Titulares:
  1. ES MOMENTO DE DARLE RUMBO AL PAÍS: "Es cada vez más necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en su gobierno y en sus instituciones para avanzar hacia la construcción de instituciones más abiertas, más confiables, más transparentes, más eficientes y eficaces, así como luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder adecuadamente a las demandas…
  2. RESPONSABILIDAD SOCIAL PLATAFORMA PARA UN PARADIGMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: "El proceso de puesta en práctica del desarrollo sostenible exige complementar la aplicación de un enfoque sistémico con la integración de perspectivas múltiples.  Es la responsabilidad social la plataforma para el establecimiento de un paradigma hacia el desarrollo sostenible." Oprima aquí para acceder artículo en PDF Por: Dr. Ramón Torres Morales y Dra.…
  3. Fotogalería Presentación Estudio Gobernanza y Medios de Comunicación en Puerto Rico:
  4. LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO DE GOBERNANZA DAN A CONOCER LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE GOBERNANZA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PUERTO RICO: Para acceder artículo en PDF oprima aquí El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa presentó los resultados del estudio sobre Gobernanza y Medios de Comunicación en Puerto Rico. En una actividad celebrada en el Estudio 2 de Telemundo a la que asistieron propietarios de los principales medios de comunicación del País,…
  5. El Centro de Gobernanza y el Municipio Autónomo de Caguas presentan proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Municipal: Oprima aquí para acceder artículo en PDF Con el objetivo de implantar un sistema de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal en la gestión municipal, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa junto al Municipio Autónomo de Caguas presentó el portal de de Transparencia y Rendición de Cuentas que trabajó junto al Centro…

Cerrar la Brecha de la Gobernanza para Potenciar la Prosperidad del País

“Cerrar la brecha de la gobernanza y fortalecer la capacidad de nuestras instituciones demanda honestidad y claridad por parte de la clase política y compromiso y acción colectiva de los ciudadanos para involucrarse …

Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Puerto Rico tiene una oportunidad única para demostrar que puede generar la gobernabilidad necesaria para conducir al país a emprender las reformas trascendentales que debemos impulsar para lograr un desarrollo económico y social sostenido a largo plazo. Para lograrlo tenemos que ser capaces de fortalecer nuestra democracia y afianzar la gobernabilidad del País. Por esta razón, el proceso electoral que se avecina para elegir nuestros gobernantes nunca ha sido tan importante como ahora. Los actuales desafíos de crisis fiscal que vivimos parecen haber pasado por alto los reclamos de todos los actores sociales de exigir que su gobierno sea más transparente, responsable, eficaz y sensible a las necesidades de la sociedad.

No cabe duda que el déficit de gobernanza es considerado, por la academia y los organismos internacionales, la causa más apremiante a atender para hacerle frente a la crisis actual y los límites de la capacidad de los países a nivel mundial de invertir en el futuro. Para cerrar la brecha es cada vez más crucial fortalecer la capacidad de las instituciones gubernamentales y desarrollar el liderazgo y las competencias directivas y técnicas de la administración pública.

La capacidad institucional se refiere a la habilidad administrativa y de gestión de un país sobre todo en lo que respecta a la aplicación de políticas económicas y sociales; la eficacia para planificar, resolver problemas y priorizar la prestación de servicios a la ciudadanía; la prudencia, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos; la habilidad de los organismos públicos para transparentar información y rendir cuentas por los resultados; y la competencia del gobierno para integrar y relacionarse con actores diversos de la sociedad incluyendo el sector privado, la academia y la ciudadanía en general para adelantar las reformas que requiere la sociedad.

En lo que respecta a Puerto Rico, es evidente y más relevante que nunca, que el logro de nuestras aspiraciones como pueblo se ha visto frustrado debido a que los gobiernos de las pasadas décadas no han sido capaces de responder con eficiencia y eficacia a las demandas de la población; la competencia electoral ha convertido a los partidos políticos en instituciones que “presentan un menú” de ofrecimientos a veces antagónicos y contradictorios que terminan siendo imposibles de cumplir e inalcanzables y que producen decisiones irracionales, ocultan los pobres resultados y los altos costos administrativos y producen incoherencia y debilidad en el diseño de las políticas públicas. De igual forma, el déficit en la capacidad de respuesta de los gobiernos de turno ha generado pérdida de confianza en las instituciones y el liderazgo de estos gobiernos.

