Titulares:
  1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EXIGE GOBERNANZA ABIERTA: "La transparencia de la información nos debe mover a incentivar el desarrollo del conocimiento de los ciudadanos para avanzar hacia decisiones compartidas, la inclusión, la deliberación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Es evidente que nuestra sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria para generar…
  2. HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA PARA PUERTO RICO: "La gestión pública por su naturaleza fiduciaria debe ser fundamentalmente transparente y responsiva, diversos estándares internacionales establecen la necesidad de que cada gobierno tenga e implemente reglas de  transparencia y rendición de cuentas." Por: Lcda. Alba López Arzola Investigadora Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para ver artículo en PDF La abogada López…
  3. EXTIRPAR LA PATOLOGÍA DEL DESGOBIERNO PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR: "Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manara de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país." Oprima aquí para acceder al artículo…
  4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ATENDER EL DILEMA DE LA GOBERNABILIDAD: "Urge que los gobiernos transparenten la información y rindan cuentas por los resultados de su gestión y que los ciudadanos participemos activamente en la solución y la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan y fiscalicemos a nuestros gobernantes y funcionarios públicos." Oprima aquí para acceder artículo en PDF Por:…
  5. CENTRO DE GOBERNANZA PRESENTA LIBRO LA GOBERNANZA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUERTO RICO: " Es indispensable que los medios de comunicación puedan contribuir a la formación de una esfera pública que provea auténticos espacios de inclusión ciudadana.” Oprima aquí para acceder a la reseña en PDF La Universidad del Sagrado Corazón fue la institución anfitriona de la presentación del más reciente libro publicado por el…

EXTIRPAR LA PATOLOGÍA DEL DESGOBIERNO PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR

“Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manara de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país.”


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Por: Eneida Torres de Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Estamos a las puertas de una nueva época. Hoy, más que nunca, el desafío que enfrentamos como sociedad es mejorar las capacidades de gobernanza y crear las condiciones para el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. La capacidad de gobernar es el factor primordial para contar con Estados eficaces. Por ello es preciso gobernar mejor prestando particular atención a los elementos esenciales que constituyen la capacidad de gobernar a saber: la capacidad institucional, la capacidad de formulación de políticas públicas y la capacidad administrativa de gestión, las competencias de los recursos humanos y las capacidades tecnológicas.

Los eventos recientes que hemos vivido evidencian que lo que realmente necesitamos para crear un mejor futuro es encontrar soluciones para adelantar una agenda colectiva. Desafortunadamente la alternancia política de las pasadas décadas nunca se tradujo en un mayor equilibrio entre los intereses de la sociedad y las capacidades de las instituciones públicas y el liderato político o en un progreso sustancial en la inclusión activa de la sociedad en la toma de decisiones y la fiscalización gubernamental. Por ello los eventos que hemos vivido tienen una trascendencia histórica de gran impacto que nos debe mover a mejorar la gobernanza pública y a consolidar nuestra democracia.

Las manifestaciones de fuerza de la sociedad en reclamo de un gobierno limpio y honesto y de firme rechazo a la corrupción, que culminaron en la renuncia del gobernador Roselló y la invalidación de la juramentación de su sucesor, han sido excepcionalmente oportunas. La patología nos era conocida desde hace años, pero ahora los síntomas se han hecho evidentes. El país rechazó contundentemente la agenda perversa de los que nos desgobiernan, porque quienes nos desgobiernan no tienen como objetivo el bien común, sino el enriquecimiento de un pequeño núcleo que ha pretendido convertir el país en su finca personal logrando lucrarse con la práctica de la corrupción y no del trabajo digno y honrado.

En las pasadas semanas ha quedado al desnudo la insatisfacción generalizada y el marcado deterioro en el funcionamiento del estado y sus instituciones. La falta de credibilidad y confianza en las instituciones, en especial en los partidos políticos y sus dirigentes, han llevado a los ciudadanos a buscar otras alternativas de diálogo y participación en la gobernanza de los asuntos públicos a través de la creación de redes y el uso de nuevas tecnologías.

