Titulares:
  1. AL DESNUDO LAS DEFICIENCIAS DE LA GOBERNANZA: Por: Dra. Eneida Torres Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Enfrentar el desafío de la magnitud sin precedente de esta catástrofe, agravada con la crisis económica y fiscal que experimentamos hace más de una década, demanda de manera urgente atender las debilidades de la gobernanza que se han venido agravando…
  2. NUESTRA CLASE POLÍTICA SE RESISTE A TRANSPARENTAR TODA LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Por: Rafael Durand Aldea, MBA Investigador Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Aún cuando un número significativo de políticos y funcionarios públicos manifiestan discursivamente tener compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sus prácticas demuestran todo lo contrario."   Oprima aquí para acceder artículo en PDF Los estudios realizados por el Centro de…
  3. EL DESAFÍO DE GOBERNAR EN GOBERNANZA EN TIEMPOS DE CRISIS: Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Octubre 2017 "El desencanto generalizado con los gobiernos de las pasadas décadas y con el desarrollo incipiente de nuestra propia democracia y sus instituciones (partidos políticos, legislatura, municipalidades, administración pública, etc.) ha sido el resultado de la incapacidad de…
  4. UN NUEVO PARADIGMA PARA LA GESTIÓN JUDICIAL EN PUERTO RICO: GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Por: Lcda. Alba López Arzola Investigadora Principal Centro de Gobernanza Pública y Corporativa Oprima aquí para acceder artículo en PDF Un postulado  esencial  de  todo  estado  de  derecho  es  tener  una debida administración de la justicia -como servicio público prioritario- y permitir el amplio acceso a dicha justicia para garantizar el disfrute de los…
  5. FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA DETENER EL JUEGO DE LAS SILLAS MUSICALES DE LA CORRUPCIÓN: Por: Dra. Eneida Torres de Durand Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa "Para responder al reclamo de buen gobierno de los ciudadanos es necesario y apremiante adoptar una ley de transparencia gubernamental abarcadora, integrada y robusta para lograr cambiar de raíz las malas prácticas de gobernanza en la gestión pública…

AL DESNUDO LAS DEFICIENCIAS DE LA GOBERNANZA

Por: Dra. Eneida Torres Durand

Directora Ejecutiva

Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

“Enfrentar el desafío de la magnitud sin precedente de esta catástrofe, agravada con la crisis económica y fiscal que experimentamos hace más de una década, demanda de manera urgente atender las debilidades de la gobernanza que se han venido agravando por décadas.”


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Puerto Rico es uno de los pocos países que no ha reconocido la urgencia de implantar un proceso de gobernanza pública integrado y abarcador que movilice la modernización del estado y las reformas administrativas para implantarla. Los procesos de reforma de la gestión pública en el país son incipientes ya que en la función pública no se cuenta con una cultura de buen gobierno que garantice la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión ciudadana y la involucración de todos los sectores de la sociedad para la toma de decisiones. Aunque parezca contradictorio, Puerto Rico aún no cuenta con una visión de país y un plan que articule un mapa a seguir para hacer realidad las aspiraciones y los proyectos estratégicos requeridos para potenciar el desarrollo y la prosperidad del país. El afán electoral de ganar elecciones confunde al estado con el gobierno y el ganar elecciones carece de sustancia para gobernar.

Es inexplicable que aún en momentos de profunda crisis los gobiernos de turno se resistan a emprender las reformas que son impostergables y que éstas no se adelanten por el clientelismo o la ideología política. La coyuntura actual de crisis prolongada y catástrofes naturales exige una reconstrucción que incluya las reformas de la administración pública, la transformación del marco jurídico y el marco institucional y el replanteamiento de las relaciones entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. El principal desafío se encuentra en impulsar los sectores económicos y requilibrar el dinamismo productivo para propiciar el crecimiento de todos los sectores de la economía.

Hace más de una década que el País experimenta una depresión económica y una crisis social que ha revertido los avances sociales y económicos que adelantamos en décadas pasadas. Ante un complejo escenario de cambios demográficos, crisis fiscal, debacle económica y crisis de gobernabilidad es apremiante desarrollar la resiliencia colectiva y personal a los riesgos. Resulta paradójico, desde el punto de vista de la gobernanza, que Puerto Rico, no haya sido capaz de poner al centro de su estrategia de desarrollo sostenible la transparencia gubernamental requerida para encaminar las reformas que la coyuntura actual de crisis profunda reclama.

El huracán María dejó al desnudo las vulnerabilidades y deficiencias de la gobernanza y del manejo negligente de los recursos fiscales que ha deteriorado la capacidad del gobierno de satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. La respuesta del gobierno durante esta emergencia se ha caracterizado por un andamiaje centralizado y burocrático, carente de transparencia, fragmentado, falto de protocolos coherentes sin mucha interacción entre sí, con una pobre coordinación entre distintos sectores y actores y con una desconexión de las necesidades inmediatas de la población. La opacidad de la información y el manejo deficiente de esta emergencia ha abierto espacios secretos propicios para la corrupción.

