Titulares:
  1. IMPOSTERGABLE LAS REFORMAS DE LA GOBERNANZA: "El buen gobierno que Puerto Rico necesita debe definir una ruta de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser eficaz, honesto y austero y tener la confianza del pueblo, capacidad de negociación política y herramientas claras y transparentes para lograr mejores resultados para la sociedad en general…
  2. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EXIGE VOLUNTAD POLÍTICA Y BUENA GOBERNANZA: "Enfrentar la corrupción además de ser extremadamente retador desde el punto de vista técnico implica necesariamente voluntad política auténtica por parte de los responsables de la toma de decisiones. También requiere de un compromiso firme de los ciudadanos y los empresarios para coproducir las ideas, movilizar la acción, los resultados…
  3. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EXIGE GOBERNANZA ABIERTA: "La transparencia de la información nos debe mover a incentivar el desarrollo del conocimiento de los ciudadanos para avanzar hacia decisiones compartidas, la inclusión, la deliberación y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Es evidente que nuestra sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria para generar…
  4. HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA PARA PUERTO RICO: "La gestión pública por su naturaleza fiduciaria debe ser fundamentalmente transparente y responsiva, diversos estándares internacionales establecen la necesidad de que cada gobierno tenga e implemente reglas de  transparencia y rendición de cuentas." Por: Lcda. Alba López Arzola Investigadora Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para ver artículo en PDF La abogada López…
  5. EXTIRPAR LA PATOLOGÍA DEL DESGOBIERNO PARA CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR: "Si algo ha quedado claro en esta gesta de pueblo es que cada ciudadano es distinto en pensamiento, en la manara de ver la vida y en su accionar, pero eso no nos distancia en el interés y el compromiso de forjar un mejor país." Oprima aquí para acceder al artículo…

Apremiante un Marco Jurídico sobre Transparencia y Responsabilidad Fiscal Para Rescatar la Agenda Pública

“Para rescatar la agenda pública tenemos que atender la ambigüedad y la opacidad en la formulación de las políticas y las deficiencias en la gobernanza de los asuntos públicos. Es necesario que se genere el diálogo informado para articular las respuestas y crear las sinergias para movilizar las decisiones“.

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Por: Dra. Eneida Torres de Durand

Vivimos momentos de gran decepción por el pobre funcionamiento del gobierno. La negligencia en la gestión de los asuntos públicos, muy especialmente de índole fiscal, han deteriorado las finanzas públicas a tal grado que el País se encuentra al presente ante el colapso de sus finanzas y los impagos de su deuda pública y la posibilidad de no poder prestar los servicios públicos esenciales a los ciudadanos.

Para rescatar la agenda pública tenemos que atender la ambigüedad y la opacidad en la formulación de las políticas y las deficiencias en la gobernanza de los asuntos públicos. Es necesario que se genere el diálogo informado para articular las respuestas y crear las sinergias para movilizar las decisiones. Transparentar la información pública permite fortalecer la confianza social en las instituciones, sus programas de gobierno y sus funciones. Al ciudadano contar con herramientas de información puede involucrarse en las decisiones y ejercer la fiscalización impidiendo que los intereses sectoriales afecten el interés público.

Trasparentar los asuntos públicos, sobre todo los fiscales, permitirá atender los desafíos actuales; manejar los riesgos emergentes y generar la cohesión social requerida para la sustentabilidad de las estrategias. Todo ello permitirá mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos y generar respuestas acertadas para el bien común y desalentar la corrupción.

La transparencia es un componente clave de política pública para propiciar una cultura de buen gobierno dirigida a promover mayor eficiencia en el uso y la distribución de los recursos públicos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado. El anclaje de la transparencia requiere un cambio cultural e institucional en la forma como funciona, como se gestiona y como gasta el gobierno.

Las políticas públicas de transparencia van más allá de garantizar el acceso a la información. Estas políticas constituyen una plataforma para abrir espacios de colaboración entre el Estado, el sector público, la sociedad civil y el sector privado para mejorar la toma de decisiones y promover la innovación, los empleos y la prosperidad.