Desgobierno y corrupción

Alejandro Nieto  en su obra sobre El desgobierno de lo público (2013), plantea que el desgobierno es una degradante forma de ocupar al Estado para favorecer intereses privados, deshaciéndose de la protección de los intereses públicos para solo salvaguardar los propios. Esta forma disfuncional de gobernar  se constituye como una profunda desviación de la esencia de la política, muy diferente a la forma como la pensaron los griegos quienes planteaban que el gobierno existe para encaminar la búsqueda del bien común.

En Puerto Rico los síntomas del desgobierno han hecho crisis. Las carencias de procesos transparentes, la negligencia fiscal, la falta de rendición de cuentas y la corrupción generalizada no han permitido aumentar nuestra prosperidad y competitividad ni la involucración activa de la sociedad en general para propiciar el bien común y la sustentabilidad en el corto y largo plazo. Estas deficiencias no han propiciado la gobernabilidad del País.

La gobernabilidad se refiere a la cualidad de un sistema político para gobernarse a sí mismo. Esta cualidad depende de un balance efectivo y legítimo entre las necesidades de la sociedad y las capacidades de gobernación. Sin una alineación efectiva entre las necesidades y las capacidades no puede existir gobernabilidad. La preocupación por las debilidades de la gobernanza se ha convertido en una dimensión central para alcanzar nuestras aspiraciones como pueblo. Para potenciar el buen gobierno es impostergable que los gobiernos atiendan las carencias de la gobernanza, combatir la corrupción, transparentar la gestión pública, rendir cuentas por los resultados y formular presupuestos abiertos como prerrequisito para la responsabilidad fiscal.

Es evidente que los casos de corrupción, la falta de transparencia y la manipulación de las instituciones y el estado de derecho, han impedido que nuestra democracia alcance la madurez necesaria para propiciar mejorar la calidad de vida. La corrupción es sistémica porque existe en la política, empresas, medios de comunicación, iglesias, organizaciones no gubernamentales (ONGs), e incluso en el deporte. La buena noticia es que nos dimos cuenta que normalizar la corrupción y no verla como un problema grave en la sociedad nos hace presos no solo de la injusticia, sino de una considerable pérdida de valores sociales.

La corrupción afecta a todos los miembros de una sociedad, sus instituciones y sus relaciones, por eso es fundamental que la ciudadanía tenga mayor conciencia sobre el papel y el poder que tiene el conjunto de ciudadanos para cambiar el sistema político y mejorar la gobernanza pública. Las dificultades que enfrentamos al presente en materia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción reafirman que es imperativo asumir responsabilidad colectiva y hacer hincapié en desarrollar una estrategia más robusta para extirpar la patología del desgobierno, fortalecer las capacidades de gobernanza y erradicar la corrupción.

Paradójicamente, en Puerto Rico siendo tan visible la corrupción, con el elevado uso de la tecnología que existe, nos habíamos negado a atenderla con firmeza y los ciudadanos se habían mantenido, hasta cierto punto, indiferentes ante la corrupción. Si bien se han destacado escándalos que han llamado la atención de los medios de comunicación y la sociedad, parece que nos habíamos acostumbrado a la corrupción, considerándola como algo que era parte de la patología de la clase política y que nada podíamos hacer.

En esta ocasión los ciudadanos demostraron que las carencias que vivimos luego los huracanes que nos afectaron en 2017 la corrupción es intolerable y que no puede quedar impune porque le resta oportunidades y servicios a los ciudadanos. Los arrestos por los escándalos de corrupción en el Departamento de Educación y ASES; las investigaciones de corrupción en la legislatura y varios municipios; y el chat de Telegram fueron el detonante para la indignación de los ciudadanos que movilizó manifestaciones masivas por más de dos semanas consecutivas. La gente internalizó que las causas de nuestras carencias surgen del desgobierno que engendra la corrupción.

