobierno y la administración pública en la formación de capacidad y valores para el buen gobierno. En esta coyuntura, finalizado el proceso electoral, el gobierno entrante debe focalizar su agenda pública en un contexto de nuevas realidades que favorecen y reclaman nuevas formas de gobernar.
El nuevo gobierno enfrenta el desafío de la gobernabilidad en un nuevo escenario de gran incertidumbre y complejidad. La pandemia de COVID-19 ha afianzado las debilidades de la gobernanza y las capacidades institucionales que ya venían deterioradas. Es palpable que esta pandemia nos ha planteado grandes lecciones que debemos utilizar para encauzar los cambios trascendentales que nos plantea la nueva época que vivimos.
La crisis económica, financiera, política y social que vivimos, agravada por la pandemia, obliga al nuevo gobierno a rediseñar los marcos institucionales y de gestión gubernamental que han prevalecido hasta el presente. No cabe duda de que la débil gobernanza, la opacidad de la información y la negligencia fiscal de los pasados gobiernos propiciaron el fracaso de las políticas públicas implantadas y los pobres resultados de la gestión pública.
Los estudios del Centro de Gobernanza durante los pasados ocho años plantean que las últimas décadas han mostrado que la pluralidad y la alternancia política no son condiciones suficientes para contar con gobiernos eficaces. Por ello, el desafío del nuevo gobierno es cerrar la brecha entre los compromisos de su programa de gobierno y las acciones concretas que en la práctica logre cristalizar para mejorar la gobernanza, la economía y el bien común de la sociedad. Los estudios puntualizan que para adelantar la recuperación del país y encaminar las reformas inaplazables requeridas es altamente necesario afrontar los retos de mejorar la economía, propiciar la generación de empleos y la creación de riqueza y atender las causas de la inequidad social. Es impostergable transparentar la información pública como paso indispensable hacia la recuperación de la confianza de los mercados financieros y hacia la responsabilidad del gobierno para con la ciudadanía de rendir cuentas por su gestión.
Asimismo, es improrrogable la transparencia fiscal que propicia que las decisiones económicas del gobierno se basen en evaluaciones precisas y compartidas de la situación fiscal actual, un análisis de costo-beneficio de cualquier cambio de política propuesto y los riesgos potenciales a las proyecciones fiscales. El ejercicio de la transparencia fiscal proporciona al legislador, los mercados y a los ciudadanos la información necesaria para la toma de decisiones financieras adecuadas y permite el reclamar al gobierno rendir cuentas sobre los resultados fiscales y la utilización de los recursos públicos.
Está claro que tenemos que retomar el rumbo del buen gobierno para crear oportunidades. Controlar la pandemia requiere de convergencia y articulación entre las políticas de salud, económicas, sociales y productivas. Un elemento importante para considerar el abordaje de los desafíos de esta crisis es la divergencia en el manejo de su respuesta. La prosperidad compartida y el desarrollo social inclusivo serán una realidad si mejoramos la calidad de la gobernanza y cada sector aporta desde su quehacer a su construcción con auténtico interés por el bien común. En este quehacer contamos con el talento, la voluntad y el compromiso de todos.
El reto inmediato del gobierno entrante es cristalizar las prioridades de la sociedad de una manera clara, transparente y fácil de comunicar y lograr atender de manera eficiente las necesidades esenciales de la población para guiar la implantación de políticas públicas eficaces para desarrollar la economía y propiciar el bien común de la sociedad. De igual modo, es impostergable adoptar un marco jurídico robusto y coherente para enfrentar el grave problema de la opacidad de la información que fomenta la corrupción. Asimismo, debemos utilizar las grandes lecciones que surgen de las crisis vividas en años recientes para encauzar los cambios trascendentales que nos plantea la nueva época que vivimos.
Más aún, los resultados electorales del 2020 afirman que el país experimenta una transformación sistémica que debe dar paso a cambios estructurales de gran trascendencia para mejorar la gobernabilidad y forjar la cultura de buen gobierno que requiere el país para atender los desafíos económico, fiscales y sociales. Estos resultados dejaron claramente establecido que las reglas de juego del proceso de gobernar han cambiado y que la gente está tomando conciencia de ello.