Además, es necesario cambiar el discurso político que impide construir una agenda de País que propicie el bien común y acabar con la politización que amenaza con colapsar las instituciones y atenta contra la eficiencia, la eficacia y el respeto al mérito como principios rectores del servicio público. La partidocracia no puede continuar siendo el criterio que impone la agenda pública y define las prioridades del País y quién, cómo y cuándo las ejecuta para su fin particular y no para el bien común.

Urge Legislación sobre Transparencia y Responsabilidad Fiscal

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) con sede en la Universidad del Turabo ha venido estudiando con rigor científico estos asuntos desde el 2012. Los estudios realizados durante los pasados años sobre el estado de situación de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal en Puerto Rico en el contexto de la gobernanza revelan que la crisis fiscal de la última década ha puesto al descubierto la incapacidad del gobierno de mantener la estabilidad económica y generar resultados que potencien el desarrollo sostenible, la competitividad económica y el bienestar social de Puerto Rico. Existe un amplio consenso en diversos sectores de la sociedad de que Puerto Rico se encuentra rezagado en los procesos y sistemas de gestión de los asuntos públicos (CGPC 2013-2014).

Para atender estas deficiencias de transparencia y acceso a la información es vital la divulgación y la rendición de cuentas de todos los procesos que sustentan las decisiones y limitar la discreción de los funcionarios y servidores públicos, dotando de amplia transparencia toda relación económica del gobierno con cualquier agente económico. Hay que abrir el gobierno, lo que significa divulgar los contenidos de los contratos que se formalicen y hacer accesible las minutas, las reuniones de comisiones y juntas de gobierno por los medios de comunicación, del internet u otros. Esto permitirá construir certidumbre y confianza de la ciudadanía, empresarios e inversionistas hacia la gestión pública y el desempeño gubernamental, lo que posibilita movilizar un desarrollo económico y social equilibrado y sostenido.

Ante esta realidad apremiante, el Centro de Gobernanza ha planteado que es imperativo y urgente que Puerto Rico adopte una legislación sobre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas como una medida para promover el desarrollo y la competitividad del país (2013). Un marco jurídico e institucional dirigido a transparentar la información y los datos para la verificación, evaluación y seguimiento sobre los programas, proyectos, costos, presupuestos, recursos humanos y resultados obtenidos nos permitirá asegurar el cumplimiento de los requisitos de divulgación de los actos del gobierno como base fundamental del sistema democrático y generar certidumbre para atender los desafíos que enfrentamos.

Urge aprobar el proyecto de ley sobre Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública en Puerto Rico (P de la C 2469) radicado en la Cámara de Representantes a petición del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa en la Universidad del Turabo. Luego de las vistas públicas llevadas a cabo en agosto de 2015 por la Comisión de Gobierno inexplicablemente no ha habido continuidad por parte de los legisladores para encaminar su aprobación.

De igual forma, esta legislación propiciará un ambiente de confianza y credibilidad dirigido a generar y promover la diversidad de ideas, la inclusión, la deliberación y mejorar la solución de los problemas de la ciudadanía, la calidad en la toma de decisiones y la prevención de la corrupción. Estas iniciativas crearán certeza hacia el desarrollo económico y promoverán el clima de inversión y las iniciativas de emprendimiento necesarios para crear empleos y potenciar la prosperidad.

La razón fundamental que motiva este proyecto de Ley surge de la insatisfacción de los ciudadanos con los resultados hasta ahora alcanzados en la gestión pública y la incapacidad del gobierno de lograr la involucración y participación activa de todos los sectores sociales en la generación de respuestas para atender los desafíos sociales, económicos y fiscales que enfrentamos en beneficio del bien común.

Deficiencias en la Gobernanza y Falta de un Marco Jurídico Coherente de Transparencia y Responsabilidad Fiscal

 El duro impacto de la crisis económica y fiscal que vivimos hace más de una década y los escándalos de corrupción más recientes ha llevado la confianza en las instituciones gubernamentales al punto más bajo en mucho tiempo. La falta de transparencia ha permitido que florezca la corrupción y ha mermado la credibilidad para promover el desarrollo económico.

