"El consenso en torno a la necesidad de mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de los medios de comunicación en la sociedad del conocimiento, la información y las tecnologías de comunicación exigen repensar el rol de la TV educativa en la construcción de una ciudadanía educada y activa para participar en la democracia y fiscalizar su gobierno".
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Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Cuando una sociedad atraviesa un momento histórico de crisis prolongada, como el que vive Puerto Rico al presente, los valores democráticos, los principios del buen gobierno, el periodismo y los medios de comunicación se vuelven fundamentales para fomentar el debate educado e informado de altura necesario para generar soluciones y encaminar las reformas. En este contexto, la influencia de la información, la orientación de la opinión pública y del consenso social se incrementa de forma constante.
Los medios de comunicación masiva, incluida la televisión y las tecnologías de información y comunicación (TIC), son cada vez más determinantes y constituyen una de las más importantes piezas de acceso al debate público en el contexto moderno de la sociedad de la información y el conocimiento. La complementariedad entre las telecomunicaciones, la televisión, la tecnología multimedia y el auge de las redes sociales que se integran en la internet tienen el potencial de apoyar la construcción de la democracia y la gobernabilidad del Siglo 21.
La televisión, por ser un medio de comunicación de gran penetración, es considerado un elemento clave para educar sobre los principios de democracia, buen gobierno e igualdad de oportunidades. Permite hacer valer la transparencia y el acceso a la información para propiciar una ciudadanía educada e informada que participe activamente en la transformación de la sociedad, y así encaminar un cambio positivo en la gobernabilidad del País. Este medio difusivo es ideal para llegar a todos los segmentos sociales de la población.
El buen gobierno se refiere a la calidad formal y no formal de gobernar, así como a los resultados de la acción de gobernar con eficacia y eficiencia haciendo un uso prudente de los recursos públicos. Los principios y las prácticas de buen gobierno propician la gobernabilidad y acercan las pautas formales e informales del gobierno a las buenas prácticas de gobernanza de lo público (Torres de Durand; Pratts 2012). Es decir, las prácticas de buen gobierno reflejan la capacidad de los gobiernos, de sus instituciones y de sus políticas públicas para canalizar y solucionar las tensiones y los conflictos que surgen en el seno de la sociedad mediante reglas y procedimientos democráticos, en los cuales la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal son los ejes vertebradores de la gobernanza pública para potenciar la inclusión ciudadana para el bien común. La gobernabilidad se refiere a la cualidad de un sistema político para gobernarse a sí mismo. La literatura académica destaca que esta cualidad depende de un balance efectivo y legítimo entre las necesidades de la sociedad y las capacidades de gobernación
Televisión Educativa en Puerto Rico
El uso de la tecnología con propósitos educativos, como la radio, la televisión, la telefonía y las computadoras ha abierto una amplia gama de posibilidades de educación, innovación, creatividad y dinamismo que abre un espacio fértil para la educación y formación de las redes de actores sociales diversos que requiere la gobernanza de los asuntos públicos de nuestros tiempos.
El desafío de la gobernabilidad hace necesario potenciar una mezcla de medios comerciales, privados y comunitarios que apoye la inclusión y activa participación de todos los actores sociales en la construcción y formación del buen gobierno. El enorme potencial que ofrecen las nuevas tecnologías necesita de ciudadanos críticos, responsables y reflexivos. Por esta razón es fundamental promover el pluralismo y la diversidad a través de formas y canales de información más accesibles, democráticos y plurales. La gobernanza en redes surge como la forma de gobernar en un contexto de cambios acelerados, incertidumbre y tensiones sociales como el que experimenta Puerto Rico al presente.
En Puerto Rico la televisión comercial tiene un mayor arraigo y penetración que la TV educativa porque las políticas públicas formuladas por las pasadas décadas lo han propiciado. Si bien existe un grupo limitado de emisoras de TV y radio del Estado, universitarias y comunitarias, las restricciones legales para su financiación son muchas y el marco legal y regulatorio inhibe su potencial de crecimiento y diversificación.
El primer canal educativo en Puerto Rico fue WIPR Televisión en 1958 y fue creada bajo el entonces Departamento de Instrucción Pública, hoy día Departamento de Educación. En el 1970 WIPR pasa a ser parte de la compañía Telefónica de Puerto Rico. En la década del 1990 se crea la Corporación para la Difusión Pública con el objetivo de proveer mayores posibilidades de financiamiento a las emisoras del Gobierno de Puerto Rico. En Puerto Rico la televisión y la radio, tanto comercial como educativa, se rigen por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) agencia del gobierno federal responsable de otorgar las licencias comerciales, educativas y comunitarias a las emisoras del País. Esta entidad también supervisa y monitorea el contenido de la programación en lo relativo a su cumplimiento para asegurar que el mismo no sea obsceno, indecente o profano para la teleaudiencia. En 1996 se creó la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico para regular el mercado de las comunicaciones y vigilar el balance entre los sistemas de cable y telefonía digital y la TV comercial y educativa.
Por su parte, los canales privados de TV universitarios ofrecen un espacio de autonomía, independencia e imparcialidad muy provechosa para la consolidación de audiencia y la producción y transmisión de contenido educativo de calidad. Su capacidad de nutrirse del peritaje, la especialización y la opinión calificada y diversa de sus docentes abre oportunidades para la opinión informada y experta en diversas temáticas sociales, culturales, educativas y científicas. En Puerto Rico en la década de 1970 el Sistema Universitario Ana G. Méndez comienza a proveer cursos básicos universitarios televisados que se transmitían a través de estaciones comerciales locales. En 1985 este esfuerzo evolucionó en la creación del canal 40, una estación privada de educación que hoy conocemos como Sistema TV. Por su vínculo con un sistema de educación superior esta emisora televisiva representa una opción ideal para emprender iniciativas de programación educativa para el desarrollo democrático y la mejora de la gobernabilidad del País.
