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OTRO INTENTO INCOHERENTE Y DISTORSIONADO DE LEGISLAR SOBRE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Por. Rafael Durand Aldea, MBA
Investigador Principal
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“La divulgación de toda la información y datos públicos por parte del gobierno es un elemento esencial para lograr la verdadera transparencia y rendición de cuentas gubernamental que propenda a la recuperación de la confianza ciudadana en sus funcionarios públicos.”

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El gobierno ha presentado varios proyectos de ley para legislar sobre asuntos de acceso a la información pública para cumplir con los compromisos del Plan para Puerto Rico. El 10 de diciembre de 2017 el Senado de Puerto Rico aprobó el P. del S. 236 con el fin de establecer la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico. Este proyecto pasó a la Cámara de Representantes para su evaluación. Al presente, este ente legislativo no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley.

La divulgación de toda la información y datos públicos por parte del gobierno es un elemento esencial para lograr la verdadera transparencia y rendición de cuentas gubernamental que propenda a la recuperación de la confianza ciudadana en sus funcionarios públicos. El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa puntualiza que la transparencia en el ámbito de lo público se define como la responsabilidad del estado de divulgar toda la información pública de manera accesible, oportuna, completa, pertinente y presentada de forma entendible para el ciudadano común, todo esto sin necesidad de que medie una solicitud de información.

Por su parte la divulgación de toda la información pública se refiere a todos los datos; informes; estudios; los procesos de desarrollo de las políticas públicas; los procesos de toma de decisiones, los presupuestos detallados vinculados a los resultados esperados, las transferencias presupuestarias y sus fundamentos; los ingresos y gastos incurridos por una agencia, municipio, corporación pública , rama legislativa o rama judicial por trimestre; todo dato o estadística generado por el estado; los proyectos, planes, financiación y los resultados esperados, los proyectos de legislación y su racional e impacto; las contrataciones, costos, racional y sus resultados esperados, las inversiones, los préstamos y su mecanismo de repago, entre muchos otros. Queda excluida la información sensitiva de seguridad nacional y la información privada de individuos que pueda estar en manos del ente gubernamental.

La completa divulgación por parte del gobierno de toda la información pública es esencial al proceso de rendición de cuentas. Es el acto de un funcionario público de responder por aquellos asuntos dentro del ámbito de su responsabilidad, explicar y fundamentar las decisiones tomadas y responder personalmente por las acciones realizadas y el logro (o no) de los resultados esperados. Esto implica que el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos será uno defectuoso, deficiente e incompleto de no haber ocurrido previamente un proceso de verdadera transparencia. Veamos este ejemplo sencillo; el funcionario público afirma el “éxito sin precedentes” de un programa que atendió a 1000 personas cuando el programa se concibió para atender a 100,000 personas. Como el gobierno no divulgó al inicio del programa los detalles ni los resultados esperados, el político no se ve obligado a realmente rendir cuentas ni a responsabilizarse por unos pobres resultados.

Los estudios e investigaciones realizados por el Centro de Gobernanza Publica y Corporativa señalan la ausencia en Puerto Rico de una verdadera transparencia en la gestión de los asuntos públicos lo cual hace casi imposible una autentica rendición de cuentas. Esta situación ha propiciado un manejo irresponsable de los asuntos fiscales y la creación y mantenimiento de los espacios invisibles al ciudadano donde se practica la corrupción. Las pobres decisiones tomadas en estos espacios invisibles han sido una de las causas principales del incremento desmedido de la deuda publica lo cual culminó en su impago, la imposición de una Junta de Control Fiscal, la quiebra de los servicios esenciales de energía y agua potable, el colapso de los sistemas de retiro y la situación de enorme incertidumbre que vive hoy el País.