Para adelantar la agenda de gobernanza, requerida para encarar los desafíos actuales, es necesario adoptar políticas públicas que incorporen estrategias claras de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal para articular, dar coherencia, atender los riesgos y asegurar la sostenibilidad de las decisiones a implantar a corto y largo plazo. La transparencia en la formulación de las políticas públicas y la asignación de los recursos, por un lado, y la rendición de cuentas por los resultados y la administración de los bienes públicos, por el otro, son un binomio que interactúa como un proceso integral en el ejercicio gubernamental que genera valor público.

Todos estamos conscientes de que los tiempos económicos turbulentos y de profundo desequilibrio fiscal que vive el País han incrementado el reclamo de la ciudadanía a los actores y a las instituciones públicas de mayor transparencia, más exigencias al derecho de acceso a la información, reclamos por mayor rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública y mayor involucramiento ciudadano en el quehacer del gobierno. Sin lugar a dudas, la coyuntura histórica actual Puerto Rico nos reclama que nos movilicemos para impulsar los cambios radicales y profundos necesarios para atender los retos que enfrentamos.

Es imperativo que el sector público sea capaz de trazar la ruta a emprender y articular el funcionamiento democrático de la sociedad en beneficio del bien común. Para lograrlo, es necesario contar con información veraz y oportuna que permita la activa participación de todos los actores sociales. Consideramos que las disposiciones contenidas en esta ley permitirán ofrecer direccionalidad y eficiencia a los servicios que el Gobierno de Puerto Rico rinde a la ciudadanía, promoviendo así la excelencia, la eficiencia y la productividad del gobierno necesarias para recobrar la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

Para generar la confianza y fortalecer la toma de decisiones públicas es necesario transparentar el gobierno mediante la provisión de información confiable y oportuna tanto económica como presupuestaria, así como en la contratación pública, la financiación de programas y la verificación de la utilización de los recursos públicos. Esto creará certeza sobre el desarrollo económico y promoverá las iniciativas de emprendimiento necesarias para la recuperación.

El buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas son principios de actuación pública imprescindibles para el desarrollo de los países y las democracias. Cuando hablamos de buen gobierno nos referimos a cómo una sociedad se organiza para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad para todos los ciudadanos. En su raíz, estos conceptos son constructos éticos que cobran especial importancia práctica en la coyuntura histórica actual.

Al analizar las prácticas de gobernanza de los países que han adoptado la transparencia y la responsabilidad fiscal como ejes vertebradores de sus reformas de gobernanza pública (Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Méjico y Chile entre otros) y examinar sus resultados en los índices de gobernabilidad, competitividad y transparencia se encontró que esta plataforma:

  1. Promueve el desarrollo, la competitividad y la prosperidad de los países.
  1. Mejora la confianza de los ciudadanos en su gobierno.
  1. Promueve el mejoramiento del clima de inversión y la generación de riqueza.
  1. Mejora la formulación de las políticas públicas y la toma de decisiones gubernamentales.
  1. Es la base para desarrollar mejores presupuestos y una mejor utilización de los recursos fiscales.
  1. Es una herramienta poderosa para la lucha anti corrupción.

Una mirada a los puntajes de los países estudiados revela que éstos obtienen las puntuaciones más altas y son capaces de promover su desarrollo de manera más constante.

El Estudio de Investigación sobre Gobernanza y Responsabilidad Fiscal: Una plataforma para la gestión de los asuntos públicos que llevó a cabo el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (2014) tuvo el propósito principal de analizar las prácticas fiscales y económicas del gobierno de Puerto Rico en el contexto de la gobernanza como paradigma de gestión de los asuntos públicos. Además, el estudio identifica y analiza la normativa jurídica existente en asuntos fiscales, con atención particular a los vectores de la transparencia, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas de los actores y las instituciones públicas reconocidas internacionalmente por las mejores prácticas de gobernanza fiscal.

