Titulares:
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  2. ABORDAR LOS DESAFÍOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL ANDAMIAJE JURÍDICO Y LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN: "Urge reducir el riesgo de soborno en proveedores de servicios y contrataciones, fortalecer las capacidades institucionales, fortalecer la supervisión y fiscalización de la implantación de las medidas anticorrupción, actuar con mayor transparencia y mejorar la divulgación de los datos, compartir la información de manera oportuna y prevenir la propagación de…
  3. LA POLARIZACIÓN POLÍTICA AMENAZA LA GOBERNABILIDAD: "Para reconstruir el tejido social roto por el desconcierto y el desencanto producto de la polarización y la desinformación tenemos que articular y generar soluciones a los grandes debates de la era de los cambios disruptivos que vivimos." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Para leer…
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  5. CAMBIAR EL RUMBO DE LA SOCIEDAD EXIGE ENCARAR EL PROBLEMA DE INGOBERNABILIDAD: "El país no puede quedar al margen de las necesidades que plantea el cambio de época que estamos atravesando con retos de gran profundidad en la esfera social, económica, política y ambiental. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan medidas urgentes para cambiar el rumbo de la sociedad." Por: Dra.…

EL COVID-19 NO PUEDE SER UN PATÓGENO PARA LA INFORMACIÓN

“Como ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades información de calidad para garantizar la protección de la vida y la salud, así como políticas públicas para la reducción de la brecha digital existente.”

Por: Alba N. López Arzola, JD, LLM [1]

Investigadora Principal

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa


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Esta pandemia no puede volcarnos a una sociedad restrictiva de los derechos humanos. Para evitar que la excepcionalidad se convierta en la normalidad, hay que defender la plena vigencia de ese núcleo de derechos inderogables que no admite enfoque restrictivo alguno ante una emergencia. El derecho universal autónomo al acceso a la información que tiene múltiples dimensiones es parte de dicho núcleo irrenunciable. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha reconocido que este derecho tiene estirpe constitucional al estar incluido en el derecho a la libertad de expresión, a pedir al gobierno la reparación de agravios —así como la atención de las necesidades básicas de la población y la protección de los grupos vulnerables— y al voto universal.

En medio de la convocatoria para celebrar este 17 de mayo tanto el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como el Día Mundial del Internet, nadie duda de que las plataformas digitales han sido el medio principal para mantener la vida social, académica, laboral y política en el confinamiento preventivo en el que nos encontramos en Puerto Rico desde el 15 de marzo de 2020. En la red se difunden contenidos para informar sobre la salud y los derechos, se abren espacios de debate y de movilización social. Por eso hoy es más patente que el acceso al internet es una condición necesaria para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y de todos los derechos que hacen posible la vida democrática, también para potenciar el progreso humano y de la sociedad en su conjunto. Hay corrientes que plantean que el acceso al internet necesita defenderse como un derecho humano fundamental. Siéndolo o no, la democratización de las nuevas tecnologías de la información debe ser una prioridad en la agenda pública, más en estos tiempos pandémicos, como una medida de justicia social. La brecha digital tiene que ser combatida por ser un elemento de exclusión y discriminación social. En esta emergencia, el gobierno debe tomar medidas para incrementar la accesibilidad y asequibilidad del acceso al Internet para todo el conjunto social.

El derecho fundamental a buscar, recibir y difundir información a través de los medios digitales y de comunicación es esencial para mejorar la capacidad de respuesta individual y colectiva en esta emergencia. El ecosistema de las redes en la Internet juega un papel protagónico en la lucha con la pandemia de la COVID-19. A fin de cumplir con este propósito, las autoridades tienen la obligación de proveer información veraz, confiable, oportuna, significativa y en formatos digitales accesibles. La pandemia no puede ser un patógeno de represión para la información en los medios digitales. El gobierno tiene la obligación de abordar por sí mismo la desinformación al proporcionar información fiable por todos los medios posibles. Lamentablemente, la información recibida respecto al comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en Puerto Rico cuando menos ha sido incompleta y para gran parte de la población carece de confiabilidad. Hay que advertir, no obstante, que la falta de calidad de la información sobre la propagación del virus no es un problema exclusivo de Puerto Rico. La vigilancia epidemiológica ha sido un reto para muchos países, cuando esto pase muchos necesitarán revisar sus datos.

A pesar de las limitaciones, con la información disponible afirmamos que el comportamiento de la pandemia en Puerto Rico es comparable al de los países con estrategias exitosas (Grecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda, casualmente países liderados por mujeres). Somos una isla que en el momento oportuno estableció un confinamiento estricto y evitó que el sistema de salud no pudiera satisfacer la demanda de cuidado médico. Nos han faltado pruebas, pero fuimos a la guerra con la mejor arma que teníamos al momento. No esperamos a tener el arma ideal para combatir al enemigo invisible y hemos logrado estar en control. Los resultados positivos no significan que podemos bajar la guardia ante la apertura de economía que se aproxima. Como ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades información de calidad para garantizar la protección de la vida y la salud, así como políticas públicas para la reducción de la brecha digital existente. En estas circunstancias, nos tenemos a nosotros mismos con todos los derechos que nos asisten y que no podemos ceder en tiempos de crisis.

Mayo 2020

[1] La autora es Doctoranda en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Este artículo fue publicado en Hablando Derecho el 18 de mayo de 2020.

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