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FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA DETENER EL JUEGO DE LAS SILLAS MUSICALES DE LA CORRUPCIÓN

Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“Para responder al reclamo de buen gobierno de los ciudadanos es necesario y apremiante adoptar una ley de transparencia gubernamental abarcadora, integrada y robusta para lograr cambiar de raíz las malas prácticas de gobernanza en la gestión pública de las pasadas décadas y combatir la corrupción que amenaza con destruir las capacidades de desarrollo económico y bien común del País”.


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La corrupción entraña un mal sistémico que opera a favor de intereses particulares y no en favor del interés público y el bien común. En los últimos años ha venido creciendo la conciencia mundial sobre el problema de la corrupción por sus efectos sobre el debilitamiento de la gobernabilidad, el deterioro de las finanzas públicas, las crisis económicas y sociales que han experimentado los países a nivel mundial, entre otros impactos nocivos. El tema es de tal preocupación que al día de hoy los ciudadanos reconocen la importancia de crear conciencia sobre la existencia de este grave problema y la necesidad urgente de combatirla y luchar contra la impunidad.

En lo que respecta a Puerto Rico, hace más de tres décadas que el país viene experimentando un deterioro en la gobernanza pública y un aumento en la corrupción principalmente propiciado por el partidismo y el clientelismo político. La plaga de la corrupción sistémica que amenaza el desarrollo económico y profundiza la desigualdad social que se refuerzan recíprocamente, ha provocado la decepción de la gente hacia su clase política y creado un contexto propicio y fértil para que se impongan los políticos populistas.

La corrupción en Puerto Rico

El monitoreo de medios de comunicación que realiza el Observatorio Puerto Rico Transparente revela que la ciudadanía opina que la corrupción se ha convertido en una nueva forma de esclavitud para la gente que pone en riesgo el bien común de la sociedad. Por cuarta ocasión en un año el tema de la corrupción ocupa el primer lugar en los temas de interés que analizamos. Los sobregiros millonarios en la administración de las finanzas públicas, la venta de influencia, el desvío de fondos públicos, el clientelismo político y el amiguismo han alimentado el fenómeno de la corrupción que ya se ha convertido en un cáncer que hizo metástasis.

La transparencia y la integridad de lo público no han sido las virtudes que han distinguido la generación de políticos y funcionarios públicos de las pasadas décadas. En las últimas décadas se ha podido demostrar la relación negativa y el costo de la corrupción sobre: el crecimiento económico y la competitividad; las variables sociales; los derechos humanos; la pobreza; los asuntos financieros; y la inversión. Esto desalienta la inversión ya que no hay certidumbre de los costos reales de los proyectos ni del tiempo para lograrlos. Esto provoca que la economía sea poco competitiva, altamente costosa y lenta para tomar decisiones.

Al analizar la realidad de Puerto Rico encontramos que los escándalos de corrupción han sido la constante en la discusión pública durante más de tres décadas. La impunidad se presenta como el principal ingrediente para que exista la corrupción. Las causas principales de la corrupción tienen sus raíces en el sistema político y en las formas en que se gestiona la justicia administrativa, penal y fiscal. Los políticos de turno de los partidos que han gobernado el País han jugado el juego de las sillas musicales y parecen disputarse qué partido político es el más corrupto. Las prácticas corruptas han incrementado significativamente desde los años 90’. La creación de la Comisión Anticorrupción presidida por el fenecido legislador David Noriega representó un hito importante, pero no suficiente, para combatir esta práctica malsana.

Los incidentes más recientes de actos de corrupción gubernamental en el manejo de los asuntos de los Municipios de Toa Baja, Gurabo, Guaynabo y San Juan; el Senado; la Cámara de Representantes; la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes, entre otros continúan deteriorando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Además, encontramos que el manejo deficiente y la falta de transparencia por más de cuatro décadas en la formulación presupuestal, la contratación y los procesos de compra continúan debilitando la buena gobernanza de los asuntos públicos del País. Los ciudadanos en Puerto Rico están cansados de las promesas huecas que crean el círculo vicioso entre la corrupción, la desigualdad social, la inequidad en la distribución de las riquezas y la disparidad en los poderes de los diversos actores en la sociedad.

En las pasadas décadas los gobiernos de turno han gestionado el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones lo que ha resultado en un pobre manejo de los recursos y en la falta de provisión de servicios públicos de calidad para atender las necesidades y hacer realidad los sueños y aspiraciones de nuestra gente. Los estilos adversativos y la falta de transparencia han menguado la capacidad de diálogo constructivo que genera innovación y fortalece la toma de decisiones y el análisis de los riesgos.

Puerto Rico viene enfrentando un problema de corrupción sistémica. Esta realidad puntualiza la necesidad de que los partidos políticos y las administraciones gubernamentales consideren la corrupción como un asunto de precariedad de la gobernabilidad y de claro interés social. En este sentido, el desarrollo del capitalismo europeo de los Siglos XVIII y XIX y particularmente del estadounidense desde el Siglo XX actualizaron las formas disfuncionales y corruptas de gobierno que ya se conocían desde la Grecia clásica.

 Las causas de la corrupción

La corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para el beneficio privado mediante el soborno, la extorción, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, el clientelismo político, la malversación de fondos públicos, los conflictos de interés, la criminalidad organizada, y otras modalidades de conductas que atentan contra el bien común. Es una patología social nociva para la democracia que impide la generación del capital social que agrega valor y limita el crecimiento económico al elevar los costos de servicios que presta el gobierno. Es un mecanismo de explotación de la población en particular de los que menos tienen. Se encuentra entre los más universales y viejos vicios humanos y se caracteriza por su clandestinidad, oscuridad y la acumulación de capital por medios ilícitos.

