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UN NUEVO PARADIGMA PARA LA GESTIÓN JUDICIAL EN PUERTO RICO: GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Por: Lcda. Alba López Arzola

Investigadora Principal

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Oprima aquí para acceder artículo en PDF


Un postulado  esencial  de  todo  estado  de  derecho  es  tener  una debida administración de la justicia -como servicio público prioritario- y permitir el amplio acceso a dicha justicia para garantizar el disfrute de los derechos humanos. En los sistemas republicanos de gobierno, como el nuestro, la administración de la justicia recae principalmente en la Rama Judicial. Este poder está constitucionalmente facultado para proteger y hacer efectivas las libertades y las garantías individuales frente a las actuaciones gubernamentales. Debe, además, resolver o adjudicar controversias sobre derechos y obligaciones entre partes privadas adversas, lo que permite asegurar la convivencia pacífica o el orden social.

A pesar de que la Rama Judicial tiene una misión tan fundamental para la sociedad, la ciudadanía tiene una percepción generalizada de que el aparato opera con demasiada dilación o falta de eficiencia en la resolución de las controversias que le son presentadas. Así también, “un sector significativo de la población puertorriqueña pone en duda la eficiencia del sistema, aún antes de entrar en contacto con él”.[1] El problema de la demora socava la legitimidad percibida del Poder Judicial -que es la aceptación de la autoridad de los tribunales y la percepción de la legalidad de las actuaciones judiciales- e incide en el acceso real a la justicia.[2]

A pesar de lo anterior, según el Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad de 2009 -un estudio sobre la legitimidad de los gobiernos desde el punto de vista de la población y de su satisfacción con la democracia- en Puerto Rico el cuarenta y un por ciento de los encuestados afirmó que confiaban en el sistema de justicia;[3] en tanto, el cincuenta y dos por ciento declaró que confiaba en el Tribunal Supremo, uno de los niveles de confianza más altos en la región.[4] Sin embargo, en los últimos años, la discusión pública está dirigida al tema de la calidad de la administración de la justicia. Existe un creciente debate sobre la capacidad de la judicatura para fiscalizar a los jueces y otros funcionarios de alto nivel  para  evitar  la  corrupción  judicial.[5] Hay  también  una  discusión  sobre la transparencia en los procesos de disciplina judicial[6] y los mecanismos de subas- tas, propuestas o adjudicación de contratos de bienes y servicios de la Rama Judicial de Puerto Rico,[7] entre otros factores. Algunos perciben que existe una crisis de confianza en la judicatura del país. De hecho, en ocasión del anuncio de su retiro, la pasada jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, expresó que esta crisis de confianza puede ser la mayor en la historia de la judicatura.[8] A priori, esta crisis puede ser producto del autoimpuesto distanciamiento de la administración de la justica respecto a la sociedad y de los procesos de formulación de política pública que se dan en el contexto político tradicional.[9]

El Informe de la Comisión Futurista de los Tribunales del año 2000 -estudio que contó con la participación de diversos sectores de la sociedad y del propio sistema judicial, y resultó en una propuesta que serviría de marco de referencia para la planificación estratégica y orientaría la toma de decisiones en la Rama Judicial- reveló la inquietud de los consultados en cuanto a la capacidad de los tribunales para garantizar y salvaguardar las protecciones sociales esperadas por la ciudadanía.[10] Los consultados en dicho estudio identificaron tres facetas del problema: “la falta de recursos presupuestarios, la lentitud de los procesos judiciales y la erosión de la independencia judicial”.[11]

Sobre estas tres dimensiones que representaban oportunidades de mejora- miento en la administración de la justicia en Puerto Rico, el Informe de la Comisión recogió las expresiones que a continuación citamos in extenso:

Por representar para los puertorriqueños escudo y defensa fundamental como individuos y como colectividad, los consultados confieren la más alta importancia y prioridad a la independencia judicial, sin embargo no la cuentan de facto entre las fortalezas del sistema, pues entienden que [es] seriamente erosionada.

Los consultados se muestran intranquilos y preocupados sobre el futuro de los tribunales y su capacidad para asegurar las protecciones que esperan. Anticipan tres grandes áreas de problemas, todos ahora presentes, que en su opinión habrán de agravarse progresivamente.

