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LA AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DEUDA DE PUERTO RICO: EL DERECHO CIUDADANO A CONOCER CÓMO SE COMPROMETIÓ EL FUTURO DEL PAÍS

“Todos tenemos el derecho a conocer quiénes son los responsables de acorralar al País bajo el peso de una deuda irresponsable e impagable. Se hace inaplazable tomar todas las acciones correctivas requeridas que impidan que esto ocurra en el futuro”.

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 Por: Rafael Durand Aldea, MBA

Investigador Principal

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Trasfondo

¿Cómo llegamos a incurrir en una deuda pública de sobre $70 mil millones? ¿Quién o quienes participaron, indujeron, gestionaron, validaron o se beneficiaron de este apetito desmedido del gobierno de Puerto Rico de tomar prestado? ¿Por qué incurrió el gobierno continuamente en préstamos a largo plazo?  ¿En cada una de las instancias en que se formalizo un compromiso de repago a largo plazo (comprometiendo financieramente a las futuras generaciones) cual fue la explicación al País? Si algún problema ha ido ganando protagonismo en la última década es la capacidad de los gobiernos de satisfacer las necesidades de la sociedad y su consecuente importancia en el deterioro de la calidad de vida de los países. Los ciudadanos desconocen las contestaciones a estas preguntas y son los que al final responderán por el repago de la deuda.

Podemos afirmar que la práctica continua del gobierno de ocultar la información financiera, económica y estadística de sus operaciones, esenciales a la formulación de los presupuestos, representó el inicio del camino irresponsable hacia la insolvencia fiscal. Señala el Centro de Gobernanza Publica y Corporativa en su estudio  Gobernanza y Responsabilidad Fiscal  publicado en el 2014, que, “En Puerto Rico no existe necesariamente la intención de cumplir con la norma de que el gasto público no exceda los recaudos fiscales, es decir, tener un presupuesto público formal y ejecutado balanceado…La práctica recurrente (del gobierno) de subestimar gastos y sobreestimar ingresos constituye una práctica fiscal altamente negligente propiciada por la falta de apertura, transparencia y acceso a la información pertinente, veraz y entendible a la ciudadanía durante la formulación presupuestal y su ejecución… Las continuas deficiencias presupuestarias han propiciado que los presupuestos anuales sean cuadrados con empréstitos, estrategia que no le fue adecuadamente divulgada a la ciudadanía.”

El esquema de cuadrar continuamente los presupuestos en déficit con préstamos ocurrió a espaldas del ciudadano lo cual permitió que los funcionarios públicos no se vieran obligados a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para evitar que los déficits se repitieran. Esta crasa y negligente falta de transparencia de los funcionarios públicos en la toma de decisiones y la impunidad que los protege de tener que rendir cuentas por dichas acciones ha creado un ambiente de gran desconfianza y propiciado la corrupción en todas sus modalidades.

El cuadrar presupuestos con empréstitos ha sido acompañado por la práctica de refinanciar la deuda próxima a vencer lo que ha propiciado su crecimiento vertiginoso.  Este ambiente de ocultación de la información pública permitió el uso desmedido de emitir deuda extraconstitucional por las entidades gubernamentales separadas del gobierno central (corporaciones y entidades públicas). Desafortunadamente, estas entidades se encuentran aún más distantes del escrutinio público. El conjunto de las maniobras fiscales ocultas al ciudadano permitió que los actores políticos y los funcionarios gubernamentales incrementaran la deuda pública de $2.6 billones en el 1972 a cerca de $70 billones al presente. Aproximadamente el 85% de esta deuda acumulada es deuda extraconstitucional.

Las maniobras financieras antes descritas han ocurrido por la falta de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal de los asuntos públicos. Las decisiones de incurrir en financiamientos a largo plazo deberían ser el resultado de un análisis riguroso del plan estratégico gubernamental, los resultados que se pretenden lograr y por consiguiente las necesidades de capital necesario para su logro. Todo esto con una amplia divulgación a la ciudadanía de los planes del gobierno, las metas y objetivos que pretenden lograr, el impacto que las decisiones tendrán sobre la ciudadanía y el esquema de financiamiento propuesto y sus mecanismos de repago. En las pasadas cuatro décadas esto no ha sucedido.

La práctica del gobierno ha sido presentar presupuestos artificialmente cuadrados con datos e información dudosa, ocultándole al ciudadano sus intenciones ulteriores de cómo utilizará el dinero y cómo se propone financiar el déficit resultante. Estos déficits son causados por:

1. Una nómina gubernamental abultada por los compromisos con los cómplices políticos y amigos. Todo esto muy presente en los nombramientos del personal de confianza.

2. La multiplicidad de contratos de toda índole y naturaleza a personas y empresas relacionadas al financiamiento de las campañas políticas.

3. Los arrendamientos, compra de bienes y servicios y tratamientos contributivos preferenciales a los más allegados al poder.

4. La ausencia de una planificación estratégica enfocada en la prestación de los servicios públicos al ciudadano. En el esquema actual el ciudadano no es la razón principal de la existencia del aparato gubernamental.

