Titulares:
  1. UN NUEVO PARADIGMA PARA LA GESTIÓN JUDICIAL EN PUERTO RICO: GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Por: Lcda. Alba López Arzola Investigadora Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para acceder artículo en PDF Un postulado  esencial  de  todo  estado  de  derecho  es  tener  una debida administración de la justicia -como servicio público prioritario- y permitir el amplio acceso a dicha justicia para garantizar el disfrute de los…
  2. FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA DETENER EL JUEGO DE LAS SILLAS MUSICALES DE LA CORRUPCIÓN: Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Para responder al reclamo de buen gobierno de los ciudadanos es necesario y apremiante adoptar una ley de transparencia gubernamental abarcadora, integrada y robusta para lograr cambiar de raíz las malas prácticas de gobernanza en la gestión pública…
  3. LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICO- JURÍDICA: Por: Prof. Tomasita Pabón Delgado Decana Asociada Escuela de Ciencias Sociales y Comunicaciones Universidad del Turabo   “El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona’’. Aristóteles Oprima aquí para acceder artículo en pdf.   Puerto Rico está atravesando uno de los momentos más críticos en la historia de la gestión gubernamental, tanto en la fase administrativa como fiscal. La…
  4. TELEVISIÓN EDUCATIVA PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO: "El consenso en torno a la necesidad de mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de los medios de comunicación en la sociedad del conocimiento, la información y las tecnologías de comunicación exigen repensar el rol de la TV educativa en la construcción de una ciudadanía educada y activa…
  5. LA CORRUPCIÓN PÚBLICA: EJE DE LA DESCONFIANZA EN NUESTRO GOBIERNO: "La corrupción disminuye la confianza de ciudadanos, empresarios e inversores en sus políticos y funcionarios públicos. Por consiguiente, la falta de certeza en las determinaciones justas y equitativas del gobierno y la posibilidad de ser extorsionados por funcionarios inescrupulosos impide nueva inversión y la expansión de negocios existentes. Esto representa…

DEFINICIONES

Acceso a la información pública

La facultad que tiene toda persona para acceder a toda información generada en el desempeño de la función pública y en poder de un organismo público o un servidor público. Este derecho es uno fundamental autónomo y a su vez relacionado al derecho constitucional a la libertad de expresión, a la reparación de agravios y el derecho al voto con el objetivo de asegurar una ciudadanía informada que puede ejercer plenamente los derechos mencionados y otros. Su ejercicio no dependerá de que se demuestre un interés específico en la información. Si un servidor público deniega el acceso a la información, debe justificar su negativa y demostrar que la información que desea retener está comprendida en el régimen restringido de excepciones previamente establecido por ley.

Buen gobierno

Requiere que las decisiones tomadas sean informadas, transparente, con conocimiento de los riesgos y con capacidad para manejarlo: deben existir sistemas informativos actualizados y objetivos sobre las condiciones (institucionales, financieras y administrativas) del gobierno y las de la organización pública específica, así como sobre las condiciones (económicas, demográficas, sociales y ambientales) de la sociedad, puesto que las bases de datos, el registro de las tendencias en curso y las prospectivas de escenarios futuros de la adminis-tración pública y de la sociedad favorecen decisiones correctas. El buen gobierno se caracteriza por los siguientes atributos: la transpa-rencia; la responsabilidad; el carácter consecuente; el carácter participativo y la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población (ONU, 2000).

Buena gobernanza

Los acuerdos formales e informales que determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo se llevan a cabo las medidas públicas desde la óptica del respeto a los valores constitucionales de un país. La buena gobernanza se destaca por los siguientes elementos: rendición de cuentas; transparencia; eficiencia y eficacia; capacidad de respuesta; visión y perspectiva y estado de derecho (OCDE, 2010).

Corrupción

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas (PNUD) la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para el beneficio privado mediante el soborno, la extorción, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude y otras modalidades de conductas que atentan contra el bien común.

Es una patología social nociva para la democracia que impide la generación del capital social que agrega valor y limita el crecimiento económico al elevar los costos de servicios que presta el gobierno.

Gestión de los asuntos públicos

Proceso a través del cual las instituciones gubernamentales dirigen los asuntos de interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos (ONU, 2006).

Gestión para Resultados (GpR)

Enfoque de la administración pública que orienta sus esfuerzos a dirigir todos los recursos (humanos, financieros, físicos y tecnológicos) sean estos internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado de políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Es un enfoque diseñado para lograr la integración y coherencia buscadas entre los resultados de desarrollo de los países y el quehacer de cada una de sus instituciones (ONU). Es la actividad que desarrolla cada organismo público mediante un proceso integral, sistemático y participativo articulado de planificación, ejecución y control de las estrategias de desarrollo y bienestar. Es dirigir el sector público por objetivos concretos a los fines de lograr los mejores resultados y aumentar el valor público. Este proceso es uno enfocado en la calidad del servicio público, la satisfacción de las necesidades concretas de la ciudadanía, la obtención de resultados determinados, predefinidos, esperados y medibles, el uso eficaz de los recursos públicos y la evaluación continua de las acciones públicas.

