“El país no puede quedar al margen de las necesidades que plantea el cambio de época que estamos atravesando con retos de gran profundidad en la esfera social, económica, política y ambiental. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan medidas urgentes para cambiar el rumbo de la sociedad.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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Puerto Rico atraviesa por un momento histórico crítico. Aunque cada vez más personas participan de la vida pública, el tejido de la sociedad y la vida democrática está perdiendo firmeza. En esta instancia, el país no puede quedar al margen de las necesidades que plantea el cambio de época que estamos atravesando con retos de gran profundidad en la esfera social, económica, política y ambiental. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan medidas urgentes para cambiar el rumbo de la sociedad. Atrás quedaron los tiempos en que cada uno buscaba solo el bien propio. Hoy es prioritario unir voluntades y talentos y atrevernos a transformar estructuras y paradigmas.
Más allá de los desafíos y sus efectos, lo que está en juego es la necesidad de replantear de arriba abajo la propia concepción del país que queremos en este gran momento de cambio de época. Si algo nos ha unido en los pasados años es nuestra sensación de vulnerabilidad sobre el presente y la incertidumbre sobre el futuro. Vivimos momentos de gran complejidad que están demostrando una penosa incapacidad de generar transformaciones y modelos alternativos de configuración de la sociedad, la negación de los problemas, la postergación de las soluciones, el cortoplacismo y la competencia obsesiva que terminan reduciendo al mínimo la capacidad transformadora de la sociedad.
En este sentido, resulta evidente y se ha comprobado nuevamente en las pasadas semanas el deterioro de la gobernanza pública y la incapacidad de nuestras instituciones de adelantar los cambios inaplazables que requiere nuestro sistema de educación. La realidad que vivimos nos plantea un verdadero desafío y exige una responsabilidad real. Nuestro país cuenta con una extraordinaria riqueza histórica y cultural, pero también encara desafíos monumentales por el deterioro de la gobernanza y el desgaste de las capacidades institucionales que nos deben movilizar a tomar la iniciativa y llevar a cabo acciones para propiciar la gobernabilidad y transformar el país.
En el plano educativo, que desde antaño se reconoce como un importante motor que propicia cambios positivos, se nos plantean desafíos nuevos, urgentes e importantes. En Puerto Rico el diagnóstico es claro, sabemos que la educación en su forma actual no está cumpliendo su promesa de ayudarnos a formar sociedades justas, sostenibles y pacíficas. Nuestro actual sistema educativo no está consiguiendo hacer frente a estos alarmantes retos ni proporcionar un aprendizaje de calidad para todos a lo largo de toda la vida. Más aún, la inexplicada renuncia del secretario de educación y el fallido nombramiento de inmediato de su sucesor deja nuevamente al descubierto la verdadera fisura de la gobernanza en la gestión de los asuntos públicos. No se trata de gobernar para propagar ideologías y perpetuar las malas prácticas de toma de decisiones a favor de intereses particulares, sino de enfocarse en atender las necesidades de la población y encaminar el país hacia una verdadera transformación en beneficio del bien común de la sociedad.
A estos desafíos se le suma la insostenible ola de violencia y criminalidad que vive el país. La única forma de reducir a largo plazo y de manera sostenible la tasa de crímenes y violencia que nos afecta exige mejorar la formulación de las políticas públicas, regenerar la gobernanza, combatir la impunidad, mejorar el estado de derecho e invertir en la educación. El definir bien las políticas y su buena ejecución mejora la gobernabilidad fortalece la democracia, en el entendido de que se propicia el bienestar de la sociedad. Por ello, las políticas públicas dirigidas a enfrentar el problema de la criminalidad deben abordar las causas tanto a nivel macro (el desempleo, la desigualdad, la ausencia del estado de derecho, la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad y la presencia del crimen organizado) como a nivel individual (como la edad y el sexo de una persona). Las intervenciones dirigidas y eficientes requieren una comprensión integral de la escala de la criminalidad y sus diversas causas, lo cual es esencial para garantizar que las metas dirigidas a elevar la calidad de vida sean alcanzables.