Políticas Públicas TV Educativa
La televisión educativa es un actor clave en la formación de valores democráticos. El consenso en torno a la necesidad de mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de los medios de comunicación en la sociedad del conocimiento, la información y las tecnologías de comunicación exigen repensar el rol de la TV educativa en la construcción de una ciudadanía educada y activa para participar en la democracia y fiscalizar su gobierno. Además, es importante significar el papel protagónico que juegan los medios de comunicación en los esfuerzos por fomentar una ciudadanía más educada e informada.
¿Qué es lo que falla exactamente en la formulación de las políticas públicas para la TV educativa? Consideramos que la debilidad en la formulación de las políticas públicas para la TV educativa afecta adversamente la capacidad de gestión y financiamiento de estas entidades. Las políticas públicas en el ámbito de los medios de comunicación se refieren a las normas regulatorias, a los principios, las estrategias y las prácticas de articulación, organización, administración y desarrollo de planes y proyecciones relacionado con las actividades de comunicación.
Al analizar el proceso de formular políticas públicas en Puerto Rico, se observa que el proceso de formulación de las políticas públicas para la televisión educativa no toma en cuenta la evidencia científica a la hora de legislar o no cuentan con los expertos en el campo de las comunicaciones, la historia, la cultura y la TV educativa. También se observa que en muchas ocasiones la legislación responde a las presiones de los grupos de interés y no atiende el beneficio para el interés público.
El debate de la función de la televisión educativa en la presente realidad digital multimedia requiere de una seria reflexión sobre la necesidad de reformas que atiendan las debilidades en el desarrollo y formulación de las políticas públicas de las pasadas décadas. Estas políticas han excluido la integración de los ciudadanos y no han considerado la diversidad de las necesidades de la sociedad como parte de la generación de políticas públicas que atiendan el interés público.
También observamos que la TV educativa enfrenta grandes retos de financiamiento que afectan la calidad y los contenidos de su programación. Históricamente estos medios de comunicación han confrontado problemas de financiamiento y recursos fiscales escasos. En la realidad económica actual resulta apremiante que la televisión educativa diversifique sus fuentes de financiamiento de manera tal que no estén centralizadas en un grupo ya que en la medida que las aportaciones están correctamente equilibradas se asegura la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.
En este nuevo contexto de gobernar en gobernanza, los medios difusivos (radio, TV y tecnologías multimedia) son un espacio privilegiado para construir gobernabilidad y ciudadanía en el marco de las democracias del Siglo 21 y de la urgencia por fortalecer la gobernanza de los países. Más aún, las emisoras difusivas de índole educativa representan una opción idónea para educar en las nuevas formas de ciudadanía en la coyuntura actual. El contexto presente requiere desarrollar nuevas competencias dirigidas a fomentar que los ciudadanos puedan adquirir información estratégica que le permita participar en la toma de decisiones gubernamentales; abrir espacios para expresar demandas y opciones para la solución de los problemas que encara la sociedad en los medios de comunicación y para aprovechar la creciente diversidad de estos medios; y generar competencia organizativa de gestión para adaptarse a situaciones de crecientes tensiones en la vida cotidiana y laboral.
La ciudadanía del Siglo 21 como una corriente social impulsa un nuevo modelo de ciudadanía comprometida activamente en la consecución de una democracia equitativa y sostenible. Este ciudadan@ construye su realidad partiendo de los valores de la cultura de su país y logra desarrollar las competencias necesarias para valorar el pluralismo y la diversidad social de otros países del mundo. De acuerdo a la UNESCO, para construir una corriente de ciudadano@s para el Siglo 21, responsables con la humanidad, su país y el planeta. Es preciso construir los fundamentos desde el sistema educativo en todos los niveles basado en el diálogo y la convivencia. Los ciudadanos y ciudadanas del Siglo 21 poseen las siguientes características
Participan y se comprometen de forma activa en la vida ciudadana en todos sus niveles y se involucren en transformar la realidad.
Son conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones, y se responsabilizan de sus actos.
Se interesan por conocer y reflexionarcríticamente sobre los problemas de la sociedad y sobre cómo interactúan en sus vidas y en las de los demás y su interconexión con la realidad mundial.
Respetan, valoran, celebran la diversidady tienen una mentalidad cosmopolita. Se indignan frente a la injusticia y la exclusión y luchan por un mundo mejor.
Reflexiones Finales
Lograr un cambio hacia la cultura de buen gobierno que requiere el País va a necesitar del sistema educativo, la academia, el periodismo y los medios de comunicación para formar a un ciudadano crítico con una actitud reflexiva y de análisis para transformar su realidad. El ecosistema de educación para la democracia y la gobernabilidad debe estar anclado sobre los soportes de los principios rectores de la buena gobernanza pública: la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal y la lucha anticorrupción. En la realidad actual los valores y principios democráticos del acceso a la información, la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación y la prensa se tornan esenciales para propiciar el bien común de la sociedad.
En la coyuntura histórica actual es vital que la televisión educativa resurja como una alternativa imprescindible para educar y formar en los valores democráticos y la construcción del buen gobierno. Las políticas públicas para el fortalecimiento de los medios de comunicación educativos requieren un impulso reformador centrado en desarrollar las capacidades institucionales y las competencias ciudadanas en los principios y valores humanistas para forjar la cultura de buen gobierno.