Como podemos apreciar la transparencia y rendición de cuentas no es simplemente la publicación de datos e información. El Articulo 3 (e) del P. del S. 236 identifica los “Datos Públicos” que estarían sujetos a su divulgación. Interesantemente todos los datos e información a ser publicada están relacionados con asuntos llevados a cabo por el ente gubernamental que ya estarían decididos. Esto significa que, de aprobarse la legislación propuesta, el ciudadano nuevamente entraría en conocimiento de la información sin oportunidad de influenciar en el proceso de la toma de decisiones. Además, el P. del S. 236 faculta al Instituto de Estadística de Puerto Rico, creado por la Ley 209 de 2003, a organizar y requerir de las entidades gubernamentales la publicación de los datos e información pública en el Portal de Interconexión de Datos Abiertos de Puerto Rico. Es necesario aclarar que el Instituto es (hoy) una entidad autónoma administrativamente y fiscalmente de la Rama Ejecutiva. Esta autonomía propicia un grado de independencia indispensable para ejercer las delicadas funciones que la ley le encomienda. A primera vista parecería ser el ente más apto y competente para llevar a cabo las funciones delegadas en esta legislación.

Por otro lado, el 18 de enero de 2018 el Gobernador presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa el Plan de Reorganización Núm. 1 para reorganizar el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El proyecto pretende consolidar bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Corporación del Centro Regional, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Instituto de Estadística. También se mantienen adscritas para una futura consolidación otras dependencias gubernamentales.

El Plan de Reorganización 1 se presentó junto al P. del S. 809 del 19 de enero de 2018 que detalla con mayor especificidad las consolidaciones propuestas. Esta legislación propone reducir al Instituto de Estadísticas a un mero programa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eliminándole todas las características de autonomía e independencia de la Rama Ejecutiva que ostenta al presente. Faculta a su vez al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a ejercer todas aquellas funciones inherentes al cargo del Director del Instituto. Además, la ley propuesta en su Artículo 4, Sistemas de Estadísticas establece que “el Secretario tendrá que comenzar inmediatamente un proceso de externalización del sistema de estadísticas manejado por el programa de estadísticas por la Junta de Planificación y por el Banco Gubernamental de Fomento.” Esencialmente el gobierno ha decidido moverse de una entidad con alguna independencia de criterio en la publicación de datos e información pública a un ente oficialista, insertado en la estructura de gobierno respondiéndole directamente a un funcionario público y departamento gubernamental con enormes incentivos para publicar aquella información que le es ventajosa y conveniente e invisibilizar aquella que le es perjudicial.

Reiteramos que la verdadera transparencia gubernamental es esencial para reconstruir una relación de cooperación y confianza entre el ciudadano y su gobierno, propiciar una autentica rendición de cuentas y visibilizar los espacios oscuros donde evidentemente ocurre la corrupción. La verdadera trasparencia gubernamental se fortalece con la inclusión del ciudadano en las decisiones sobre las políticas públicas que fundamentan la legislación y los programas gubernamentales. Estos elementos esenciales están totalmente ausentes de esta propuesta legislación. La finalidad de los funcionarios públicos es clara, mantener vivos los espacios donde ocurre la corrupción en todas sus modalidades, la opacidad en el manejo de los asuntos públicos, el control y limitación de la información a ser divulgada y propiciar el desinterés y la desconexión del ciudadano del proceso de la toma de decisiones. El resultante será mayor desconfianza en nuestros funcionarios públicos y su distanciamiento de los limitados ejercicios de democracia.

El Gobierno de Puerto Rico de Puerto Rico tiene la enorme responsabilidad de concretizar una verdadera legislación de transparencia gubernamental, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal con consecuencias para el funcionario que incumpla con su obligación de divulgar toda la información pública. Los proyectos de ley presentados por el Senado y el Ejecutivo, respectivamente, fueron radicados para cumplir con los compromisos programáticos del llamado Plan para Puerto Rico y llenar la agenda mediática. La legislación propuesta no atiende la verdadera transparencia gubernamental, la auténtica rendición de cuentas y la inaplazable responsabilidad fiscal. Esta realidad hace imperativo que los ciudadanos, la academia y el sector empresarial aúnen esfuerzos para exigir una verdadera transparencia gubernamental que permita rescatar la confianza de los ciudadanos, empresarios e inversores.

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