En el fondo de estas nuevas realidades, el gobierno entrante encara una crisis de credibilidad y un deterioro de la confianza de nuestras más importantes instituciones gubernamentales, incluido el sistema electoral. Entre los factores que han contribuido en gran medida a esta situación se encuentran los problemas de gobernanza, las políticas públicas desacertadas y fragmentadas, la negligencia fiscal, la falta de capacidad institucional y directiva, la ausencia de competencias de liderazgo, dirección y administración y el marcado incremento de la corrupción pública.
En este contexto, la agenda del nuevo gobierno debe estar enfocada en lograr resultados y debe trascender la discusión estéril de la cantidad de gobierno o del tamaño óptimo del gobierno hacia uno que se enfoque en la capacidad, la eficacia y la calidad de las instituciones gubernamentales, la formulación de presupuestos balanceados y la responsabilidad fiscal en el uso de los recursos públicos y el pago de las pensiones. Asimismo, la llegada de una nueva administración gubernamental provee una oportunidad para articular estratégicamente la transformación del país utilizando como guía los principios rectores de la buena gobernanza pública cuyos pilares se sustentan en la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal y la lucha para combatir la corrupción.
Impostergable articular una nueva forma de gobernar
Las reglas de juego para gobernar en el contexto de esta nueva época exigen acciones congruentes para lograr una auténtica gobernanza focalizada en el logro de resultados. En el contexto crecientemente complejo e interdependiente en el que vivimos, caracterizado por una sociedad abierta y democrática, el aumento de la complejidad y de la interdependencia es precisamente la causa de que las formas de gobierno tradicionales hayan sido sustituidas por modelos de gobernanza.
En los pasados años la gobernanza ha emergido como un factor central para movilizar la gobernabilidad en ambientes de cambios acelerados y de gran incertidumbre como el que vivimos. Los cambios en los procesos de desarrollo de los países a nivel mundial han evidenciado que ciertas formas de gobernanza son críticos para alcanzar resultados eficientes. La pregunta obligada que debemos responder para atender el entramado de relaciones entre los factores sociales y económicos que inciden en el desarrollo es ¿por qué la gobernanza es importante para los procesos de desarrollo económico? La respuesta, a base de la experiencia está relacionada con argumentos fundamentales sobre lo que constituye el verdadero proceso de desarrollo económico inclusivo que nos recuerda la inseparabilidad de lo económico y lo social para la formulación de políticas públicas que propicien la competitividad socioeconómica.
La actual aceleración de la historia impone como requisito el reconocimiento del carácter plural y diverso de la sociedad. Más allá de los esquemas tradicionales de gobernabilidad en que el gobierno “gobierna a la gente” el proceso de gobernar en la coyuntura actual demanda que el gobierno “cogobierne con la sociedad”. El verdadero reto de gobernar en la nueva realidad reside en la capacidad de los gobiernos de construir redes efectivas de colaboración que apoyen la identificación y definición clara de los problemas prioritarios y más urgentes que pueden ser resueltos a escala social. Esto genera la cohesión social necesaria para implantar las acciones concretas para lograr las soluciones.
En este sentido, el Dr. Luis Aguilar Villanueva en la Cátedra Magistral 2015 del Centro de Gobernanza planteó que “la respuesta a los complejos problemas de la sociedad no puede venir de la sola acción de los gobiernos. Para lograr resultados en beneficio de la sociedad se requiere de la acción coordinada de los distintos actores sociales, económicos y políticos implicados.” Aguilar define la gobernanza como el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia fundamentales y coyunturales, así como las formas de coordinarse para realizarlo, es decir, su sentido y su capacidad de dirección. En consecuencia, el concepto indica dos dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad, la intencionalidad y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades.
En la época que vivimos definida por el agotamiento de la política, la incertidumbre económica y el debilitamiento de la gobernanza, la construcción del buen gobierno y el bien común es impostergable. No cabe duda de que la débil gobernanza, la opacidad de la información y la negligencia fiscal de los pasados gobiernos propiciaron el fracaso de las políticas públicas implantadas y los pobres resultados de la gestión pública. La crisis económica, financiera, política y social de hace más de una década obliga al nuevo gobierno a rediseñar los marcos institucionales y de gestión gubernamental que han prevalecido hasta el presente.
