Titulares:
  1. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EXIGE VOLUNTAD POLÍTICA Y BUENA GOBERNANZA: "Enfrentar la corrupción además de ser extremadamente retador desde el punto de vista técnico implica necesariamente voluntad política auténtica por parte de los responsables de la toma de decisiones. También requiere de un compromiso firme de los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados…
  2. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EXIGE GOBERNANZA ABIERTA: "La transparencia de la información nos debe mover a incentivar el desarrollo del conocimiento de los ciudadanos para avanzar hacia decisiones compartidas, la inclusión, la deliberación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Es evidente que nuestra sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria para generar…
  3. HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA PARA PUERTO RICO: "La gestión pública por su naturaleza fiduciaria debe ser fundamentalmente transparente y responsiva, diversos estándares internacionales establecen la necesidad de que cada gobierno tenga e implemente reglas de  transparencia y rendición de cuentas." Por: Lcda. Alba López Arzola Investigadora Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para ver artículo en PDF La abogada López…
  4. EXTIRPAR LA PATOLOGÍA DEL DESGOBIERNO PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR: "Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manara de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país." Oprima aquí para acceder al artículo…
  5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ATENDER EL DILEMA DE LA GOBERNABILIDAD: "Urge que los gobiernos transparenten la información y rindan cuentas por los resultados de su gestión y que los ciudadanos participemos activamente en la solución y la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan y fiscalicemos a nuestros gobernantes y funcionarios públicos." Oprima aquí para acceder artículo en PDF Por:…

PROSPERIDAD PARA TODOS: LOGRAR SINCRONÍA ENTRE BUEN GOBIERNO Y BIEN COMÚN

“Está claro que tenemos que retomar el rumbo del buen gobierno para crear oportunidades. Para lograrlo tenemos que ser capaces de darle certeza a diversas formas de capital e inversión mejorando las capacidades de gobernanza y proveer información y datos para generar credibilidad y confianza en los ciudadanos, empresarios e inversores.”


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Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Puerto Rico atraviesa un momento histórico, en el cual tenemos una oportunidad única para repensar y diseñar el país que queremos. Asumir esta responsabilidad implica generar una visión y una agenda común focalizada en propiciar la prosperidad y la calidad de vida de la sociedad. En la época que vivimos definida por el agotamiento de la política, la incertidumbre económica y el debilitamiento de la gobernanza, la construcción del buen gobierno y el bien común es inaplazable.

La prosperidad compartida debe ser el motor del crecimiento económico inclusivo y el desarrollo social sostenible. Se refiere a un esfuerzo para mejorar la capacidad de gobernanza para transformar los recursos económicos, sociales y ambientales en formas diversas de capital e inversión. También implica revisar las reglas de juego entre todos los sectores de la sociedad en virtud de objetivos estratégicos vinculados al bien común, con énfasis en la generación de empleos, la creación de riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida.

Las lecciones de éxito de los países que han logrado la prosperidad han demostrado que es necesario abandonar las políticas públicas fallidas que han privilegiado el crecimiento económico en menoscabo del bien común. Además, se ha comprobado que las carencias y debilidades de la gobernanza obstaculizan el desarrollo económico y social, mientras por su parte la gobernanza eficaz la promueve.

Gobernanza y prosperidad compartida

La prosperidad y la plena realización de la dignidad humana mediante el bien común es el ideal más elevado que persiguen las sociedades democráticas. Para alcanzar esta aspiración se destaca la necesidad de mejorar real y efectivamente el desempeño de los gobiernos y las administraciones públicas, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y las empresas en la formación de valores y capacidades para el buen gobierno. Sin embargo, a menudo escuchamos el discurso retórico de un gran número de gobernantes y políticos que plantean “quiero gobernar con total transparencia y rendición de cuentas y por el bien común de los ciudadanos”.  En el desempeño de sus funciones los gobernantes no honran esta premisa que le sirvió de puente para llegar al cargo público para el cual fueron elegidos.

En los pasados años la gobernanza ha emergido como un factor central para movilizar la gobernabilidad en ambientes de cambios acelerados y de gran incertidumbre como el que vivimos. Los cambios en los procesos de desarrollo de los países a nivel mundial han evidenciado que ciertas formas de gobernanza son críticos para alcanzar resultados eficientes. La pregunta obligada que debemos responder para atender el entramado de relaciones entre los factores sociales y económicos que inciden en el desarrollo es ¿por qué la gobernanza es importante para los procesos de desarrollo económico? La respuesta, a base de la experiencia está relacionada con argumentos fundamentales sobre lo que constituye el verdadero proceso de desarrollo económico inclusivo que nos recuerda la inseparabilidad de lo económico y lo social para la formulación de políticas públicas que propicien la competitividad socioeconómica.