La investigación fue realizada por: la Dra. Eneida Torres (experta en planificación estratégica, desarrollo organizacional y gestión del capital humano); Rafael Durand Aldea, MBA (experto en finanzas y sistemas gerenciales para resultados); la Lcda. Mari Glory González (abogada y planificadora profesional licenciada); el Dr. César Sobrino (economista); Dr. Saúl Pratts Ponce de León (experto en administración pública) y la Lcda. Alba N. López (profesional del campo de la administración pública y gestión de capital humano en el sector público y privado). La revisión de pares (“peer review”) estuvo a cargo de los doctores: Ramón Torres, Marcelino Rivera y la Lcda. Tomasita Pabón. La edición general del documento estuvo a cargo de la Dra. Eneida Torres, la Lcda. Alba López y Rafael Durand.

El estudio señala que la transparencia es el proceso que requiere la divulgación sustantiva y veraz de la información pública a aquellos que tienen el derecho a conocer. Consiste en que la ciudadanía tenga información confiable y oportuna sobre los asuntos públicos, las decisiones, las prácticas de política pública y los resultados de las acciones de los gestores gubernamentales. Esto crea certeza hacia el desarrollo económico y promueve el clima de inversión y las iniciativas de emprendimiento necesarias para generar empleos, alcanzar la prosperidad y la competitividad económica.

De acuerdo a la investigación la rendición de cuentas se refiere a la obligación que tiene todo servidor público de responder públicamente a las exigencias de la ciudadanía por el manejo de los recursos, las decisiones, y la gestión realizada en el ejercicio del poder que le ha sido delegado. La rendición de cuentas permite informar y sustentar con datos, documentos y resultados concretos, cómo fueron utilizados los recursos públicos. La rendición de cuentas aporta seguridad y certidumbre a quien la brinda y la recibe. Permite ir construyendo la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, empresarios e inversionistas hacia la gestión pública y el desempeño gubernamental, lo que posibilita movilizar un desarrollo económico y social equilibrado y sostenido del País.

Por su parte, la responsabilidad fiscal se refiere al compromiso de las autoridades gubernamentales de administrar con prudencia los recursos públicos y generar los ingresos necesarios sin crearle una carga insostenible a la ciudadanía. Está relacionada a la capacidad de los funcionarios públicos de responder personalmente por las acciones u omisiones crasamente negligentes que afecten el erario. Este compromiso de los funcionarios con los resultados nos acerca a la rendición de cuentas ya que los actores públicos deberán asumir la responsabilidad por las acciones fiscales negligentes. También se refiere a la elaboración y administración de un presupuesto balanceado, donde los gastos no excedan los ingresos. El logro de la responsabilidad fiscal depende en gran medida de la transparencia fiscal que ejerza el gobierno.

El estudio analizó el marco jurídico de los países que han promovido una sana administración basada en los principios de responsabilidad fiscal, con sus pilares de transparencia y rendición de cuentas, aceptados por diversos organismos internacio-nales como las mejores prácticas de buen gobierno. La legislación estudiada incluye los siguientes países: Nueva Zelanda, Australia, Brazil, Colombia, México, Chile y Estados Unidos. La tabla que sigue resume los principios generales de responsabilidad fiscal presentes en la legislación internacional:

Tabla Núm. 1

Principios rectores para una legislación de responsabilidad fiscal

 Tabla 1 in

*Representación grafica propia

Estos países comparten las siguientes características:

  • Tienen una legislación integrada y coherente que establece parámetros claros de cumplimiento y obligatoriedad de la transparencia y rendición de cuentas.
  • La transparencia presupuestaria está claramente establecida en los estatutos aprobados como requisito indispensable para la rendición de cuentas efectiva y pertinente que permita la participación ciudadana.
  • La disponibilidad de la información pública es pertinente y oportuna y la legislación provee los protocolos requeridos para que la información se actualice periódicamente y se provean los mecanismos de acceso a través de solicitudes mecanizadas o mediante el acceso computadorizado, sencillo y no discriminado para obtener información.

De las leyes de responsabilidad fiscal analizadas surgen cinco principios esenciales:

Figura Núm. 1 *

Principios Rectores para una Legislación Integrada de Responsabilidad Fiscal

Figura 1

* Fondo Monetario Internacional

Las leyes de Puerto Rico fueron analizadas para examinar su cumplimiento con estos parámetros internacionales. La investigación encontró que el país no cuenta con una legislación integrada y coherente sobre transparencia y responsabilidad fiscal, mientras que cada vez son más los gobiernos que se unen a la corriente internacional de formular, adoptar e implementar las mejores prácticas fiscales.