Gobernabilidad

Que el gobierno cuente con “las capacidades idóneas y suficientes (desde las institucionales hasta las administrativas)” para dirigir eficazmente a su sociedad (satisfacer demandas, resolver problemas, controlar conflictos, reducir la inseguridad y la incertidumbre jurídica, coordinar la pluralidad de actores, realizar objetivos de crecimiento económico y desarrollo social, crear futuros de beneficio general...)”. (Aguilar).

Gobernanza de los asuntos públicos

Manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional al promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado económico. Incluye el proceso de toma de decisiones de políticas públicas y el proceso por el que estas son implementadas. Se enfoca en gestionar las interdependencias, alianzas, redes y colaboraciones intejurisdiccionales de una variedad de actores públicos y privados que se incorporan de diversas maneras a las decisiones para adelantar las políticas públicas, proveer servicios y compartir las tareas gubernamentales. La gobernanza se presenta como el paradigma o la forma de gestión a adoptar en el siglo XXI a fin de potenciar las transformaciones necesarias para enfrentar los desafíos sociales y económicos de hoy.

Presupuesto abierto

Se relaciona con la cantidad de información presupuestaria divulgada por los gobiernos y el acceso ciudadano a la información como condición necesaria, pero no suficiente, para incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal (o en la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos). La transparencia y responsabilidad fiscal debe estar acompañada de oportunidades significativas para que la sociedad civil y los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y en el monitoreo del presupuesto y de una sólida vigilancia independiente e institucionalizada. La participación pública en el proceso presupuestario, incluidas las interacciones entre el público y las instituciones de vigilancia del gobierno, deben darse en todas las fases del ciclo presupuestario, a todos los niveles gubernamentales y debe tener una base legal.

Rendición de cuentas

El deber de las autoridades públicas de responder y asumir la responsabilidad sobre los resultados obtenidos en la gestión pública. Se refiere a la obligación que tiene todo servidor público de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. Es a su vez el derecho ciudadano a solicitar una explicación y justificación sobre los resultados de la gestión pública, sobre los cumplimientos e incumplimientos. La rendición de cuentas implica que los resultados de la gestión pública tengan consecuencias concretas para los implicados.

Responsabilidad fiscal

El compromiso de las autoridades gubernamentales de administrar con prudencia los recursos públicos y generar los ingresos necesarios sin crearle una carga insostenible a la ciudadanía. El término también es utilizado en referencia a la elaboración y administración de un presupuesto balanceado, donde los gastos no excedan los ingresos. Por último, se refiere a la capacidad de los actores fiscales de responder personalmente por las acciones u omisio-nes crasamente negligentes que afecten el erario.

Transparencia

Proceso que requiere la divulgación sustantiva y veraz de la información pública a aquellos que tienen el derecho a conocer. Consiste en que la ciudadanía tenga información confiable y oportuna sobre los asuntos públicos (las decisiones, prácticas de política pública y resultados de las acciones públicas) más la oportunidad de identificar los responsables en cada instancia de la gestión pública. Esto con el fin de facilitar la relación entre el Estado y la ciudadanía, a través de una gestión pública, abierta a las opiniones de los ciudadanos respecto a los servicios públicos y las políticas públicas. Además, para ampliar y hacer habitual la rendición de cuentas y reducir la corrupción en la función pública.

Transparencia activa o de oficio

Obligación de todo organismo y autoridad pública de publicar de forma dinámica y continua, sin necesidad de que medie una solicitud ciudadana particular, toda información de interés público que sea producida por el organismo en cuestión o relacionada con el mismo en cuanto la información se genere o el organismo la reciba. Todo organismo público de-be establecer las políticas y procedimientos necesarios para aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación.

Transparencia fiscal

Se refiere a la claridad, confiabilidad, frecuencia, puntualidad y relevancia de los informes fiscales gubernamentales y la apertura al público del proceso de elaborar las políticas fiscales. En esta definición la claridad significa que los informes y reportes son fácilmente entendibles por el lector. La confiabilidad se refiere a en qué medida estos informes o reportes reflejan la verdadera situación financiera. La frecuencia significa la regularidad con que se publican estos informes. La puntualidad repre-senta cuán al día está la información presentada. La relevancia se refiere a cuán pertinente es la información presentada, necesaria para la toma de decisiones. Finalmente, la apertura se relaciona a la facilidad con que el público puede entender, influenciar y hacer al gobierno responsable de sus acciones (rendición de cuentas) fiscales (McTigue).

La transparencia fiscal propicia que las decisiones económicas del gobierno se basen en evaluaciones precisas y compartidas de la situación fiscal actual, un análisis de costo-beneficio de cualquier cambio de política propuesto y los riesgos potenciales a las proyecciones fiscales. El ejercicio de la transparencia fiscal proporciona al legislador, los mercados y a los ciudadanos la información necesaria para la toma de decisiones financieras adecuadas y permite el reclamar al gobierno rendir cuentas sobre los resultados fiscales y la utilización de los recursos públicos.