El buen gobierno es clave para la implantación de políticas públicas que promuevan la calidad de vida en una sociedad. La necesidad de construir sinergias y generar complementariedad para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo e inversión requiere de una estrategia que permita incrementar el impacto de los programas, proyectos y políticas públicas y reducir la duplicidad de esfuerzos para un uso más eficiente y focalizado de los recursos disponibles. La capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de forma eficaz y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas públicas y leyes adecuadas para el bien común y el desarrollo del país es un factor determinante para propiciar la prosperidad compartida, el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo social sostenible.

Al examinar las experiencias vividas por los países con altos niveles de calidad de vida encontramos que necesitamos procesos de formulación de políticas que sean abiertos y flexibles y que propicien los marcos normativos y los mecanismos eficaces para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas y facilitar la participación en todas las etapas del proceso. La nueva ecuación para gobernar en gobernanza tiene que tomar en consideración las interrelaciones y responsabilidades entre el estado, el sector privado y la sociedad para cogobernar en beneficio de todos.

La formulación e implantación de políticas públicas eficaces y eficientes no puede ocurrir si el gobierno no entiende y prioriza las necesidades de la población sobre todo en relación a las necesidades esenciales que impactan el crecimiento incluyente. La identificación de las demandas de los ciudadanos es fundamental para entender lo que el gobierno tiene que hacer, para quiénes y dónde. Esta información es vital para el proceso de priorización y para elaborar los mecanismos de focalización a fin de atender a la diversidad de usuarios de servicios gubernamentales y lograr la cohesión social necesaria para adelantar las reformas y los cambios radicales que necesita el país.

En el contexto de la prestación de servicios, la coordinación eficiente es decisiva para asegurar que las respuestas de políticas públicas sean integradas, se apoyen recíprocamente y promuevan los resultados deseados de manera equilibrada para los diversos componentes de la sociedad. La solución a muchos de los retos que enfrentamos no es necesariamente aumentar el número de servicios públicos sino hacer un inventario y análisis que paree las necesidades presentes con los servicios que se prestan para identificar aquellos que se deben eliminar porque perdieron vigencia; mejorar y asegurar que los que hay estén bien dirigidos y pensados para aumentar su calidad y accesibilidad; y diseñar y añadir los servicios nuevos necesarios para satisfacer nuevas necesidades.

Desarrollo social sostenible y crecimiento económico inclusivo

Se requiere un crecimiento inclusivo para alcanzar el desarrollo sostenible. El crecimiento económico tiene que ser incluyente para garantizar el bienestar de la población. La experiencia práctica en muchos países demuestra que generar crecimiento económico desde una perspectiva estrictamente económica profundiza la brecha de desigualdad social. También encontramos que expertos y académicos en ciencias económicas y administrativas coinciden con esta premisa.

James A. Robinson y Daron Acemoglu, economistas y profesores de la Universidad de Harvard, en su libro Por qué fracasan las naciones (2012) puntualizan que el actual modelo económico que prioriza el desarrollo sobre los intereses y las necesidades de la sociedad ya es insostenible. La tesis principal del libro es que el futuro de las naciones depende de la forma como los pueblos organizan sus sociedades. Además, plantea que, aunque las instituciones económicas son esenciales, las políticas públicas son las más determinantes. En este sentido, los autores concluyen que las naciones fallan porque sus instituciones son débiles y excluyentes y privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros concentrando el poder en una élite que actúa para su propio beneficio.

Tradicionalmente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es considerado un rubro importante de progreso económico para los países y sus habitantes. Sin embargo, esta aseveración es cierta en términos macroeconómicos pero no es percibida así por los ciudadanos. Cuando la gente analiza este indicador con su propio ingreso, progreso económico o mejora de su calidad de vida, generalmente no encuentran sincronía. Ante esta realidad, los trabajos académicos consultados coinciden en plantear que para una evaluación más amplia de los factores que inciden en el desarrollo de los países, se debe utilizar criterios de desarrollo económico y de bienestar más amplios que los números puros y duros.