Al examinar las medidas de responsabilidad fiscal adoptadas con éxito por muchos países es evidente que a Puerto Rico le queda mucho camino por recorrer. En la Isla aunque existe el mandato constitucional de promover la responsabilidad fiscal, los formuladores de la política fiscal y sus actores no han actualizado el contenido de los principios constitucionales relacionados a la transparencia, acceso a la información y la responsabilidad fiscal, ni demostrado la intención de darle cabal cumplimiento.  La tabla que sigue resume los resultados del análisis de los principios generales de responsabilidad presentes en la legislación de Puerto Rico:

Tabla Núm. 2

Análisis de los Criterios Internacionales de Responsabilidad Fiscal Presentes en la Legislación de Puerto Rico

Tabla 2

 *Representación grafica propia

Además, la investigación señala que el concepto de transparencia es ampliamente utilizado en el contexto fiscal, ya que al transparentar los datos y la información los ciudadanos pueden evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público lo que fomenta la democratización de los procesos presupuestarios. La transparencia permite que los afectados por las acciones fiscales en el contexto gubernamental conozcan no sólo las cifras resultantes, sino también las políticas fiscales adoptadas, con sus mecanismos y procesos.

Al examinar las prácticas de administración y gestión de las finanzas públicas en el contexto de Puerto Rico encontramos un déficit fiscal persistente, un incremento significativo del gasto corriente y un alto endeudamiento. Esta realidad se ha agudizado en la última década por el contexto de bajo crecimiento económico en un entorno mundial incierto y volátil. En términos específicos, desde el año fiscal 2001 al presente el gobierno ha superado la partida de gastos presupuestados en $6.7 billones de dólares. Con relación a la presupuestación de Ingresos durante el mismo periodo el gobierno sobre estimó los ingresos en nueve de los catorce presupuestos examinados por un total acumulado de $4.7 billones de dólares.

Los hallazgos del estudio revelan que:

Figura Núm. 2

Hallazgos Principales de Estudio

 Figura 2

Del análisis de los resultados fiscales se desprende que la acción de sobreestimar ingresos y subestimar gastos de forma continua y recurrente por más de una década apunta a una práctica de negligencia fiscal de los entes gubernamentales responsables de la formulación del presupuesto con la controvertible intención de presentar un documento de presupuesto balanceado sin la intención ulterior de cumplir con las partidas establecidas. El principal factor que ha permitido que esta negligencia fiscal suceda de manera continua es el propio proceso presupuestario carente de apertura, transparencia y acceso público a la información pertinente, veraz, oportuna y comprensible para ser escrutada por la ciudadanía previo a su aprobación.

Al 30 de junio de 2013 el monto total de la deuda pública era de $70.0 billones. El constante y continuado uso del mecanismo de emitir deuda pública para solventar las deficiencias presupuestarias crónicas señaladas anteriormente han propiciado un crecimiento desmedido de la deuda pública en los pasados cuarenta años. De una deuda total de $2.5 billones en 1972 el gobierno la ha incrementado a casi $70.0 billones (2013), cifra mayor que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico que está cerca de $68.0 billones (2013).

Gráfico Núm. 1

Presupuesto Vs Real  (en millones)
Ingresos y Gastos  (Presupuestados vs. Incurridos 1999 – 2012)

Ingresos y Gastos

Además, el estudio encontró que la deuda pública ha aumentado dramáticamente no solo en las obligaciones generales del gobierno central, que están limitadas constitucio-nalmente, sino también con la emisión de deuda extra constitucional que representa el 84.9% de la deuda total del gobierno (2013). De una deuda total de $70.0 billones (2013) la deuda extra constitucional suma $59.4 billones. De estos $59.4 billones, $25.5 billones son responsabilidad de las corporaciones y entidades públicas. Esta deuda extra constitucional causa enormes presiones fiscales al gobierno central porque un gran número de estas corporaciones y entidades públicas no generan, por diversas razones, los ingresos necesarios para cubrir sus costos operacionales teniendo que recurrir a la dependencia en asignaciones del fondo general o asignaciones legislativas para solventar su funcionamiento. Un análisis del periodo 1999 a 2012 demuestra que el gobierno central transfirió cerca de $15.0 billones de dólares a corporaciones y entidades públicas incrementando a su vez las deficiencias fiscales del fondo general.