Al hablar de gobierno el Centro de Gobernanza adopta la definición más amplia que va mucho más allá de la interpretación, a veces estrecha, de gobierno desde el punto de vista estrictamente político. En realidad, el gobierno se refiere al ejercicio no sólo de la autoridad política, sino también de la económica y la administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles. Abarca el Estado, aunque no se limita a él, incluye también el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, la noción de gobierno se refiere a la capacidad para conducir la economía, satisfacer las necesidades esenciales de la población, movilizar recursos y propiciar la prosperidad y el bien común de la sociedad.

Cuando examinamos la doctrina democrática que establece que el pueblo es soberano vemos que la misma deja claramente establecido que el ciudadano es el actor más importante en el proceso de gobernar y está llamado a vincularse activamente en la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la fiscalización de sus gobernantes. Por su parte, para que el gobierno cumpla con su responsabilidad democrática los actores públicos, específicamente la clase política, tienen el deber de transparentar y garantizar el acceso a la información necesaria para que los ciudadanos puedan desempeñar cabalmente su papel en la transformación de la sociedad.

En este sentido, los ciudadanos tienen el deber de analizar con rigor los planteamientos de los partidos políticos y rechazar los candidatos que se esconden tras la práctica política de la demagogia y la retórica que busca avivar las pasiones, las emociones y los miedos para conseguir el favor de la gente. La manipulación de la información para ocultar datos o presentar verdades a medias no puede formar parte del ejercicio democrático más importante que tiene nuestra democracia. No podemos seguir permitiendo que la clase política deliberadamente confunda la democracia con la demagogia.

Tiempos para una nueva gobernanza

La ampliación de la brecha socioeconómica que ha incrementado la desigualdad nos obliga a romper y transformar los modelos de gobernanza pública y los marcos conceptuales para el desarrollo económico que, condicionados por intereses políticos y privados y una ambición de lucro a toda costa, parecen favorecer una mayor fragmentación e individualismo en vez de facilitar enfoques que sean más inclusivos. La oportunidad que nos presenta la coyuntura actual es centrarnos en el impacto cualitativo de nuestras decisiones para generar soluciones a los problemas complejos que nos afectan y movernos del diagnóstico a la acción rompiendo con los narrativos disruptivos que aumentan las divisiones en detrimento de la innovación y el cambio  transformacional. Es impostergable darle importancia a las obligaciones compartidas de todos los actores de la sociedad que nos mueva a un desarrollo social sostenible y un crecimiento económico inclusivo. En esta ocasión no podemos darle espacio a que se creen falsos liderazgos y que ocupen el campo los políticos populistas.

Tanto en la comunidad académica como en la internacional, se es consciente de que el buen gobierno y la responsabilidad fiscal son objetivos que se refuerzan mutuamente y éstos deben integrarse sistemáticamente en las políticas públicas, los planes y los programas de desarrollo de los países. Los resultados de los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza han señalado reiteradamente que los desafíos que encara el País de mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades de la administración pública como estrategia para potenciar el desarrollo requieren ser atendidos sin titubeos. El elemento común de las deficiencia de la gobernanza pública que destacan los hallazgos de estos estudios puntualizan la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza, la negligencia en la gestión de los asuntos fiscales y el aumento en la corrupción, lo que ha deteriorado la prestación de servicios esenciales de salud, educación y vivienda y desviado las prioridades de atender la infraestructura básica de: energía eléctrica, acueductos, carreteras y telecomunicaciones para potenciar el desarrollo sostenible.

A más de los elementos descritos, una gobernanza pública adecuada debe considerar la agilidad estratégica, que consiste en la capacidad del gobierno para prever y responder con flexibilidad a los retos de políticas públicas cada vez más complejos. En este sentido, se requieren marcos de referencia para hacer posible una toma de decisiones rápida y de calidad y garantizar su implantación a fin de generar valor público. Por último, una gobernanza adecuada implica un servicio público eficiente, un sistema judicial independiente, la rendición de cuentas en la administración de fondos públicos, una estructura plural y el respeto a la ley (OCDE, 2010).