Estiman que la Rama Judicial no cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para manejar el volumen actual de casos ante sí y anticipan que la escasez de recursos se agravará al multiplicarse los litigios sin que haya asignaciones presupuestarias correspondientes a la responsabilidad creciente.

La lentitud de los procesos judiciales al presente es considerada totalmente inaceptable, y la predicción de los consultados es la de empeoramiento — y hasta tranque — salvo que, además de asignaciones presupuestarias adecuadas, se instituyan cambios fundamentales en la capacidad de planificación y administración de los tribunales, así como en la capacitación profesional de sus funcionarios.

La tercera gran área de problemas que visualizan los consultados es la erosión de la independencia judicial, independencia que consideran crucial a la democracia. La gran preocupación de todos los consultados centra en el peligro de la politización total del sistema de justicia. Opinan que la independencia judicial se vulnera a dos niveles: subvirtiendo el orden constitucional de división de poderes mediante subterfugios que lesionan la autoridad judicial y al utilizarse el criterio político partidista como única consideración en los nombramientos y renominaciones de jueces. El temor expresado es que, por esta última vía se destroce la espina dorsal del sistema de justicia que es la integridad de sus jueces.[12]

Dadas estas tres dimensiones que, según el Informe de la Comisión, representaban oportunidades de mejoramiento en la administración de la justicia en Puerto Rico, aquí analizamos la situación actual de tales factores en el contexto teórico general de la gobernanza y la cultura del buen gobierno, paradigmas de gestión de los asuntos públicos en el siglo XXI. En particular, examinamos la independencia judicial en su vertiente institucional de la autonomía presupuestaria y la responsabilidad fiscal, así como dos de sus pilares: la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Presentamos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal implementados en la administración de la justicia en Puerto Rico por considerarse elementos esenciales para articular la cultura del buen gobierno. Describimos y analizamos lo que es la transparencia y la rendición de cuentas en el entendido de que estas prácticas deben permear todo el proceso de la gestión de la justicia. Como la gestión de calidad de justicia requiere de una plataforma de indicadores que permitan calibrar los resultados y beneficios de los esfuerzos estratégicos para asegurar su sostenimiento a largo plazo, presentaremos algunos de los indicadores generales que sirven para afianzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el contexto judicial.

[1] Luis Muñiz Argüelles, Legitimidad y justicia, 73 JUR. UPR 255, 259 (2004).

[2] Véase id. en la pág. 260. Para un estudio de la demora y la eficiencia de los tribunales véase David M. Helfeld, El seminario sobre la demora judicial: diseño, resultados y recomendaciones, 77 REV. JUR. UPR 891 (2008); Federico Hernández Denton, La administración eficiente de la justicia, 77 REV. JUR. UPR 915 (2008); Carlos J. Sagardía Abreu, Consideraciones generales sobre la demora judicial en el Tribunal de Primera Instancia, 77 REV. JUR. UPR 961 (2008); Milvia A. Rivera Rivera, Mecanismos de eficiencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones Federal para el Primer Circuito ante el problema de la demora judicial, 77 REV. JUR. UPR 1001 (2008); Luis S. Herrero Acevedo, La demora judicial en los foros de última instancia, 77 REV. JUR. UPR 1055 (2008); Giovanna P. Moreno López, La demora: Injusticia cultural, 77 REV. JUR. UPR 1435 (2008).

[3] CONSORCIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIONES DE MERCADOS Y ASESORAMIENTO, BARÓMETRO IBEROAMERICANO    DE GOBERNABILIDAD, 23 (2009),http://www.centronacionaldeconsultoria.com/attachments/article/337/Barometro_Gobernabilidad_2 009[2].pdf.

[4] Id.