 

Gráfica Núm. 2

Incremento de la Deuda Pública
1972-2012 (en millones)

Grafica 2

La investigación recomendó que para atender la falta de disciplina fiscal es necesario que Puerto Rico reforme sus prácticas gubernamentales de gasto, sus políticas tributarias y presupuestarias y controle su deuda pública para retomar el camino hacia la sustentabilidad fiscal, su desarrollo sostenible y el crecimiento económico del País. De igual forma, señala que es necesario adoptar una legislación de responsabilidad fiscal que incorpore los principios internacionales de buenas prácticas de trasparencia fiscal establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI); la OCDE y el Banco Mundial:

 Figura Núm. 3

Principios Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal

Figura 3

Fondo Monetario Internacional

Además, el estudio recomendó que para que Puerto Rico atienda sus problemas fiscales y adelante su desarrollo sostenible es necesario:

Figura Núm. 4

Recomendaciones Principales del Estudio

Figura 4

Las acciones prioritarias recomendadas en el estudio contribuirán a encaminar las soluciones a la crisis económica y fiscal que encara el País. Además, crearán certeza hacia el desarrollo económico y promoverán el clima de inversión y las iniciativas de emprendimiento necesarios para crear empleos y alcanzar la prosperidad. De igual forma, propiciará un ambiente de confianza y credibilidad dirigido a generar y promover la diversidad de ideas, la inclusión, la deliberación y mejorar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, la calidad en la toma de decisiones y la prevención de la corrupción.

Reflexiones Finales

En suma, es necesario puntualizar que para que Puerto Rico avance en su proceso de desarrollo sostenible es necesario aprovechar la crisis profunda y prolongada que estamos experimentando como una oportunidad para adelantar las reformas estructurales requeridas con compromiso y voluntad. Adelantar la agenda para gestionar los asuntos públicos en la coyuntura histórica actual para generar respuestas y producir los resultados va a requerir del talento y la voluntad de todos.

La coyuntura histórica actual reclama de manera ineludible que dotemos al país de un marco jurídico a la altura de los tiempos y de las políticas públicas y estrategias de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas para la reconstrucción del país. Para ello es necesario que Puerto Rico apruebe legislación de transparencia y acceso a la información dirigida a fomentar su utilización activa; asegurar que la información pública es de alta calidad y pertinente para los ciudadanos; involucrar al sector privado y a la sociedad civil en los esfuerzos por promover la transparencia e integridad en la gestión pública; mejorar la capacidad técnica y directiva de la administración pública y promover la utilización de nuevas tecnologías de información para mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos.

Este es el momento oportuno para que Puerto Rico enfrente sus desafíos económicos, fiscales y sociales con visión de futuro. Hoy día se ha comprobado que la transparencia es el antídoto de la corrupción. De igual forma, se reconoce que el conocimiento de la sociedad en torno a las acciones y resultados de la gestión pública incide directamente en su capacidad de adelantar el desarrollo sostenible, la competitividad económica y la prosperidad.

Para asegurar la sostenibilidad de las decisiones impostergables que tenemos que tomar hoy es apremiante transparentar las acciones del gobierno como estrategia para rescatar la agenda pública y gobernar en gobernanza. La aprobación de la legislación sobre Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en la Gestión de los Asuntos Públicos peticionada por el Centro de Gobernanza y la adopción de una ley de responsabilidad fiscal que integre los principios internacionales que deben guiar la gestión de las finanzas públicas planteadas en el estudio de Gobernanza y Responsabilidad Fiscal realizado por el CGPC en el 2014, es impostergable. RECLAMAMOS ACCIÓN INMEDIATA DE NUESTROS LEGISLADORES.

1 Comment

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