Las consecuencias críticas derivadas de esta emergencia han provocado trastornos en la infraestructura vitales para las actividades económicas, efectos negativos en las finanzas públicas, ha degradado bienes ambientales claves y erosionado la confianza pública en el gobierno. Los desastres naturales por si solos no provocan devastación y ruinas. Es más bien la vulnerabilidad del País, de sus instituciones y de los ciudadanos, la que incide directamente sobre la magnitud del desastre y los daños que provoca.

Toda crisis obliga a encarar los problemas fundamentales de la vida colectiva. Los ciudadanos y las instituciones esperan que los gobiernos estén preparados para atender una amplia gama de posibles crisis y lidiar con ellas eficazmente en caso de que ocurran.  A más de cien días de la devastación causada por el paso por Puerto Rico de dos huracanes de categoría cuatro como Irma y María es impostergable reflexionar sobre las causas de los pobres resultados y la incapacidad del gobierno de transparentar la información y responder eficazmente para encaminar el país hacia la recuperación. Las responsabilidades fundamentales del gobierno son prestar servicios esenciales, ayudar a sostener la infraestructura estratégica y la economía y la protección a los ciudadanos y su propiedad.

Enfrentar el desafío de la magnitud sin precedente de esta catástrofe, agravada con la crisis económica y fiscal que experimentamos hace más de una década, demanda de manera urgente atender las debilidades de la gobernanza que se han venido agravando por décadas. La crisis que estamos viviendo nos obliga a poner en práctica los principios rectores del buen gobierno de lo público de forma urgente. No es suficiente que los gobiernos de turno administren los asuntos públicos llenos de “buenas intenciones” sino que un buen gobierno del sector público debe propiciar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de integridad y ética pública que desalienta la corrupción, gestionar los impactos sociales, económicos que se generan por el quehacer de la administración gubernamental y avanzar en la profundización de los valores democráticos que promueven mayor compromiso por la ciudadanía mejorando la inclusión,  el diálogo y la participación de los grupos de interés.

Durante el pasado quinquenio los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza han señalado con rigor científico los desafíos que encara el País de mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades de la administración pública como estrategia para potenciar el desarrollo del país. El elemento común de las deficiencia de la gobernanza pública que destacan los hallazgos de estos estudios puntualizan la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gobernanza y la negligencia en la gestión de los asuntos fiscales, lo que ha deteriorado la prestación de servicios esenciales de salud, educación y vivienda y desviado las prioridades de atender la infraestructura básica de: energía eléctrica, acueductos, carreteras y telecomunicaciones para potenciar un desarrollo sostenible.

La gobernanza de los asuntos públicos es concebida en esta segunda década del siglo 21 como el vehículo para propiciar el desarrollo social, la competitividad económica y el bien común que añade valor público. Las Naciones Unidas consideran que la gobernanza es “buena” y “democrática” en la medida en que las instituciones, procesos y gobernanza de cada país sean transparentes. La buena gobernanza promueve la prosperidad, la equidad, el pluralismo, la responsabilidad y el estado de derecho que garantiza que los procesos están exentos de corrupción, de modo que la gestión pública sea efectiva y eficiente. Una gestión pública eficiente se enfoca en la administración eficaz y prudente de los recursos del estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo sostenible de los países.

Existe consenso en la literatura revisada de que el buen gobierno implica la existencia de un Estado transparente, el cual debe procurar espacios de involucración activa de sus ciudadanos y el respeto al estado de derecho, permitir el acceso a la información y rendir cuentas a la ciudadanía respecto de la gestión pública, entre otros aspectos. El buen gobierno representa la calidad formal y no formal de gobernar, así como a los resultados de la acción de gobernar, tanto en su capacidad real de eficacia, como en su capacidad de gestionar los asuntos públicos al menor costo posible, es decir con eficiencia. Las prácticas de buen gobierno cumplen con las garantías de gobernabilidad democrática y acercan las pautas formales e informales del gobierno a la buena gobernanza de lo público (Torres de Durand; Pratts 2012).

En ese sentido, el buen gobierno se refiere no solo a la forma en que se ejerce el poder político en un país, sino que también incluye tanto las reglas y procedimientos que producen un marco transparente y legítimo en el cual deben operar los actores públicos y sociales como la capacidad del sector público para gestionar de forma eficiente, transparente, responsable y equitativamente los recursos públicos. Dicho de otra forma, las prácticas de buen gobierno reflejan la capacidad de los gobiernos, de sus instituciones y de sus políticas públicas para canalizar y solucionar las tensiones y los conflictos que surgen en el seno de la sociedad mediante reglas y procedimientos democráticos, en los cuales la transparencia y la rendición de cuentas son los ejes vertebrales para potenciar la involucración ciudadana. Los principios de buen gobierno, como principios rectores de la gestión gubernamental a nivel estatal y municipal y de las políticas públicas, proveen un marco de actuación que abona en la satisfacción de los derechos, necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas.