Los estudios realizados durante los pasados años por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa con sede en la Universidad del Turabo señalan que “las últimas décadas han mostrado que la pluralidad y la alternancia política no son condiciones suficientes para contar con gobiernos eficaces. Más aún la democracia electoral en Puerto Rico no ha garantizado que los gobernantes a nivel estatal y municipal electos por el voto de los ciudadanos sean responsables, transparentes y que rindan cuentas de sus actos una vez en el cargo. La partidocracia y la alternancia política de las pasadas décadas ha profundizado el deterioro de las instituciones públicas y la falta de prudencia en el manejo de las finanzas públicas” (CGPC 2013, 2014, 2015).

Todos somos conscientes de que Puerto Rico está experimentando una depresión económica y una crisis social que ha revertido los avances sociales y económicos que adelantamos en décadas pasadas. Para atender este desafío es necesario adoptar un enfoque de desarrollo de país centrado en la gobernanza como forma de gestión de los asuntos públicos que potencie el bien común de la sociedad, la competitividad económica y la prosperidad del País.

La habilidad de respuesta ante las demandas ciudadanas, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas por los resultados en todos los niveles de gobierno surgen como principios rectores centrales para mejorar la eficiencia y efectividad de las instituciones públicas y su capacidad para lograr los resultados deseados. Esta forma de gobernar propicia el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en su gobierno, desalienta la corrupción, mejora el desempeño macroeconómico y promueve la inversión, la creación de riqueza y la generación de empleos.

Gestionar los asuntos públicos sobre estos pilares no sólo representa un reclamo de la ciudadanía, los empresarios y los inversionistas, sino que sobretodo constituye una oportunidad para que los gobiernos generen confianza en su capacidad directiva y logren legitimar sus acciones ante la ciudadanía. Además, estos principios de buen gobierno de lo público facilitan la formulación de un marco jurídico integrado, la articulación de políticas públicas coherentes y promueven la involucración y la comunicación efectiva con los ciudadanos (BM, 2009; FMI, 2011).

Según el Centro de Gobernanza, la desconfianza emerge en gran medida por la falta de claridad, coherencia y capacidad de sanción de la escasa y frágil legislación vigente y de la ineficacia de las políticas públicas para garantizar los mecanismos de supervisión y fiscalización con el cumplimiento del marco regulatorio establecido. La confianza más allá de fé ciega, debe ser entendida como un valor alimentado mayormente por la experiencia, pero en el que la percepción juega un rol trascendental. Por eso es que se dice que un gobierno no puede mantener o recuperar la confianza pública en sus acciones sin adoptar procesos transparentes y una rendición de cuentas efectiva.

La transparencia implica el ejercicio de derechos para la ciudadanía y deberes para los funcionarios públicos. Los derechos básicos para los ciudadanos se relacionan con el acceso a la toda la información pública y a la involucración activa en los asuntos públicos de su interés. Además, para que la gestión del gobierno sea transparente debe cumplir con los siguientes deberes y obligaciones: (1) establecer procedimientos transparentes de consulta para la toma de decisiones; (2) desarrollar normas y procedimientos coherentes para administrar los recursos públicos y controles internos efectivos; (3) establecer un sistema accesible y sencillo de información confiable, relevante y oportuna y; (4) apertura al escrutinio de la prensa en lo relativo a la implantación y evaluación de las políticas públicas y la integridad de los funcionarios.

Por su parte, la rendición de cuentas es el acto por el cual los funcionarios públicos o cualquier otra persona que actúa por delegación de terceros, cumplen con la obligación de responder por los asuntos que se le asignaron. Esto implica las obligaciones de: (1) responder a los reclamos y las preguntas de la ciudadanía; (2) explicar y fundamentar las decisiones tomadas y; (3) responder personalmente por las acciones realizadas y la calidad de los resultados incluso con su patrimonio personal.