En tiempos en que la economía está cada vez más basada en el conocimiento, el futuro del país depende más que nunca de la educación y las capacidades de su gente. Es reconocido que la educación es el elemento imprescindible para reconstruir el tejido social. De acuerdo con el economista Kevin Watkins, la importancia de la educación reside en su función como catalizador del crecimiento económico, la creación de empleos y una mayor movilidad social. Aquellos países que no logren crear sistemas de educación inclusivos se enfrentarán a un crecimiento lento, mayor desigualdad y pocas oportunidades en la economía internacional.
La educación debe volver a ocupar un lugar prioritario si queremos mejorar la calidad de vida, potenciar la prosperidad compartida y lograr el bien común de la sociedad. El contexto actual exige educar para la convivencia, el compromiso con los demás y con el planeta como vías hacia el desarrollo sostenible y la equidad. La situación exige repensar la educación para colocar como prioridades el aprender para solucionar problemas, pensar críticamente y tomar decisiones que convienen individual y colectivamente. Para romper paradigmas, la inteligencia colectiva nos debe permitir compensar la ineptitud y la falta de responsabilidad de muchos de nuestros dirigentes.
Por ello, tenemos que replantearnos el conocimiento, la educación y el aprendizaje en un entorno de crecimiento de la complejidad, la incertidumbre y las precariedades. De acuerdo con la UNESCO las reformas a emprender deben basarse en los amplios principios que sustentan los derechos humanos (inclusión y equidad, cooperación y solidaridad, así como responsabilidad colectiva e interconexión) y deberá regirse por dos principios fundacionales:
Garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida. El derecho a la educación, establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe seguir siendo el fundamento del nuevo contrato social para la educación y debe ampliarse para incluir el derecho a una educación de calidad durante toda la vida. También debe abarcar el derecho a la información, a la cultura y a la ciencia, así como el derecho a acceder y contribuir al patrimonio común de conocimientos, es decir, los recursos de conocimiento colectivos de la humanidad que se han acumulado durante generaciones y que se transforman continuamente.
Reforzar la educación como bien público y común. En su calidad de esfuerzo social compartido, la educación crea propósitos comunes y permite que los individuos y las comunidades florezcan de forma conjunta. Un nuevo contrato social para la educación no solo debe garantizar que esta reciba financiación pública, sino que comprende también un compromiso de la sociedad en general de incluir a todos en los debates públicos sobre la educación. Es este énfasis en la participación lo que refuerza la calidad de patrimonio común de la educación, esto es, una forma de bienestar compartido que se elige y se logra conjuntamente.
Ante este escenario la agenda común se debe focalizar en articular el proyecto de vida para el país que exige la sociedad puertorriqueña para dar una respuesta clara y contundente a la demanda de buen gobierno para el bien común. Los cambios que reclaman los ciudadanos y exigen nuestros tiempos en la calidad en la prestación de servicios públicos y los resultados gubernamentales son monumentales. Necesitamos darle nuevo orden y dirección a las situaciones caóticas que vivimos para superar la dificultad y aprovechar la oportunidad para avanzar en la dirección de la gobernabilidad, el desarrollo social y económico, el fomento de la inversión, y la vigencia de los derechos ciudadanos para construir un mejor país.
Para avanzar y lograr mejores resultados tenemos que dirigir la mirada y el esfuerzo en otra dirección. Las reformas tienen que ser pensadas basadas en la inteligencia colectiva para mejorar las capacidades de las instituciones para que al mejorar el sistema mejoren los resultados.
Nuestra agenda común es impostergable… Tenemos que ser capaces de adoptar acciones conjuntas de forma urgente para cambiar de rumbo y replantearnos nuestro futuro.
Julio 2023