La oportunidad que nos presenta la coyuntura actual es centrarnos en el impacto cualitativo de nuestras decisiones y acciones para generar soluciones a los problemas complejos que nos afectan y movernos a la acción rompiendo con los narrativos disruptivos que aumentan las divisiones en detrimento de la innovación y el cambio  transformacional. Es impostergable darle importancia a la obligación compartida de todos los actores de la sociedad que nos muevan a un desarrollo social sostenible y un crecimiento económico inclusivo. En esta ocasión no podemos darle espacio a que se creen falsos liderazgos y que ocupen el campo los políticos populistas y la propaganda mediática.

Superar la mediocridad de la clase gobernante debe comenzar por entender que la gobernación es un trabajo de beneficio colectivo concebida como el vehículo para servirle a la sociedad y no para servirse de ella y cambiar la forma irresponsable de manejar los recursos del estado. Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manara de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país.

Contar con un buen gobierno y con instituciones que rindan cuentas son elementos fundamentales para maximizar la eficacia de las acciones de desarrollo y reducir la desigualdad. Existe una clara correlación entre los procesos de gobernanza y el desarrollo económico de los países. De igual forma, es fundamental la capacidad y competencia de los gobiernos para ofrecer servicios públicos, apoyar un entorno generador de empleos y de crecimiento en pro del bien común, abordar las deficiencias del mercado e involucrar ciudadanos en el proceso, lo que conduce hacia sociedades transparentes y respetuosas de las leyes e incentiva la inversión del sector privado.

Reflexiones finales

Para crear un mejor futuro y trazar el camino a seguir es necesario lograr un cambio real y verdadero en la forma de gobernar. En esta tarea histórica urge continuar sumando talentos y voluntades para superar la crisis de gobernanza provocada por el deterioro de nuestras instituciones y nuestros valores lo que ha propiciado la corrupción y la impunidad. Transitar hacia un modelo de gobernanza en que las relaciones  entre gobernantes y gobernados permitan construir las decisiones públicas de manera conjunta entre el gobierno, los diversos sectores de la sociedad y el sector privado es esencial para darle dirección a la reconstrucción del país.

El principal reto para construir un futuro mejor es asegurar que el buen gobierno se convierta en una fuerza impulsora para mejorar el bienestar de la gente y cerrar la brecha de la desigualdad social. Para lograrlo  es necesario un cambio sustancial, la inercia no es una opción. Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a ser necesario un alto grado de consistencia en las políticas públicas y una mejora sustancial en las prácticas de gobernanza. Los tiempos preelectorales son siempre propicios para la discusión abierta y transparente de los retos que enfrentamos como sociedad. Quizás no haya un desafío más crítico y apremiante que superar la incompetencia del gobierno que nos desgobierna.

En la construcción de esta agenda hay que reconocer que no hay rutas únicas para  potenciar el desarrollo y la prosperidad y no hay una sola receta que sea válida para resolver todos los problemas que encaramos. El reto inmediato es lograr priorizar de manera adecuada las necesidades esenciales de la población y cristalizar las prioridades a atender de una manera clara y fácil de comunicar para guiar la implantación de políticas públicas coherentes para desarrollar la economía y propiciar el bien común de la sociedad.

Reflexionando sobre el pensamiento de Albert Einstein en ocasión del 130 aniversario de su natalicio es oportuno puntualizar que “…la verdadera crisis que enfrentan las personas y los países es la crisis de la incompetencia…” En este sentido, el gran desafío que tenemos en esta coyuntura histórica es encontrar las salidas y soluciones para luchar y superar la crisis social, económica y de gobernabilidad que nos amenaza. Veamos en esta crisis la mejor bendición para desarrollar la hoja de ruta y las estrategias para crear un futuro mejor.

 

Agosto 2019


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