Su importancia radica en que los ciudadanos, al participar en un escenario de rendición de cuentas, pueden ejercer su derecho a informarse y a fiscalizar sus autoridades públicas, así como a saber qué se hace con los recursos públicos y los resultados obtenidos. En este contexto, los objetivos de la rendición de cuentas son: (1) transparentar la administración de los asuntos públicos; (2) generar confianza hacia el gobierno y sus instituciones y; (3) permitir que los actores sociales hagan un análisis más informado para que se formulen políticas públicas que satisfagan el interés colectivo. En resumen, la rendición de cuentas además de contribuir al manejo prudente de los fondos públicos, implica que los funcionarios también deben responder por el cumplimiento de las metas previamente definidas, así como satisfacer por medios de las políticas públicas las necesidades de la población.

La responsabilidad fiscal se define como el compromiso del Estado de generar los ingresos necesarios para operar el aparato gubernamental sin imponer una carga insostenible a la ciudadanía, así como el deber de administrar con prudencia los recursos públicos. El término es utilizado también en referencia a la elaboración y administración de un presupuesto balanceado en el cual los gastos operacionales no excedan los ingresos. Está vinculado al compromiso de los funcionarios encargados de la gestión fiscal de actuar con prudencia en el gasto público para mantener un presupuesto balanceado. La responsabilidad fiscal debe mirarse desde la óptica ciudadana quién en última instancia sufre las actuaciones fiscales negligentes.

Frente a estas carencias, se impone la necesidad de cerrar la brecha y abrir cauces para fortalecer la gobernanza y mejorar la capacidad institucional apoyada por procesos de reforma y modernización de la administración pública y el fortalecimiento de la cultura de buen gobierno sustentada por los principios rectores de la buena gobernanza pública cuyo anclaje está fundamentado en la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal, la inclusión ciudadana y la lucha anticorrupción. La experiencia nos dice que la falta de integridad y buen gobierno de las pasadas décadas ha generado corrupción y desconfianza en las instituciones. Alcanzar el objetivo de una mejor capacidad de respuesta del Estado que garantice una gestión pública de calidad, pertinente, y capaz de atender las necesidades sociales, económicas en beneficio del bien común va a requerir de ciudadanos informados y gobiernos competentes.

Cuando examinamos la doctrina democrática que establece que el pueblo es soberano vemos que la misma deja claramente establecido que el ciudadano es el actor más importante en el proceso de gobernar y está llamado a vincularse activamente en la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la fiscalización de sus gobernantes. Por su parte, para que el gobierno cumpla con su responsabilidad democrática los actores públicos, específicamente la clase política, tienen el deber de transparentar y garantizar el acceso a la información necesaria para que los ciudadanos puedan desempeñar cabalmente su papel en la transformación de la sociedad.

A días de las elecciones urge que el liderato político del País se focalice en presentarle al pueblo su programa político y sus propuestas para atender las situaciones apremiantes que encara el país de manera clara y coherente. Por su parte, los ciudadanos tienen el deber de analizar con rigor los planteamientos de los partidos políticos y rechazar los candidatos que se esconden tras la práctica política de la demagogia y la retórica que busca avivar las pasiones, las emociones y los miedos para conseguir el favor de la gente. La manipulación de la información para ocultar datos o presentar verdades a medias no puede formar parte del ejercicio democrático más importante que tiene nuestra democracia. No podemos seguir permitiendo que la clase política deliberadamente confunda la democracia con la demagogia.

Cerrar la brecha de la gobernanza y fortalecer la capacidad de nuestras instituciones demanda honestidad y claridad por parte de la clase política y compromiso y acción colectiva de los ciudadanos para involucrarse activamente en los asuntos de la “polis”. La coyuntura histórica actual reclama voluntad, solidaridad y responsabilidad para adelantar la agenda de promover el bien común, la competitividad y la prosperidad del País para el beneficio de nuestras futuras generaciones.

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