El buen gobierno integra principios que se entienden aplicables a todos los niveles de gobierno: estatal, municipal, y regional, que hacen más democrática la formulación de las políticas públicas y su implementación. Es decir, dichos principios permiten un adecuado funcionamiento del gobierno y la consecución de sus objetivos. Tales principios son:

  • Principio de Transparencia- Impone a los funcionarios públicos el deber de actuar de la manera más transparente frente a la ciudadanía. Ello, permite incrementar la legitimidad democrática de las propias administraciones públicas, asimismo ayuda a los ciudadanos a que se conviertan en participantes activos en los asuntos públicos, no únicamente entes reactivos. Finalmente, como consecuencia de lo anterior, la transparencia permite que se manifieste el principio de rendición de cuentas de los poderes públicos.
  • Principio de Responsabilidad– Alude a la obligación que tienen los funcionarios públicos de cumplir a cabalidad con sus deberes y funciones, mediante el despliegue de esfuerzos que sean necesarios para satisfacer las demandas e intereses legítimos de la población, a través de un ejercicio regular, eficaz, oportuno e inclusivo de la función delegada, concedida u otorgada.
  • Principio de Rendición de Cuentas– Demanda que todo funcionario público responda por las decisiones y acciones que realiza en el ejercicio del poder que se le ha delegado, concedido u otorgado.
  • Principio de Eficacia- Es la consecución del resultado que corresponde a los objetivos preestablecidos por la organización. El deber de actuar de forma eficaz implica también la necesidad de actuar con atención a los principios de eficiencia y economía.
  • Principio de Coherencia- Tan importante como tener objetivos articulados, es la necesidad de que estos objetivos sean consistentes y estén coordinados. Este es el objetivo del principio de coherencia, pues existen determinadas políticas que rebasan las fronteras de las políticas sectoriales, por lo que repercuten en otros ámbitos sectoriales y, por lo tanto, inciden en otros intereses, lo que obliga a tenerlas en cuenta.
  • Principio de Participación– Implica que la variedad de actores sociales: como empresas, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los ciudadanos en general se incorporen a la toma de decisiones públicas de acuerdo a las normas y procedimientos que se implementen para ello. En ese sentido, según este principio se entiende que la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas exigen una amplia involucración ciudadana tanto en la fase de formulación como de implementación. De la involucración ciudadana surge el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
  •  Principio de sensibilidad frente a las necesidades y aspiraciones de la población- Implica que los gobiernos deben implementar políticas y acciones que atiendan a la satisfacción de dichas necesidades, en particular de la población tradicionalmente excluida y marginada.

El cumplimiento de estos principios se ha convertido en al barómetro indispensable para medir la credibilidad y el respeto de los países en el panorama mundial. Tanto en la comunidad académica como en la internacional, se es consciente de que el buen gobierno y la reducción de riesgos de desastres son objetivos que se refuerzan mutuamente y éstos deben integrarse sistemáticamente en las políticas públicas, los planes y los programas de desarrollo de los países.

Puerto Rico tiene una oportunidad única para demostrar que puede generar la gobernabilidad necesaria para conducir al país a emprender las reformas trascendentales que debemos impulsar para lograr un desarrollo económico y social sostenido a largo plazo. Para lograrlo tenemos que ser capaces de retomar los principios democráticos esenciales para afianzar la gobernabilidad del País. Cerrar la brecha de la gobernanza y fortalecer la capacidad de nuestras instituciones demanda integridad y claridad por parte de la clase política y compromiso y acción colectiva de los ciudadanos para involucrarse activamente en los asuntos públicos.

El principio de transparencia debe inspirar la gestión pública de manera tal que toda la información esté disponible a la ciudadanía para que sirva de base para el diálogo entre los actores sociales y se constituya como instrumento de monitoreo y fiscalización. Para propiciar una verdadera reforma de la gobernanza pública se debe trabajar en las causas de los problemas que nos aquejan. En estos procesos de reforma debemos ser capaces de propiciar las transformaciones institucionales para mejorar la capacidad del gobierno en la formulación y gestión de las políticas públicas, es decir que el acceso a la información y la apertura del gobierno deben estar acompañados por la mejora en las capacidades institucionales, la eficiencia y la eficacia y los resultados categóricos requeridos para promover el bienestar común de la sociedad.

La coyuntura histórica actual reclama la divulgación total y veraz de la información, voluntad, solidaridad y responsabilidad para adelantar la agenda de reconstruir el País y promover el bien común, la competitividad y la prosperidad para el beneficio de nuestras futuras generaciones. Las lecciones aprendidas nos deberán encaminar hacia las mejoras en la gobernanza y las capacidades institucionales requeridas para generar la cohesión social y la resiliencia para impulsar el bienestar económico y social que exige el País. La transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal en el uso prudente de los recursos públicos deben quedar asentados en una legislación de transparencia y buen gobierno para evitar en lo sucesivo las deficiencias y la desmesura enfermiza de los gobiernos.

 

 

Diciembre 2017

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