“El buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general en forma ágil y con responsabilidad fiscal.”
Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
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Los desafíos político-administrativos que enfrenta nuestra frágil democracia exigen romper con las malas prácticas de gobierno de las últimas décadas. Es esencial contar con una conciencia pública educada para reconocer y atender los problemas estructurales que nos afectan y con la voluntad política necesaria para formular políticas públicas y asignar recursos suficientes. Asimismo, es necesario que las instituciones tengan capacidad de gestión para integrar los esfuerzos de reforma y generar resultados para el bien común. Más que un cambio de partido político se trata de una transformación de la forma de hacer gobierno.
Los resultados de los estudios de investigación académica del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa confirman la apremiante necesidad de mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades institucionales. La alternancia política de las pasadas décadas no se tradujo en una mejora en la calidad de la gobernanza. Los hallazgos de las investigaciones puntualizan que la débil gobernanza, la negligencia en la administración de los recursos públicos y la falta de transparencia en la gestión gubernamental y su relación con los pobres resultados gubernamentales, la insatisfacción de los ciudadanos con su gobierno, el deterioro de la confianza de la gente en sus instituciones y la corrupción generalizada son asuntos impostergables para atender con premura.
Por ello, es fundamental contar con un gobierno que ayude a garantizar la capacidad de la sociedad para hacer frente a las amenazas. Dicha capacidad depende en última instancia del capital social, físico, económico y ambiental de la sociedad. Asimismo, es necesario que las instituciones tengan capacidad de gestión y coordinación suficiente para gestionar e integrar los esfuerzos.
Los tiempos en los que la democracia se satisfacía solo con llevar a cabo elecciones periódicas y una rendición de cuentas limitada han quedado en el pasado. Es amplio el consenso general de que la buena gobernanza va unida a procesos y resultados indispensables para la gobernabilidad. Podemos convenir que una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía. Los gobiernos tienen legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien común y evalúa como eficaces las políticas públicas adoptadas para resolver los problemas que le afectan.
El reto de enfrentar los desastres naturales
Esta realidad toma mayor relevancia ante desastres naturales como el que vivimos al presente. En estos momentos es evidente que las carencias de la sociedad han aumentado. En la medida que se prolonga la crisis su impacto negativo se extiende a un mayor número de familias y personas cada vez más diversos. Se puede constatar que se ha abierto una brecha social que ya no puede ser cubierta por ni por el estado ni el sector privado por sí solos. Las instituciones públicas, las políticas públicas implantadas, la forma en que se abordan o no los problemas públicos necesitan renovarse y que se establezcan nuevas vías para su implantación.
Ante los sismos recientes nadie duda que Puerto Rico es altamente vulnerable a huracanes y terremotos. Los sismos y los huracanes que nos ha afectado han dejado al desnudo la negligencia e irresponsabilidad de los gobiernos de las pasadas décadas de proveer servicios esenciales amparados en la excusa de que no hay dinero mientras se otorgan contratos millonarios a empresas y amigos del partido político para desarrollar programas y proyectos irrelevantes descuidando los servicios esenciales, no puede continuar. Estos eventos catastróficos han profundizado la fragilidad de la infraestructura de energía eléctrica, acueductos, carreteras y telecomunicaciones que por décadas se ha ido agravando.
Para reducir el riesgo del impacto de los desastres naturales se requiere una interrelación de actores, normas y prácticas que sea adecuada para actuar antes, durante y después del desastre. La debilidad de las capacidades institucionales y las competencias directivas para gestionar de manera eficiente y eficaz esta emergencia nacional y los pobres resultados alcanzados para satisfacer las necesidades de la sociedad hacen imperativo las reformas radicales en la gobernanza.
La buena gobernanza y el fortalecimiento institucional para atender el riesgo de desastres y la gestión de las crisis son fundamentales para la disminución de los crecientes niveles de riesgos de desastres como resultado del cambio climático y la pericia en asuntos logísticos y administrativos necesarios para mitigar la gestión de los efectos de la crisis. Las amenazas naturales por sí solas no provocan desastres, es más bien la vulnerabilidad de las poblaciones de los países lo que incide directamente sobre la magnitud del desastre.
Imperativo una nueva gobernanza
El quehacer de lo público no se trata solo de acciones gubernamentales, sino de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia, con derechos y con responsabilidades de todos los implicados para satisfacer las necesidades de la sociedad. La realidad económica y social que vivimos en la que fluyen nuevas fuerzas y nuevos espacios de articulación y colaboración y nuevas formas conjuntas con nuevos espacios para trabajar en redes hace imperativo delinear y articular una nueva forma de gobernar.
