Titulares:
  1. ESENCIAL ATENDER LA DISTINCIÓN ENTRE GOBIERNO Y PARTIDO POLÍTICO: Por: Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa " Con el incremento y la frecuencia de los actos de corrupción nos hemos vuelto indiferentes ante un fenómeno que lleva varias décadas erosionando las finanzas públicas, debilitando la confianza de los ciudadanos en su gobierno y restando oportunidades de…
  2. OTRO INTENTO INCOHERENTE Y DISTORSIONADO DE LEGISLAR SOBRE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL: Por. Rafael Durand Aldea, MBA Investigador Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "La divulgación de toda la información y datos públicos por parte del gobierno es un elemento esencial para lograr la verdadera transparencia y rendición de cuentas gubernamental que propenda a la recuperación de la confianza ciudadana en sus funcionarios públicos." Oprima…
  3. APERTURA Y TRANSPARENCIA PARA VIABILIZAR LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES INAPLAZABLES:   Por Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Es impostergable trabajar juntos para asegurar que la información esté disponible, que se tomen decisiones eficientes y que estas decisiones se tomen de manera inclusiva. Para lograrlo, es necesario crear los mecanismos publicando suficiente información presupuestaria para garantizar los…
  4. AL DESNUDO LAS DEFICIENCIAS DE LA GOBERNANZA: Por: Dra. Eneida Torres Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Enfrentar el desafío de la magnitud sin precedente de esta catástrofe, agravada con la crisis económica y fiscal que experimentamos hace más de una década, demanda de manera urgente atender las debilidades de la gobernanza que se han venido agravando…
  5. NUESTRA CLASE POLÍTICA SE RESISTE A TRANSPARENTAR TODA LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Por: Rafael Durand Aldea, MBA Investigador Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Aún cuando un número significativo de políticos y funcionarios públicos manifiestan discursivamente tener compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sus prácticas demuestran todo lo contrario."   Oprima aquí para acceder artículo en PDF Los estudios realizados por el Centro de…

NUESTRA CLASE POLÍTICA SE RESISTE A TRANSPARENTAR TODA LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Por: Rafael Durand Aldea, MBA

Investigador Principal

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa


"Aún cuando un número significativo de políticos y funcionarios públicos manifiestan discursivamente tener compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sus prácticas demuestran todo lo contrario."  

Oprima aquí para acceder artículo en PDF

Los estudios realizados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa durante los pasados cinco (5) años han señalado consistentemente que el gobierno de Puerto Rico, los municipios, las corporaciones públicas, la rama judicial y la legislatura llevan a cabo sus funciones en un entorno de secretismo oculto a la vista del ciudadano. Aún cuando un número significativo de políticos y funcionarios públicos manifiestan discursivamente tener compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sus prácticas demuestran todo lo contrario. En la pasada década todos los candidatos a la gobernación han incorporado la transparencia de los asuntos públicos entre su lista de compromisos. Sin embargo, llegado el momento de convertir este compromiso en una realidad todos han renegado su cumplimiento.

Hoy, en medio de la compleja y amplificada crisis que vivimos, el País no cuenta con una legislación clara y coherente que obligue a políticos y funcionarios públicos a divulgar toda la información, datos, planes y resultados específicos de su gestión de forma inmediata al ciudadano. La aprobación de una legislación coherente y abarcadora sobre el deber de todo funcionario gubernamental (electo o nombrado) de revelar toda la información pública en su poder tendrá el efecto de modificar la relación del funcionario público con el ciudadano poniendo las necesidades y prioridades reales de la sociedad delante de las agendas particulares de nuestra clase política.  No podemos permitir que exista un ambiente secreto donde funcionarios y políticos tomen decisiones a escondidas del País sin consecuencias al funcionario o político de turno.