[5] Melissa Correa Velázquez, Sentencian a 10 años de cárcel a exjuez Manuel Acevedo Hernández, EL VOCERO (11 de junio de 2015), http://elvocero.com/sentencian-a-10-anos-de-carcel-a-exjuez- manuel-acevedo-hernandez/(última visita 21 de mayo de 2016); Oscar J. Serrano, Al menos tres jueces bajo        investigación criminal federal, NOTICEL (20 de agosto de 2014), http://www.noticel.com/noticia/164780/al-menos-tres-jueces-bajo-investigacion-criminal- federal.html (última visita 21 de mayo de 2016); Melissa Correa Velázquez & Rafy Rivera, Revelan traqueteo en Tribunal de Caguas, EL VOCERO (20 de agosto de 2014), http://elvocero.com/revelan- traqueteo-en-tribunal-de-caguas/ (última visita 21 de mayo de 2016); Laura M. Quintero, Jueza Presidenta quiere integridad de la judicatura, pero no investiga irregularidades, NOTICEL (9 de agosto de 2014) http://www.noticel.com/noticia/164188/jueza-presidenta-quiere-integridad-de-la-judicatura- pero-no-investiga-irregularidades-video.html (última visita 21 de mayo de 2016); Rafael Lenín López, Opinión: Jueces, ¿corruptos?, METRO (17 de abril de 2014), http://www.metro.pr/blogs/opinion-jueces- corruptos/pGXndq!KY1GYtb31HmDk/ (última visita 21 de mayo de 2016); Mariana Cobián, FBI a la caza de corrupción judicial, EL NUEVO DÍA (28 de agosto de 2013), http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/fbialacazadecorrupcionjudicial-1582631/ (última visita 21 de mayo de 2016); Mariana Cobián, FBI crea unidad para investigar corrupción judicial, PRIMERA HORA (27 de agosto de 2013), http://www.primerahora.com/noticias/policia- tribunales/nota/fbicreaunidadparainvestigarcorrupcionjudicial-949019/ (última visita 21 de mayo de 2016).

[6] Véase Comunicación López Feliciano, Ex parte, 191 DPR 882 (2014) (donde se expone parte de este problema que fue llevado a la discusión pública a través de diversos medios de comunicación). Véase, por ejemplo Eva Laureano, Piden intervención del Supremo en querella contra juez que OAT amapuchó, NOTICEL (24 de septiembre del 2014), http://www.noticel.com/noticia/166385/piden- intervencion-del-supremo-en-querella-contra-juez-que-oat-amapucho.html (última visita 21 de mayo de 2016). El 8 de septiembre de 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución mediante la cual aprobó de forma unánime enmiendas a las Reglas de Disciplina Judicial, para garantizar una judicatura más ágil en la atención de los asuntos disciplinarios. Aprueba el Tribunal Supremo enmiendas a las reglas de disciplina con el fin de agilizar los procesos investigativos, RAMA JUDICIAL DE PUERTO RICO (9 de septiembre de 2014), http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2014/09- 09-14.html (última visita 21 de mayo de 2016).

[7] In re Reglamento de Subasta de la Rama Judicial, 192 DPR 56 (2014); Maranello v. OAT, 186  DPR 780 (2012). Véase Carta de Liana Fiol Matta, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, a Luis F. Estrella Martínez, Juez Asociado del Tribunal Supremo (30 de septiembre de 2014), http://www.noticel.com/uploads/gallery/documents/7c5c8259dad02900ff234a12b7c5afea.pdf.

[8] Cynthia López Cabán, Fiol Matta se retira del Tribunal Supremo, EL NUEVO DÍA (15 de enero de 2016), http://www.elnuevodia.com/noticias/tribunales/nota/fiolmattaseretira-2151123/  (última  visita 21 de mayo de 2016).

[9] El distanciamiento entre la sociedad y la justicia es evidente en “la cultura del secretismo y la opacidad que ha caracterizado a la función judicial [y] la falta de conocimiento de la población sobre el funcionamiento de la administración de justicia”, entre otros factores. ÁLVARO HERRERO & GASPAR LÓPEZ, ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN AMÉRICA LATINA 16, http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/accesoalainformacionytransparencia.pdf.

Sobre el particular, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa menciona lo siguiente:

De acuerdo con La Ruta de la gobernabilidad publicado en febrero de 1999, los problemas de gobernanza pueden ser vistos como un déficit en la capacidad de las instituciones públicas para procesar conflictos y divergencias, y esta falta de eficacia surge de un debilitamiento de su legitimidad. El estudio señala que la falta de legitimidad puede ser el resultante de la falta de confianza que genera la falta de transparencia y la incapacidad de los gobiernos de rendir cuentas a los ciudadanos.

[10] I COMISIÓN FUTURISTA DE LOS TRIBUNALES, TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO, INFORME: VISIÓN EN RUTA AL FUTURO 63 (2000).

[11] Id. en las págs. 63-64. Véase también COMISIÓN FUTURISTA DE LOS TRIBUNALES, TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO, RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME: VISIÓN EN RUTA AL FUTURO 8 (2000).

[12] Id. (notas omitidas)

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