Sin embargo, en Puerto Rico no ha sido posible gestionar y resolver la complejidad de los problemas públicos por un andamiaje de hacer gobierno que está obsoleto, anquilosado y desgastado. Hemos vivido por años sin tomar decisiones prioritarias para atender las necesidades sociales. No porque no sepamos que hay que tomarlas, sino simple y llanamente porque no hay la voluntad de tomarlas, no hemos formulado la visión de país y acordado las metas colectivas compartidas que nos movilizarán a alcanzarlas y no se generan los consensos necesarios para implantar los cambios. En el sector público todos sabemos lo que no funciona; que no hay recursos para hacerlo todo; que las instituciones no tienen el nivel de calidad mínimo aceptable; todos sabemos dónde hay duplicidad y redundancia; y dónde hacen falta más recursos. La pregunta es, ¿dónde está la voluntad de tomar las decisiones que, todos sabemos, que tendremos que tomar tarde o temprano?
Por el contrario, la realidad económica y social que vivimos hace imperativo gestar una nueva forma de gobernar. A diferencia de épocas pasadas en las que las soluciones surgieron de la clase política que luego se responsabilizó por gobernar a la altura de los tiempos, en esta ocasión este sector se ha convertido en el problema. Hoy día el quehacer de lo público no se trata solo de acciones gubernamentales, sino de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia, con derechos y responsabilidades de todos los implicados para satisfacer las necesidades de la sociedad.
Sin embargo, el diálogo, el debate, el discurso público en Puerto Rico está en absoluto desfase con la realidad. Ello responde principalmente a que se ha adoptado como modelo para promover el diálogo, el discurso político que se ha venido desgastando y éste ha ido ocupando el espacio de todas las otras formas de diálogo. El modelo de reflexión y debate político-partidista en este momento histórico se manifiesta como un modelo de conflicto, de dicotomías, de divisiones, de polarizaciones, de malas intenciones o dirigido a hacer daño al que se considera nuestro adversario político o nuestro rival comercial sólo porque piensa de forma distinta a nosotros o porque compite con nuestra colectividad política o la empresa o negocio.
La administración pública en las pasadas décadas ha estado subordinada al ámbito político, y la transparencia y la lucha anticorrupción han sido manejadas desde plataformas puramente partidistas y mediáticas. El abordaje de estos temas desde la retórica partidista ha probado ser poco útil y efectivo para institucionalizar políticas públicas de transparencia y buen gobierno de corto, mediano y largo plazo. Por lo general, después de los seis meses de gobierno los gobernantes se distancian de las promesas electorales y comienzan a actuar para su reelección y no para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Reflexiones Finales
Puerto Rico necesita ver más allá de la fragmentación y dispersión de los esfuerzos actuales para forjar un nuevo futuro común. Precisa que los gobiernos, las empresas y la sociedad colaboren en la formulación de las políticas públicas, la priorización de proyectos y programas y la movilización de los recursos públicos para atender los problemas. Se requiere para ello, un nuevo entendimiento colectivo. Se requiere una redefinición de éxito para que las experiencias de éxito compartidas sean tan valiosas o más valiosas que los éxitos individuales. Se requiere que seamos capaces de sobreponernos a la visión insular que nubla nuestro entendimiento y podamos aprender de las lecciones de mejores prácticas de otros países que han logrado desarrollar una economía más próspera.
La competencia superficial destructiva entre y dentro de los partidos políticos, el gobierno y el sector privado lo que hace es reducir la capacidad colectiva del país. Hay que terminar con la superficialidad de quién es el bueno y quién es el malo. Hay que terminar con la visión parcial de intereses entre sectores que crea fincas y parcelas que impiden generar las acciones requeridas para potenciar los cambios que reclama nuestra realidad presente. En la medida en que el debate sea uno superficial, de estructura hueca y luchas de poder, entonces no tenemos grandes esperanzas. Demás está decir, este problema no es sólo de un sector de la sociedad, sino que lo comparte tanto el sector público como el empresarial.
Contrario a épocas pasadas, la acción de gobernar en nuestros tiempos es un proceso interactivo, en el que fluyen nuevas fuerzas, nuevos espacios de articulación y colaboración para trabajar en redes. Ningún actor, público, privado o ciudadano, tiene las capacidades, los conocimientos o recursos suficientes para resolver por sí solo los problemas de la sociedad. Esta realidad puntualiza la interdependencia entre las instituciones y actores que intervienen el proceso de gobernanza de los asuntos públicos. Es por ello que la gobernanza trae al terreno de juego una nueva forma de relaciones entre lo público, lo privado, lo no gubernamental y los ciudadanos.
En suma, el buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general en forma ágil y con responsabilidad fiscal. En este nuevo contexto a la ciudadanía le corresponde asumir un papel activo en la solución de los problemas y fiscalizar al gobierno. El sector privado debe generar actividad económica, riqueza, crear empleos, hacer inversión social y asumir la responsabilidad por la prestación de aquellos servicios que el gobierno no tiene la capacidad de prestar y costear.
El país necesita impulsar cambios radicales para romper con las prácticas de mal gobierno, la incapacidad institucional y la irresponsabilidad administrativa que hemos vivido por décadas. Si como país logramos elevar las exigencias respecto a las capacidades, competencias e integridad de los gobernantes que elegiremos en el proceso electoral que se avecina y no nos dejamos deslumbrar por la hueca retórica electoral y la propaganda mediática, podemos convertir las elecciones de 2020 en una verdadera oportunidad para instituir una nueva forma de gobernar.
Enero 2020