Es indudable que, para lograr resultados en beneficio del bienestar común, el gobierno tiene la oportunidad de focalizar su gestión en la definición clara de los problemas de la sociedad y las necesidades esenciales de la población. Los problemas constituyen el eje de la acción gubernamental, la materia prima del proceso de gobernar. Por ello, generar resultados para atender problemas complejos como los que vivimos exige reconocer que tenemos que desarrollar políticas públicas coherentes y trabajar en redes de gobernanza, lo que implica diversidad, pluralidad e inclusión de actores e intereses que se juntan para coproducir soluciones y resultados para generar gobernabilidad.
Revertir el espiral descendente de la confianza en la gestión gubernamental exige que la administración entrante focalice su agenda pública en mejorar la calidad de la gobernanza; delinear un mapa de ruta para el desarrollo económico, una reforma de la estructura gubernamental y un conjunto de medidas para enfrentar el grave problema de la opacidad de la información que fomenta la corrupción para eliminar la percepción de impunidad que ha prevalecido hasta el presente. Además, es imprescindible formular de manera prioritaria presupuestos abiertos y equilibrados y un plan fiscal que atienda las necesidades esenciales de la población y que priorice el pago de las pensiones.
El verdadero desafío para cerrar la brecha entre buen gobierno y bien común consiste en adoptar estrategias y procesos concertados y fundados en pro de una mejor gobernanza y formular políticas económicas que propicien la prosperidad compartida y el bien común de la sociedad. La necesidad de construir sinergias y generar complementariedad para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo e inversión requiere de una estrategia que permita incrementar el impacto de los programas, proyectos y políticas públicas y reducir la duplicidad de esfuerzos para un uso más eficiente y focalizado de los recursos limitados disponibles.
El contexto de la función pública en tiempos de pandemia nos obliga a levantar nuevos cimientos que detengan la carrera hacia el espiral de decadencia de la gestión pública. Hoy es más que evidente que tenemos que superar la barrera de falta de voluntad política para proceder a los necesarios cambios en la cultura de hacer gobierno por diversas razones: (1) porque las lecciones aprendidas durante esta pandemia evidencian la posibilidad de hacer las cosas de forma distinta y con buenos resultados, los ejemplos de Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Finlandia son testimonio fehaciente de los resultados positivos de una buena gobernanza; (2) porque los resultados demuestran la ineficiencia de la forma actual en que hemos gobernado; y (3) porque desde el ámbito de los centros de pensamiento y la academia es posible, necesario y hasta obligado continuar generando nuevo conocimiento, interpretaciones y respuestas diversas para atender los problemas sociales y económicos que nos afectan.
Reflexiones finales
El futuro de Puerto Rico es responsabilidad de todos y se construye con las acciones concretas que tomemos HOY. No podemos rehuirle a la coyuntura histórica de la nueva época que nos ha tocado vivir. Los cambios estructurales que debe llevar a cabo el sector político y el sistema de gobernanza pública para afrontar los retos que encaramos son monumentales. La clave para ser exitosos está en saber valorar la diversidad de experiencias y saberes del mosaico de instituciones y actores que compone la sociedad para estimular la coproducción de ideas y configurar las bases fundacionales requeridas para construir un mejor país.
El principal reto para construir un futuro mejor es asegurar que el buen gobierno se convierta en una fuerza impulsora para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente y cerrar la brecha de la desigualdad social. Para lograrlo es necesario un cambio sustancial en las prácticas de gobernanza, elevar la capacidad institucional y directiva de la gestión pública y un alto grado de consistencia en las políticas públicas.
Los tiempos de crisis recurrente, como los que vivimos, son siempre propicios para el diálogo abierto y transparente de los retos que enfrentamos como sociedad y la construcción del mapa de ruta para la acción. Quizás no haya un desafío más crítico y apremiante que articular un sistema de gobernanza pública que propicie el desarrollo económico inclusivo y la prosperidad. En esta gesta histórica estamos todos convocados y listos para iniciar la implantación de los cambios impostergable que nos reclama la historia.