5. Las transferencias continuas de dinero del fondo general a las corporaciones y entidades públicas para financiar sus cuantiosos y continuos déficits operacionales.

La opacidad de las acciones fiscales irresponsables, la existencia de una enorme deuda  impagable, el desconocimiento del ciudadano de cómo y porqué se incurrió y cómo evitamos que ocurra en el futuro son los fundamentos principales que hacen necesario un proceso de auditoría  integral de la deuda de Puerto Rico.

Un Paso en la Dirección Correcta

Frente a la incapacidad de responder a los requerimientos de sus acreedores el gobierno promulgo la Ley Núm. 97 de 2015 la cual, entre diversos asuntos, crea la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Publico. Esta legislación define el concepto de auditoría integral como: “La acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación, refinanciamiento o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos, y la ejecución de los programas y proyectos financiados con deuda interna o externa, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de procedencia, regionales, ecológicos, nacionales y municipales.”

Establece también en su sección 5 (b) los elementos esenciales a considerar en el proceso de auditoría de convenios, contratos, y otras formas o modalidades utilizados para adquirir los créditos:

1. Antecedentes, estudios, la calificación de la viabilidad técnica, económica, financiera, social y otros documentos que sirvieron de soporte para justificar la solicitud del crédito.

2. El monto del crédito.

3. Las condiciones económicas, financieras y comerciales que se pactaron y las que se aplicaron.

4. Los condicionamientos (las limitaciones o restricciones).

5. El destino programado de los recursos y su utilización real.

6. Los impactos integrales del proyecto.

7. Los mecanismos realizados para satisfacer el cumplimiento con el crédito.

8. Cualquiera otra información pertinente.

La ley también ordena en la sección 5(d) establecer un sistema de transparencia de la información, tanto sobre el proceso investigativo y auditado, como para los futuros procesos de endeudamiento.

Esta legislación viene, de forma tardía y limitada, a intentar subsanar la práctica continua del gobierno de mantener al ciudadano (individuo, empresario e inversor) ajeno y en desconocimiento de las decisiones del gobierno relacionadas a sus gestiones y propósitos de incurrir en deuda pública. El ocultarle a la ciudadanía toda la información relacionada con la emisión de deuda que se pretende incurrir le facilita a los funcionarios tomar malas (pobres, equivocadas o defectuosas) decisiones que no tomarían si tuviesen que divulgarla. Este encubrimiento de la información tiene el propósito perverso de mantener abierta una puerta a la corrupción. No nos debe sorprender que esta deuda publica incurrida e impagable sirvió, en algunas instancias, para financiar innumerables eventos de corrupción (en todas sus modalidades; compra de influencias, nepotismo, favoritismos, robo o malgasto de fondos públicos, prebendas políticas, nombramientos ilegales, despidos por razones políticas y otros).

A principios de junio de 2016 la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público divulgó un Informe de Pre-Auditoría que nos permite entrever algunos señalamientos preliminares muy serios relacionados con:

1. Posibles violaciones a disposiciones constitucionales y legales relacionadas a la deuda pública.

2. El gobierno emitió deuda pública entre 2005 al 2014 por $30 mil millones con el fin de cubrir déficits presupuestarios.

El nuevo gobierno, ante el reclamo de diversos sectores del País de transparentarle al País toda la información relacionada a la deuda del Gobierno de Puerto Rico, optó por derogar el artículo 2 de la Ley 97 de 2015 que creó la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Publico (Ley Núm. 22 del 19 de abril de 2017.

¿Por qué es Importante un Proceso de Auditar la Deuda?

Las acciones negligentes, irresponsables y ocultas del gobierno al gestionar los préstamos a largo plazo que hoy suman $70 mil millones hacen necesario y prudente una auditoría integral de la deuda pública y la divulgación de sus resultados a la ciudadanía para que todos conozcamos;

1. ¿Cuánto se tomó prestado, cuándo, sus condiciones y para qué fines?

2. ¿Quiénes tramitaron y suscribieron el financiamiento y qué personas o entidades avalaron la legitimidad del proceso?

3. ¿Cuáles de estos préstamos se tomaron en contravención a disposiciones constitucionales y leyes estatales y federales?

Todos tenemos el derecho a conocer quiénes son los responsables de acorralar al País bajo el peso de una deuda irresponsable e impagable. Se hace inaplazable tomar todas las acciones correctivas requeridas que impidan que esto ocurra en el futuro. Estas acciones incluyen el establecer una ley de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal que obligue a los funcionarios públicos a divulgar toda la información relacionada a los presupuestos, previo a su aprobación, y toda la documentación relacionada a los empréstitos del gobierno antes que estos sean formalizados.

El resultado de una evaluación seria y rigurosa de la deuda pública de Puerto Rico permitirá que los ciudadanos de nuestro País identifiquen claramente los errores que se cometieron, adjudiquen responsabilidad y reclamen y apoyen una legislación que cree el marco normativo necesario para que no volvamos a permitir que los gobiernos de turno repitan las negligencias que nos trajeron hasta aquí. Sólo de esta forma Puerto Rico comenzará el difícil camino de recuperar la confianza en sus funcionarios públicos y actores políticos.

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