Titulares:
  1. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN: "Para abordar el desafío de la gobernabilidad que encara Puerto Rico, caracterizado por deficiencias en la prestación de servicios, corrupción y aumento en la desigualdad, es preciso que nos replanteemos el proceso de gobernanza para lograr los objetivos de bienestar común, crecimiento y equidad." Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro…
  2. DERECHO A SABER, INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN: Por: Dra. Eneida Torres de DurandDirectora EjecutivaCentro de Gobernanza Pública y Corporativa "Urge actuar con mayor transparencia para reconstruir el sistema eléctrico, mejorar la adquisición de suministros, fomentar las contrataciones abiertas y transparentes, evitar el aumento ilegal de precios de alimentos y suministros médicos y compartir la información y los datos…
  3. CORRUPCIÓN: CERRAR LA BRECHA ENTRE LA DEMAGOGIA DISCURSIVA Y LOS HECHOS: "El llamado es a institucionalizar los principios rectores de buen gobierno para mejorar los resultados de la gestión pública en beneficio del bien común de la sociedad y resolver la discordancia entre las palabras y los hechos para prevenir, combatir y penalizar la corrupción que le resta oportunidades al bien…
  4. REPARAR LA FRACTURA DE LA GOBERNANZA Y EL AUMENTO DE LA CORRUPCIÓN: "El buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general…
  5. FUNDAMENTAL PRESERVAR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE EXPRESIÓN Y PRENSA: "El llamado a la ciudadanía es a aprender a identificar los contenidos no veraces que recibe a través de su teléfono y evitar reproducir datos por las redes sociales que no hayan sido verificados por fuentes fidedignas. Es responsabilidad de todos y todas que la información que compartimos sea fiable." Por:…

DERECHO A SABER, INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN

Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“Urge actuar con mayor transparencia para reconstruir el sistema eléctrico, mejorar la adquisición de suministros, fomentar las contrataciones abiertas y transparentes, evitar el aumento ilegal de precios de alimentos y suministros médicos y compartir la información y los datos de manera oportuna. Igualmente, importante es mejorar la divulgación de los datos, prevenir la propagación de información falsa y reducir el riesgo de soborno en proveedores de servicios y contrataciones.”


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Una vez más una emergencia, en esta ocasión el huracán Fiona, pone a prueba nuestras capacidades de gobernanza y de planificación para crisis y atención a las necesidades esenciales de la población. En esta instancia para enfrentar el impacto del huracán es impostergable reconstruir el sistema de energía eléctrica que amenaza la salud y el bienestar de la ciudadanía. El momento exige la movilización de todos los sectores de la sociedad para el desarrollo efectivo de capacidades institucionales y de liderazgo, de educación y de comunicación. También es una prueba para la capacidad de los ciudadanos y las comunidades en términos de sus principios, valores y competencias para propiciar el bien común. Por ello, el trabajo colectivo y la colaboración juega un papel clave en el éxito de la respuesta por lo que deben intensificarse y ampliarse.

En esta instancia el gobierno ejerce un liderato crucial en el proceso de restaurar el sistema de energía eléctrica y propiciar la respuesta de intervención con los individuos afectados, además de sensibilizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias para la salud, la convivencia cotidiana y la economía. También, es responsable de difundir información fidedigna y oportuna de los avances y las medidas que se deben adoptar y de ganar la confianza de los ciudadanos. Asimismo, debe explicar con claridad los esfuerzos que se están realizando y por qué las medidas tomadas son las correctas para atender la crisis. Sin embargo, la atención a la respuesta de falta de energía ha sido atendida de manera deficiente tanto como por el gobierno como por la empresa Luma Energy a quien se le delegó contractualmente esta responsabilidad. La crisis causada por el huracán ha puesto en evidencia las deficiencias del contrato otorgado por el gobierno y su incapacidad para prestar los servicios de manera ágil y efciente.

Kofi Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, afirmó que “la información y la libertad son indivisibles. La revolución de la información es indispensable sin la democracia, y la verdadera democracia es inimaginable sin la libertad de información”. Reconociendo el derecho a saber y la función del acceso a la información en el desarrollo, la democracia y la igualdad este año el Día internacional del Derecho a Saber, que celebramos esta semana, se centra en los desafíos y las oportunidades de transparentar la información y el derecho de los ciudadanos a la información en un mundo digital. #DerechoaSaber

Derecho a saber y corrupción

Una revisión de la literatura nos lleva a concluir que durante las emergencias naturales causadas por huracanes, terremotos y tsunamis y las crisis sanitarias como la pandemia del coronavirus que experimentan los países a nivel mundial no siempre es posible asegurar que el dinero llegue donde debe llegar. La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva la reducción de controles, amplia la discrecionalidad en las decisiones de gastos. Genera más oportunidades de conspiración entre empresas e incentiva que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realzar compras, abriendo oportunidades a prácticas ilegales. Más aún la debilidad y la falta de capacidad institucional exacerba los riesgos de corrupción. A pesar de los avances en la adopción de las leyes de transparencia, acceso a la información y datos abiertos y la tímida mejora de los sistemas de compras y subastas continuamos enfrentando desafíos monumentales en materia de transparencia e integridad pública.