¿Por qué se resisten con tanta vehemencia los políticos y funcionarios a hacer accesible toda la información pública a la ciudadanía? ¿Por qué la legislatura y el gobierno central no coinciden en un proyecto común que coloque a Puerto Rico en el siglo 21 con relación a la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal con consecuencias para el funcionario que incumpla con su obligación?

En la coyuntura histórica que nos encontramos de falta de recursos y con limitadas opciones en el proceso de recuperación de la devastación de los huracanes Irma y  María, no puede existir espacio para favorecer al inversor o colaborador político sobre un funcionario o empresa más competente y costo efectiva;  no puede haber espacio para la contratación de políticos derrotados; no hay margen para elaborar políticas públicas ausentes de fundamentos sustentados, estudios y análisis; no debemos permitir el trámite de legislación populista; no hay espacio para el desarrollo de proyectos fastuosos, ostentosos e irrelevantes; no podemos permitir que el gobierno provea información  maquillada por publicistas y por consiguiente no hay espacio para la divulgación por parte del gobierno de datos limitados o falsos.

El impacto más detrimental al ciudadano, al operar el aparato gubernamental sin transparentar y proveer acceso a la información pública, a tiempo, veraz y completa, es deformar la realidad con publicidad fundamentalmente falsa. Esta búsqueda de satisfacción política a corto plazo menoscaba nuestra frágil democracia ya disminuida por nuestra condición política y los poderes delegados por el Congreso de los EU a la Junta de Control Fiscal.

Es evidente que los políticos y funcionarios públicos se sienten muy cómodos operando lejos de la visibilidad ciudadana. En ese ámbito secreto en que siempre han operado (y continúan operando) existe el espacio invisible propicio para tomar aquellas decisiones que no osarían tomar frente a la visibilidad ciudadana. En este espacio oculto que bloquea la vista del ciudadano:

  • Se contratan a empresas e individuos donantes del partido político y no al de mayor capacidad y competencia.
  • Se le reparten puestos y contratos a políticos derrotados.
  • Se elaboran “políticas públicas” incoherentes con el propósito de favorecer a un sector, grupo o entidad aliada políticamente sin considerar las consecuencias futuras de sus decisiones.
  • Se fingen necesidades inexistentes para desarrollar proyectos ostentosos y visibles.
  • Se promueve la divulgación de información maquillada por publicistas para crear percepciones engañosas en la ciudadanía y apoyar políticos populistas.
  • Se niega la existencia y el acceso a datos e información de gran importancia para el público porque no favorece al político o funcionario de turno.

Es fundamental que el ciudadano común entienda con ejemplos concretos como la falta de transparencia de los asuntos públicos afecta su vida. Solamente así la ciudadanía se verá movida a exigirle al gobierno la aprobación de una ley de transparencia que obligue a los funcionarios gubernamentales a divulgar toda la información pública con consecuencias para aquel funcionario que la incumpla. Veamos un ejemplo reciente que nos afecta a todos:

El gobierno de Puerto Rico, en plena etapa inicial de respuesta a la crisis humanitaria por el embate del huracán María, jamás se le hubiese ocurrido contratar con Whitefish Energy si el proceso de selección y contratación de una empresa para asistir en la recuperación de la generación y distribución de energía eléctrica tuviese que llevarse a cabo con visibilidad ciudadanía. ¿Cómo ocurre en la práctica la visibilidad ciudadana? Una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obligaría a todo funcionario público a divulgar su intención de contratar con entidades públicas o privadas con el propósito de solucionar una problemática identificada y analizada. En el contexto de un gobierno realmente transparente el funcionario público deberá describir públicamente y en detalle la problemática que pretende solucionar y que empresas o entidades han sido contactadas para conocer su disponibilidad y aquellos términos bajo los cuales prestaría los servicios requeridos. Posteriormente se notificaría la decisión del gobierno y haría público inmediatamente el contenido de la contratación y el método por el cual se evaluaría el cumplimiento de las condiciones contractuales.  El funcionario que realizará los pasos antes descritos sin la divulgación publica estaría sujeto a acciones disciplinarias incluyendo multas, suspensión de empleo y sueldo o su destitución.