De acuerdo a la academia y los organismos internacionales la desigualdad es la mayor amenaza para la prosperidad. En estos tiempos pareciera haber consenso cada vez más en términos de que el PIB es un indispensable referente de la salud económica de un país pero no debiera ser el único. Por ejemplo, el Banco Mundial (BM) incorpora variables de sostenibilidad y medioambiente en su Índice de la Riqueza de las Naciones recientemente publicado. De igual forma, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó en su reunión de 2019 el Índice de Desarrollo Inclusivo. El nuevo índice emplea además del crecimiento, otros 11 indicadores para medir el desarrollo económico. Las dimensiones adicionales que se toman en cuenta tienen que ver con la estabilidad y el progreso de los países a largo plazo considerando factores como la inclusión, la igualdad intergeneracional y la administración sostenible de los recursos naturales, entre otros. Esta forma de medición de la riqueza es particularmente significativa para sincronizar las variables sobre todo para entender y trabajar políticas públicas para cerrar la brecha que atienden la desconexión entre las diversas dimensiones que se toman en cuenta para analizar el progreso de los países a largo plazo.

Para atender la multiplicidad de factores que inciden en el desarrollo la academia y los organismos internacionales han desarrollado nuevas herramientas. En la literatura encontramos una amplia diversidad de indicadores. A modo de ejemplo, el Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI) es una evaluación anual del desempeño económico de 103 países, realizado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo los países se desempeñan en once dimensiones del progreso económico además del PIB.

El IDI es un proyecto de la Iniciativa del sistema del Foro Económico Mundial sobre el futuro del progreso económico, que pretende informar y posibilitar el progreso económico sostenido e inclusivo mediante una cooperación público-privada más profunda mediante el liderazgo y el análisis del pensamiento, el diálogo estratégico y la cooperación concreta, incluso mediante acelerar el impacto social a través de la acción corporativa.

Este índice es diseñado como una alternativa al típico indicador del crecimiento económico (PIB y sus variantes), el Índice de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo (IDI) da una perspectiva más cercana de como las personas evalúan el progreso económico de los países. El Índice distribuye los países en dos grupos que son las economías avanzadas y las economías emergentes.

El índice clasifica los países en función de 12 Indicadores clave de desempeño de desarrollo inclusivo, los cuales se dividen en tres pilares: Crecimiento y Desarrollo, que incluye aumento del PIB, participación en el mercado de trabajo y productividad, y esperanza de vida; Inclusión, que engloba ingresos medios por familia, pobreza y dos medidores de desigualdad, e Igualdad intergeneracional y Sostenibilidad, que incluye ahorro neto ajustado (junto con reducción del capital natural e inversión en capital humano), ratio de dependencia demográfica, deuda pública e intensidad de carbono.

El gráfico que sigue describe el alcance de los indicadores utilizados para elaborar el informe:

Índice de Desarrollo inclusivo

indicadores desempeno

De acuerdo al ranking 2018 las diez primeras economías avanzadas, son Noruega, Islandia, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Australia y Austria. El grupo de las economías emergentes son: Lituania, Hungría, Azerbaiyán, Letonia, Polonia, Panamá, Croacia, Uruguay, Chile y Romania ocupan los diez primeros lugares.

Semaforo

Para la calificación de los dos grupos de países (economías avanzadas y economías emergentes), las puntuaciones individuales son comparadas en formato de semáforo, de color rojo, los que están retrocediendo; retrocediendo lentamente, en naranja; amarillo, quienes están estables; avanzando lentamente, en verde manzana; y verde, quienes están avanzando.

Por su parte, el Índice para una Vida Mejor, realizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), permite comparar el bienestar entre distintos países y su objetivo es invitar a los ciudadanos a nivel global a participar en la formulación de las políticas públicas para alcanzar un mejor nivel de vida. El índice publicado anualmente, evalúa a 38 países (35 miembros de la OCDE y tres socios) con base en 11 temas esenciales: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo.