Las epidemias, los desastres naturales y las crisis humanitarias son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. La revisión de la literatura existente plantea que para enfrentar la crisis de manera efectiva es necesario combatir la corrupción, incluyendo las modalidades de fraude y soborno que le restan oportunidades de acceso a servicios a las poblaciones más vulnerables y a la gobernabilidad por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Las experiencias recientes de los estudios realizados por los organismos internacionales evidencian una lamentable lista de casos donde existió corrupción luego de una crisis. De acuerdo a la Organización de las naciones Unidas (ONU), se estima que la corrupción genera una pérdida entre un 10% y un 25% del valor de los contratos públicos además de afectar la calidad de los bienes y servicios. A modo de ejemplo, en el huracán Katrina en Nueva Orleans se calcula que el 16% del total de la ayuda (US600M y US14 billones) se perdieron en actividades indebidas.

Es reconocido que la información desempeña una función esencial en las sociedades democráticas: contribuye a contrarrestar la desinformación, a promover la toma de decisiones fundamentada, a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y ayuda a combatir la corrupción. Para que la información desempeñe esa función esencial todas las personas deben poder acceder a ella en igualdad de condiciones, y el gobierno debe adoptar garantías institucionales, normativas y políticas para que ello sea posible. Por tanto, la transparencia está relacionada con el derecho de los ciudadanos de saber sobre los presupuestos, procesos, las acciones gubernamentales y sus resultados, una norma de las leyes contra la corrupción y de los derechos humanos.

Por su parte, los ciudadanos tienen el derecho a saber y el deber de informarse, de seleccionar cuidadosamente sus fuentes de información, de ejercer juicio crítico de la calidad de la información que reciben y de ser prudentes para proteger su vida y propiedad. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar, fiscalizar y mantener la alerta sin generar pánico y respetando la privacidad y el bienestar de los individuos afectados. Las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los individuos y los líderes comunitarios y empresariales desempeñan una función esencial en la preparación y la respuesta.

En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central especialmente cuando los ciudadanos puede acceder a información de calidad y actualizada sobre el uso de los recursos y el gasto público. Para minimizar los riesgos de fraude y corrupción en situaciones de emergencia las herramientas digitales son una buena respuesta para responder a la crisis con integridad. Estas herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anormalidades e incrementar la visibilizacion del flujo de recursos. También permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales y de beneficiarios desde el origen del recurso al cierre fiscal y administrativo. Además, es posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recursos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas, facilita la rendición de cuentas y ayuda aprevenir la corrupción.

Transparencia para incrementar la información y prevenir la corrupción

En momentos de crisis recurrente como los que vivimos es tan grave y preocupante que las instituciones publicas no sean transparentes, como la manipulación intencional de la información provocada por falta de ética e integridad. Los desastres naturales y la crisis pandémica son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. La experiencia reciente muestra que cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero y vidas.

En el caso de Puerto Rico, luego de los huracanes Irma y María la prensa local y el Washington Post reportaron que el Programa de reconstrucción de Puerto Rico enfrentó serias acusaciones e investigaciones de corrupción de las agencias responsables de la gestión de la emergencia a nivel local y federal. También durante la emergencia ocasionada por los sismos que nos afectaron en el área sur del país surgieron serios cuestionamientos al manejo de los almacenes de equipo y suministros que impidieron un acceso ágil para satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos. Más recientemente las acusaciones de fraude y soborno en el uso de fondos para atender la pandemia de coronavirus hacen evidente que en los momentos de crisis aumentan los riesgos de corrupción.

Existe un consenso general al respecto de que la transparencia —situación en la que la información sobre un proceso de toma de decisiones se encuentra disponible para el público y puede ser fácilmente verificada en lo que respecta a las normas y a la identidad de los responsables de la toma de decisiones— aumenta la probabilidad de detectar la corrupción. Además, la transparencia permite esta detección (y reduce la probabilidad de comportamientos corruptos) porque disminuye la barrera de la información, de modo que facilita el escrutinio y el monitoreo. La transparencia también disuade los actos de corrupción al aumentar las posibilidades de identificar a los agentes corruptos.

Por ello, es impostergable fomentar la participación activa de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra l corrupción mediante medidas que garanticen el acceso público a la información. Los procedimientos que permiten que la ciudadanía obtenga información sobre la administración pública se consideran una medida de transparencia fundamental que facilita la exposición de la corrupción. Dichos procedimientos suelen estar regulados por las leyes de acceso a la información (usualmente llamadas libertad de información), que no sólo establecen el proceso de acceso a la información, sino que también conceden a los ciudadanos el derecho a solicitar y recibir información de sus Gobiernos y otras entidades públicas.

