“Enfrentar la corrupción además de ser extremadamente retador desde el punto de vista técnico implica necesariamente voluntad política auténtica por parte de los responsables de la toma de decisiones. También requiere de un compromiso firme de los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos.”
Por: Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Oprima aquí para acceder al artículo en PDF
La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura de impunidad. Es un fenómeno complejo cuyas causas en muchas ocasiones es el resultado de problemas profundamente arraigados en la sociedad, de distorsiones en las políticas públicas, de marcos jurídicos incoherentes y desarticulados y de debilidades y disfuncionalidades en la gobernanza.
Los recientes acontecimientos de corrupción política continúan profundizando la pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno. Es evidente que las instituciones gubernamentales han sido capturadas por élites que están desconectadas de las necesidades de sus electores o son cómplices en esquemas ilícitos que benefician a un grupo privilegiado a expensas de los ciudadanos comunes.
En Puerto Rico, podemos afirmar que el país viene enfrentando un problema de corrupción sistémica. La transparencia y la integridad de lo público no han sido las virtudes que han distinguido la generación de políticos, funcionarios públicos y empresarios de las pasadas décadas. Esta realidad puntualiza la necesidad de que los partidos políticos y las administraciones gubernamentales consideren la corrupción como un asunto de precariedad de la gobernabilidad y de claro interés social. El problema central de la corrupción en los gobiernos es que plantea dilemas de gobernanza para los políticos. Los efectos de la corrupción y el tráfico de influencias tienen un amplio alcance ya que afectan las decisiones y los servicios públicos que presta el gobierno a la población. Estas redes de influencia utilizan pagos ilegales (sobornos y empleados fantasmas), pero también construyen redes de influencia a través de pagos legales (donativos a partidos políticos o empleo de amigos y familiares).
Impacto e implicaciones de la corrupción
Desde la década del ´90, la corrupción ha surgido como un factor disruptivo en la realidad internacional. Al día de hoy, no existe país, región, bloque o continente que no padezca los efectos de esta realidad multifacética. Diversos sectores de la economía y la sociedad se han visto impactados por prácticas corruptas que difícilmente parecen ceder ante los esfuerzos combinados de los actores sociales. La literatura académica puntualiza que los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción demuestran que ésta destruye a un país desde adentro. Los estudios señalan que este fenómeno tiene serios costos socioeconómicos; profundiza las desigualdades sociales y la pobreza; viola el ordenamiento jurídico, a su sombra se esconde el abuso de la función pública, la arbitrariedad y el desconocimiento del estado de derecho.
Además, se ha encontrado que la corrupción atenta contra el estado de derecho que impera en un país y se opone al interés público y al bienestar común; reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta al gasto gubernamental; y provoca desencanto político y la gente pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en la democracia como sistema. La corrupción resta legitimidad a las instituciones públicas y alimenta la violencia social. Los estudios de investigación académica coinciden en que la creciente abstención del electorado obedece, entre otras causas, al desencanto ciudadano frente a la evidente corrupción de los políticos.
En el ámbito político, la academia y los organismos internacionales han puntualizado que la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y Estados. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder y la ineficiencia burocrática son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a las malas prácticas de la corrupción. Desde el punto de vista económico, a nivel mundial la experiencia nos muestra que la corrupción se vale del inversionismo político, la evasión contributiva, la contratación de grandes obras de infraestructura y tecnología, la privatización de servicios sin los debidos controles y fiscalización, de la existencia de monopolios y de los paraísos fiscales.
Existe consenso de que la corrupción, tiende a encarecer la inversión pública, reduciendo su productividad -y por sobre todo genera cuantiosas pérdidas de recursos por inversiones no económicas-. Por ello, no sólo el tamaño, pero la composición y calidad asociada con programas de inversión pública son afectadas por la corrupción. En general, las inversiones en países vistos como altamente corruptos tienden a mostrar deficiencias en la educación, la salud y en otros servicios públicos porque las erogaciones en proyectos costosos reducen el apoyo financiero para educación y otras inversiones en infraestructura social. Esto sugiere que la corrupción tiende a restarle oportunidades a las futuras generaciones. Los efectos de este estado de situación son extremadamente dañinos, ya que producen efectos multiplicadores en la economía.