El índice tiene como objetivo identificar nuevas formas de medir el progreso de las sociedades a través de la investigación y análisis de datos estadísticos de cada país mediante la visualización y comparación de algunos de los factores clave como lo son la educación, vivienda, medio ambiente y otros; que contribuyen al bienestar en los países de la OCDE. El ranking 2017 revela que los países con las puntuaciones más altas son Noruega, Australia, Dinamarca, Suiza, Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia y Estados Unidos. Los países con las puntuaciones más bajas son Sudáfrica, México, Turquía, Brasil y Chile. El gráfico que sigue muestra el orden de los países evaluados:

Indice

Fuente: Índice para una vida mejor 2017, OCDE

También encontramos que el Instituto Legatum plantea criterios más amplios que el puro análisis económico  para analizar el bienestar de la población. El índice de prosperidad Legatum es un ranking anual elaborado por el Instituto Legatum, una organización con sede en Londres que analiza datos de 149 países en base a una variedad de factores, entre ellos la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar personal y la calidad de vida. En el Informe los investigadores concluyen que todos los países que están altos en la lista demuestran algunas características comunes, como son las siguientes: (1) El impacto positivo del buen gobierno hacia la calidad de vida y económica; (2) Altos niveles de satisfacción; (3) Altos niveles de libertad personal de los ciudadanos; (4) Un robusto rendimiento económico general.

Los criterios que no son puramente numéricos, son más difíciles de fijar y, para eso, se debe establecer criterios comunes que se puedan aplicar a todos de forma independiente. Los criterios que utilizan son los siguientes:

  1. Elementos económicos; una economía creciente que ofrece oportunidades a la creación de riqueza.
  2. Ambiente empresarial y de innovación; un ambiente amigable para los nuevos negocios y para la comercialización de nuevas ideas.
  3. Instituciones democráticas; instituciones de gobernabilidad transparentes y capaces de rendir cuentas que propician el crecimiento económico.
  4. Educación; un sistema de educación accesible y de alta calidad, fomentando el desarrollo humano.
  5. Salud; el bienestar físico de los ciudadanos.
  6. Seguridad; un ambiente seguro dentro del cual se puede perseguir las oportunidades.
  7. Buen gobierno; un gobierno honesto que mantiene el orden y fomenta la productividad de la ciudadanía.
  8. Libertad personal; un nivel de libertad para que los ciudadanos elijan libremente su camino en la vida.
  9. Capital social; fiabilidad entre las relaciones y comunidades fuertes.

El ranking 2018 revela que los países que lideran el índice de prosperidad mundial son: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Por su parte los países con las puntuaciones más bajas son Sudan, Chad, Yemen, República Central de África y Afganistán:

La tabla que sigue presenta las puntuaciones por rubro de los 17 países que lideran el índice:

OCDE

Fuente Indice de prosperidad global 2018

Reflexiones finales

Las conclusiones principales del informe son las siguientes: (1) Los países más altos en la lista son fuertes en todos los criterios; (2) Empresarios al nivel micro necesitan buenas políticas económicas a nivel macro; (3) La libertad no se puede dividir; (4) Los más altos en la lista se concentran en el Atlántico norte; (5) La historia no es el destino; (6) El buen gobierno es central para el progreso de la satisfacción y económico; (7) La prosperidad significa la seguridad; (8) La felicidad es igual a oportunidad, salud, buenas relaciones y la libertad para elegir quién quieres ser; (9) Comunidades fuertes son mejores que gobiernos débiles; (10) El dinero no trae felicidad, excepto si eres pobre.

El verdadero desafío para cerrar la brecha entre buen gobierno y bien común consiste en adoptar estrategias y procesos concertados y fundados en pro de una mejor gobernanza y formular políticas económicas que propicien la prosperidad compartida y el bien común de la sociedad. La necesidad de construir sinergias y generar complementariedad para articular, focalizar y optimizar las acciones de apoyo e inversión requiere de una estrategia que permita incrementar el impacto de los programas, proyectos y políticas públicas y reducir la duplicidad de esfuerzos para un uso más eficiente y focalizado de los recursos limitados disponibles.

Está claro que tenemos que retomar el rumbo del buen gobierno para crear oportunidades. Para lograrlo tenemos que ser capaces de darle certeza a diversas formas de capital e inversión mejorando las capacidades de gobernanza y proveer información y datos para generar credibilidad y confianza en los ciudadanos, empresarios e inversores. La prosperidad para todos es posible, es cuestión de estrategia y políticas públicas bien articuladas. El bien común y la prosperidad compartida serán una realidad si cada sector aporta desde su quehacer a su construcción, con auténtico interés por el bien común.

La buena noticia es que podemos crear una economía más robusta, eficiente y dinámica al mismo tiempo que forjamos una sociedad más próspera y justa. Resulta evidente que tenemos que construir un país de oportunidades. Para leer más visite gobernanzapr.org también puede visitar puertoricotransparente.org.

 


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