Las leyes de acceso a la información se consideran importantes para combatir la corrupción, tales leyes permiten que «los individuos y grupos protejan sus derechos» y ayudan a prevenir «los abusos, la mala administración y la corrupción». Estas leyes mantienen a la ciudadanía informada sobre las acciones y decisiones de sus Gobiernos. En muchos contextos, las leyes de acceso a la información aumentan la transparencia de forma directa y, por tanto, mejoran los sistemas de rendición de cuentas. La publicación proactiva de información por parte del Gobierno y la simplificación de los procedimientos administrativos son formas adicionales de promover la transparencia que van más allá de las prácticas tradicionales de acceso a la información.

Estas iniciativas alientan a los Gobiernos a brindar datos abiertos y accesibles sobre el Gobierno y los procesos políticos a la ciudadanía. Estos enfoques suelen ponerse en práctica a través de sistemas de gobierno electrónico que utilizan internet para proporcionar servicios públicos e información, y para simplificar e incrementar el acceso público a los procedimientos administrativos. Estas medidas respaldan el principio de que la ciudadanía debe tener acceso directo a información sobre los presupuestos públicos, la forma en que los Gobiernos gastan el dinero de los contribuyentes, la prestación de servicios públicos, la competencia y los resultados electorales, entre otros. Cuando dicha información es pública, la ciudadanía, periodistas, académicos y organismos de supervisión pueden examinarla para detectar conductas corruptas o sospechosas. Esto, a su vez, facilita la detección de los delitos y la ineficiencia burocrática, y disuade las prácticas ilícitas que podrían ocurrir en secreto.

Al igual que las leyes de acceso a la información, la divulgación proactiva de datos por parte de las instituciones públicas facilita la detección de la corrupción. En general, el hecho de facilitar la información sobre temas como los procesos de licitación y el gasto público alienta a los periodistas e investigadores a examinar los datos en sectores que suelen ser vulnerables a la corrupción, como el sector policial, defensa, educación o salud. Sin embargo, cabe mencionar que, aunque la transparencia es fundamental para exponer y disuadir la corrupción, por sí sola no es suficiente para reducir la corrupción de manera sostenible. Para asegurar que la transparencia mitigue la corrupción, la información no sólo debe llegar y ser recibida por el público, sino que el público debe actuar al obtener la información para repercutir en el comportamiento de los agentes potencialmente corruptos.

Reflexiones Finales

Hoy más que nunca debemos advertir que la gobernanza pública precisa del compromiso y de la vocación de servir de sus líderes. Para enfrentar este desafío de forma exitosa, es apremiante transparentar la información pública para construir confianza y generar credibilidad para propiciar la acción ciudadana. Informar en casos de crisis de salud pública no es solo una necesidad para los ciudadanos sino también una obligación por parte del gobierno. Es vital que los líderes políticos atiendan el bien común y no su interés particular para ganarse la confianza de la sociedad. No podemos ceder espacio para protagonismos y luchas político-partidistas que solo obstaculizarán la capacidad de respuesta.

La corrupción se combate con transparencia, capacidad y competencia. Necesitamos una auténtica hoja de ruta que permita mejorar las capacidades de gobernanza, desarrollar verdaderas políticas de transparencia de una forma racional y eficiente que garantice la rendición de cuentas de los resultados de la gestión gubernamental y maximice el uso de recursos fiscales escasos.

No es aceptable continuar en un ambiente opaco y tóxico de toma de decisiones para delinear la agenda pública. La falta de transparencia y la permisividad con la corrupción continúa impidiendo la búsqueda de respuestas a los diversos y complejos problemas que nos afectan. Dar respuesta a los serios e impostergables asuntos que enfrentamos permitirá asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

No podemos seguir improvisando, es inaplazable que los gobiernos sean transparentes y que rindan cuentas por su gestión y los resultados. Concurrentemente es imprescindible elevar las competencias ciudadanas para desarrollar plenamente el papel de los ciudadanos en la democracia. Una sociedad más responsable, eficaz innovadora y empoderada es promotora del cabio y la transformación social para el bienestar de todos.

A medida que adelantamos en la recuperación es importante transparentar la información y tener discusiones abiertas y francas sobre las capacidades de nuestro sistema de salud y las vulnerabilidades que lo hacen más susceptible a la corrupción. Urge actuar con mayor transparencia para reconstruir el sistema eléctrico, mejorar la adquisición de suministros, fomentar las contrataciones abiertas y transparentes, evitar el aumento ilegal de precios de alimentos y suministros médicos y compartir la información y los datos de manera oportuna. Igualmente, importante es mejorar la divulgación de los datos, prevenir la propagación de información falsa y reducir el riesgo de soborno en proveedores de servicios y contrataciones. Por último, es necesario reducir la influencia de los intereses privados y es esencial que el gobierno tome mejores decisiones en favor del bien público y no de los intereses políticos o empresariales.

Hacer frente a esta crisis ocasionada por el huracán Fiona nos recuerda que vivimos en una sociedad interconectada. La disciplina y el rigor con la que enfrentemos esta emergencia nos dará la oportunidad de salir fortalecidos y juntos desarrollar los cursos de acción impostergables requeridos para superarla, reconstruir el país y aprender lecciones para el futuro. Con perseverancia, desprendimiento y voluntad superaremos nuevamente este desafío.


Septiembre 2022

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