Desde la óptica social, la corrupción es considerada como factor determinante de la extrema pobreza y la desigualdad social que padecen las sociedades de nuestros tiempos. La literatura le otorga un papel preponderante a la transparencia de la información y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos como medio para fortalecer el vínculo social entre el gobierno y los distintos actores de la sociedad. De igual forma, se ha comprobado empíricamente que la corrupción pone en peligro la estabilidad de la democracia. La situación es realmente alarmante porque la corrupción no solo mina la eficiencia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido político que gobierna por ende a toda la clase política. Los partidos políticos son una de las instituciones de la sociedad con mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Están desprestigiados, no articulan proyectos políticos convocantes y sus dirigentes concentran cada vez mayor poder en sí mismos y no en sus constituyentes. Su financiamiento no es transparente y no cumplen su función social.
La corrupción en Puerto Rico: un desafío para la gobernanza
La corrupción ocupa el primer lugar en el monitoreo de medios de los temas de interés que analizamos en el Observatorio Puerto Rico Transparente. De acuerdo con el análisis de la red de investigadores del Centro de Gobernanza este fenómeno ya se ha convertido en una práctica dañina que pone en riesgo el bien común de la sociedad. Los resultados del estudio de investigación sobre Gobernanza y responsabilidad fiscal: una plataforma para la gestión de los asuntos públicos en Puerto Rico realizado en el 2014 puntualizan que los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción son contrarios al interés público y al bienestar común; reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta el gasto gubernamental; provoca desencanto político y la gente pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en el sistema democrático.
La pregunta obligada luego del verano del 2019 es ¿cómo los puertorriqueños podemos construir un mejor gobierno que genere resultados de impacto positivo para la sociedad? Dado que la corrupción entraña un mal sistémico que opera a favor de intereses particulares y no en favor del interés público y el bien común, pocos temas de política pública son tan complejos como la lucha contra la corrupción. El complejo entramado de factores que está presente coloca a los diseñadores de políticas públicas en un denso y tupido entramado de asuntos por la complejidad técnica que conlleva encontrar su solución. Enfrentar la corrupción además de ser extremadamente retador desde el punto de vista técnico implica necesariamente voluntad política auténtica por parte de los responsables de la toma de decisiones.
También requiere de un compromiso firme de los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. Se hace necesario poner al ciudadano al centro de la gestión pública y la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución. Es necesario desarrollar temas informáticos robustos y controles de seguridad para dar apertura y transparencia a la información pública. Los datos, las estadísticas gubernamentales y los documentos públicos deben estar disponibles de forma abierta para la ciudadanía, solo transparentando la información podemos promover la innovación y evitar la corrupción.
Para atender el circulo vicioso de la corrupción se necesita atender la distinción entre gobierno y partido político que abre espacios oscuros para las conductas corruptas. Cada vez se hace más necesario poner al ciudadano al centro de la gestión pública y la coherencia y la articulación de la acción pública en términos de la definición clara de los problemas, la toma de decisiones y su ejecución. Antes de adoptar un curso de acción o política pública para generar soluciones a un asunto público es necesario identificar con precisión el problema y definir las necesidades reales de los ciudadanos. Este esfuerzo depende de la capacidad de los actores públicos y la sociedad civil para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados y calibrar los riesgos. La improvisación y la formulación de políticas públicas y proyectos “fast track” debe ser remplazada por la formalidad y rigor de los protocolos diseñados para formular la política pública.
Reflexiones finales
El gran desafío de los partidos políticos en el proceso electoral que se avecina es asegurar que se presenten candidatos dignos sobre los cuales tengan certeza de su capacidad e integridad para ocupar un cargo público. Los partidos políticos son una de las instituciones de la sociedad con mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Están desprestigiados, no articulan proyectos políticos convocantes y sus dirigentes concen-tran cada vez mayor poder en sí mismos y no en sus constituyentes. Su financiamiento no es transparente y no cumplen su función social.
Dado que los partidos políticos no han mostrado interés en adoptar las buenas prácticas de gobernanza que desalientan la corrupción, es el momento de que los ciudadanos le exijamos este compromiso con la sociedad y que fiscalicemos que lo cumplan. Lo cierto es que las deficiencias en la selección de los candidatos políticos traen como resultado malas administraciones, clientelismo y corrupción. La situación es realmente alarmante porque la corrupción no solo mina la eficiencia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido político que gobierna y a toda la clase política.
Elevar al próximo nivel la gesta ciudadana del verano de 2019 nos obliga a comprometernos a provocar los cambios impostergables de los partidos políticos, responsabilizarnos como electores y ejercer el derecho al voto para asegurar la mejora de la gobernanza y el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, el voto es un instrumento muy poderoso, pero no suficiente, que tiene el pueblo en sus manos para contribuir al control de la corrupción. Para avanzar en mejorar la gobernanza, desarrollar políticas públicas eficaces y combatir la corrupción es necesario adelantar en la consolidación la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal como estrategia para forjar una cultura de buen gobierno.
Diciembre 2019