Bajo los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, propuesta por El Centro de Gobernanza, el gobierno ni sus funcionarios hubiesen tenido la osadía de proponer la contratación de una empresa sin las competencias, capacidades o recursos necesarios para resolver el enorme problema de falta de energía eléctrica que venimos sufriendo desde el 20 de septiembre los ciudadanos, empresas, negocios y el propio gobierno. Tuvo que transcurrir un mes para que se hicieran visibles los desaciertos del gobierno en este proceso altamente cuestionable de contratación y la continuidad del problema no resuelto. Todos nosotros los ciudadanos, empresarios e inversores hemos tenido que padecer las penurias de vivir sin energía eléctrica por una mala decisión tomada en el espacio de secretividad donde imperan las decisiones políticas y el potencial de que florezca la corrupción.

En su Plan para Puerto Rico el actual gobernador le prometió al País la tramitación y aprobación de una nueva ley de acceso a la información pública (similar al Freedom of Information Act) con un proceso de rendición de cuentas “externalizado” donde una entidad sin fines de lucro sería responsable de evaluar los resultados gubernamentales, todo esto bajo el sobrenombre de Transparencia Total. Logrado el objetivo de su elección la supuesta “Transparencia Total” fue reemplazada por prácticas y conductas contradictorias en la gestión de los asuntos públicos dentro de los cómodos espacios de la secretividad y la opacidad.

Al examinar la legislación presentada encontramos que en el Senado se ha radicado el Proyecto del Senado 673 para establecer el Código Anticorrupción de Puerto Rico cuyo propósito es agrupar en un compendio de las políticas públicas relacionadas a la prevención, denuncia o prohibición de actos de corrupción. Nos debemos preguntar, ¿Cómo la creación de un compendio de leyes (algunas ya vigentes) va a impedir los actos de corrupción en el gobierno? ¿Cómo este compendio de leyes hubiese evitado la cuestionable contratación (con visos de corrupción) de Whitefish Energy? ¿Es esta la legislación que va a resolver el problema endémico de la corrupción gubernamental? ¿Será esta legislación una para crear la impresión pública engañosa de que el gobierno está atendiendo el grave y continuo problema de la corrupción?

Por su parte, en respuesta a la falta de credibilidad evidente del Congreso de los Estados Unidos en el manejo apropiado por parte del gobierno de Puerto Rico de los dineros federales asignados para le recuperación del País, el gobierno crea una nueva entidad bajo la tutela de la Autoridad de Alianzas Publico Privadas denominada Oficina de Recuperación y Reconstrucción. La misma estará encargada del desarrollo de la política pública y planificación del manejo de los fondos federales por vía de las agencias estatales. Esta entidad desarrollará mecanismos de transparencia y controles requeridos por el gobierno federal y puntualizo el Gobernador al anunciar en conferencia de prensa el 27 de noviembre de 2017 que estas condiciones no habían sido hasta el momento requisito para la otorgación de los fondos de recuperación. El gobierno decide una vez más rehuirle a la formulación, aprobación e implantación de una ley abarcadora y coherente de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas y opta por un parcho impuesto por el gobierno federal sobre el tema particular del manejo de los fondos de recuperación.

Podemos concluir que el gobierno no demuestra interés alguno en propiciar una legislación de verdadera transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas con consecuencias al funcionario que no cumpla con los términos de la misma. Esta falta de compromiso del gobierno con la verdadera transparencia evidencia que el gobierno no tiene intención de suprimir el espacio secreto y oculto donde se delibera y se toman decisiones sin el conocimiento de la ciudadanía. Por consiguiente, no nos debe sorprender que se continúen tomando decisiones equivocadas y se mantenga vivo el espacio oculto donde florece la corrupción con el efecto nefasto a la recuperación y el desarrollo equilibrado de nuestro País.

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