El concepto de corrupción tiene un gran espectro, incluye: sobornos, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos públicos por un funcionario gubernamental, pero no se limita a estas modalidades. La corrupción también ocurre en caso de nepotismo, clientelismo, amiguismo, tráfico de influencia, extorción, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales entre varias otras prácticas malsanas.

Al analizar este fenómeno la literatura académica coincide en señalar que si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten y las personas que la fomentan. Entre las causas principales se destacan las siguientes:

Un sistema ineficiente de gobernanza que la fomenta al no ejercer los controles necesarios sobre los actos de los funcionarios públicos.

La politización de la administración pública en su expresión clásica de partidocracia, entendida como el manejo de lo público en función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político que se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a los activistas de un partido.

 Opacidad de la Información.  El manejo oculto de la información pública que genera un ambiente propicio para la corrupción.

 La impunidad. Los responsables de actos de corrupción no son castigados conforme a las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad. La falta de sanciones y consecuencias, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción siga creciendo.

 Una escala distorsionada de valores. Se ha perdido el sentido de la búsqueda del bien común. La actividad política sólo se considera como un medio para lograr el enriquecimiento rápido y fácil, sin importar cómo.

Las consecuencias de la corrupción

La literatura académica puntualiza que los efectos económicos, políticos, sociales y culturales que produce la corrupción demuestran que ésta destruye a un país desde adentro. Los principales costos socioeconómicos de este fenómeno son los siguientes:

Profundiza la pobreza. Al desconocer que los bienes del Estado son públicos y pertenecen a toda la población, para dar paso al enriquecimiento ilícito de algunas personas o grupos, la corrupción profundiza las desigualdades sociales. Sin duda, es una de las principales causas de la pobreza y el atraso de un país, pues el dinero de todos no se invierte en satisfacer las necesidades del interés público, por el contrario, se desvía hacia fines particulares.

Viola el ordenamiento jurídico. A su sombra se esconde el abuso de la función pública, la arbitrariedad y el desconocimiento del Estado de Derecho. Atenta contra las leyes que imperan en un país y se opone al interés público y al bienestar común.

Reduce la eficiencia de la administración pública y aumenta al gasto gubernamental. La corrupción desalienta el trabajo honesto, obstaculiza la prestación de servicios públicos y los encarece. Además, aumenta al gasto de los gobiernos y reduce sus ingresos. Por todo ello, la corrupción distorsiona la economía de un país.

 Provoca desencanto político. La gente pierde la confianza en su gobierno, en los partidos políticos y en la democracia como sistema. La corrupción resta legitimidad a las instituciones públicas y alimenta la violencia social. Muchos analistas coinciden en que el creciente abstencionismo del electorado obedece, entre otras causas, al desencanto ciudadano frente a la evidente corrupción de los políticos.

Medidas Internacionales para Combatir la Corrupción

La corrupción es un complejo fenómeno social y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. También socava los marcos jurídicos e institucionales y le resta legitimidad a la gobernanza. Estas desviaciones desalientan la creación y el desarrollo de empresas en los países y le resta credibilidad al gobierno ante los inversionistas. Para atender estos desafíos tanto la academia como los organismos internacionales han venido estudiando con rigor científico el problema de la corrupción y han desarrollado indicadores para medirla y proponer soluciones para encararla.

Transparencia Internacional (TI), el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre otros organismos internacionales utilizan la corrupción como uno de los indicadores claves para medir el desarrollo de una nación. El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de TI obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial.  Los países que obtuvieron las 10 puntuaciones más altas son: Dinamarca (90), Nueva Zelanda (90), Finlandia (89), Suecia (88), Suiza (86), Noruega (85), Singapur (84), Canadá (82), Alemania, Luxemburgo y Reino Unido (81). Estados Unidos (74) obtuvo la posición número 18. Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes. Puerto Rico no fue evaluado en el informe 2016 porque no presentó datos.

Por su parte, el estudio anual sobre Crecimiento y Desarrollo publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) analiza 109 economías y ofrece recomendaciones para que los países y las instituciones puedan mejorar y funcionar eficientemente en asuntos relacionados con la lucha anticorrupción. Los puntajes más altos en el 2016 lo obtuvieron: Luxemburgo 5.52; Japón 5.52; Suecia 5.50; Finlandia 5.42; Noruega 5.39; Nueva Zelanda 5.36; Suiza 5.32; Dinamarca 5.27 y Singapur 5.27. Estos países también se posicionan en los primeros lugares en materia de competitividad económica. Puerto Rico no presentó datos para el año 2016.

Reflexiones Finales

Para responder al reclamo de buen gobierno de los ciudadanos es necesario y apremiante adoptar una ley de transparencia gubernamental abarcadora, integrada y robusta para lograr cambiar de raíz las malas prácticas de gobernanza en la gestión pública de las pasadas décadas y combatir la corrupción que amenaza con destruir las capacidades de desarrollo económico y bien común del País. Para lograrlo se necesita voluntad y compromiso. En este esfuerzo todos los actores sociales deben repudiar la corrupción, proponer medidas para combatirla y fiscalizar su gobierno de manera continua.

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