Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
“Los cambios estructurales que requiere el País son inaplazables y exigen que se atiendan y se discutan de manera diáfana y clara para su correcta priorización y ejecución.”
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Para atender los desafíos sociales y económicos que encara el País es impostergable delinear un modelo de desarrollo económico verdaderamente inclusivo que permita el progreso social. Para ponerlo en marcha es necesario gobernar para el bien común. Además, hay que poner al centro los principios rectores de buen gobierno de lo público y formular presupuestos que atiendan las necesidades de la sociedad y no los intereses de unos pocos.
Es apremiante salir de la parálisis causada por las prácticas deficientes de gobernanza pública. Los cambios estructurales que requiere el País son inaplazables y exigen que se atiendan y se discutan de manera diáfana y clara para su correcta priorización y ejecución. Es evidente que los acontecimientos más recientes resaltan la incapacidad del gobierno de atender con prioridad las necesidades esenciales del País.
En primer lugar, nuevamente la inhabilidad del gobierno de presentar un proyecto de presupuesto abierto, transparente, coherente y a tiempo canceló las posibilidades de generar un debate informado sobre cuáles son las opciones de política pública que el País requiere para atender la precariedad crónica de nuestro modelo de desarrollo. Resulta inconcebible que al día de hoy tengamos dos presupuestos aprobados, uno por el Ejecutivo y la Legislatura del Gobierno de Puerto Rico y otro por la Junta de Supervisión Fiscal. El hecho de que la Jueza Taylor Swain tenga ante sí la determinación de cuál de los presupuestos es el que se va a implantar reafirma las debilidades de la gobernanza y la falta de poder político que tiene el País.
La principal problemática en la formulación presupuestal radica en que nuevamente, el proceso presupuestal se realizó a oscuras y sin oportunidad para que los ciudadanos tuvieran acceso a los detalles de los escenarios analizados para priorizar los programas a ejecutar. Desconocemos, tanto en la versión del Gobierno de Puerto Rico como en el documento de la Junta de Supervisión Fiscal, cómo se elaboró la proyección de ingresos. ¿Cuál fue el análisis realizado para identificar los servicios “esenciales” que deberá continuar prestando el gobierno y cuáles pueden ser transferidos a entidades privadas o sin fines de lucro? ¿Cuál fue el análisis de productividad y eficiencia por agencia gubernamental que valida la necesidad de retener toda la plantilla de empleados públicos? ¿Cómo el resumen abreviado de los gastos gubernamentales presentado se relaciona a los planes de prestación de servicios a la ciudadanía de cada agencia gubernamental? En resumen, no hubo transparencia en el proceso de formulación presupuestal y lo presentado nuevamente es insuficiente, defectuoso, deficiente e inaceptable.
Más recientemente la falta de una estrategia coherente para darle dirección y una gobernanza estable a la Autoridad de Energía Eléctrica pone de manifiesto la incompetencia de atender la recuperación y el mejoramiento de nuestro sistema energético. De igual forma, la falta de transparencia de la información sobre el proceso que se llevó a cabo para determinar el cierre de escuelas públicas y los fundamentos que dan base a la propuesta de escuelas charter evidencian que este gobierno no cree ni practica la transparencia con la cual se comprometió a gobernar el País.
Por último, el manejo deficiente y la incapacidad gerencial y administrativa de manejar las querellas de hostigamiento sexual en el empleo y acoso laboral en la Compañía de Turismo y la negligencia y la falta de divulgación del informe de la Oficina de la Procuradora de la Mujer con relación a estos hechos acentúan la negligencia en el descargo de las funciones gerenciales y reafirman la necesidad de apertura de toda la información pública a los ciudadanos.
Por increíble que parezca, en Puerto Rico todavía hay quienes se cuestionan la importancia de la gobernanza transparente y abierta para articular las respuestas a la prolongada crisis fiscal y económica que vivimos hace más de una década. Los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa durante los pasados años han advertido la importancia de prestar mayor atención a la gobernanza pública para impulsar la prosperidad y el desarrollo y superar los desafíos de crecimiento económico y equidad social.
Los resultados de los estudios destacan que la falta de una verdadera planificación ha reducido significativamente la productividad, la calidad, la eficiencia y la eficacia de la administración pública. La ausencia de un auténtico plan estratégico de país que trascienda los periodos electorales ha causado que se aprueben políticas públicas de índole económica, fiscal y social inconexas y contradictorias Además, las asignaciones de los recursos públicos en el presupuesto no han estado vinculadas a un genuino plan estratégico y no han sido utilizadas como instrumento de desarrollo.
En vista del alto grado de fragmentación, obsolescencia e incapacidad institucional en la articulación de las respuestas resulta imperativo emprender un proceso de reforma de la gobernanza pública anclado en el diseño e implantación de políticas públicas coherentes e integradas horizontalmente y el uso prudente de los recursos públicos. El buen gobierno solo es posible si existe una verdadera visión de país y un proyecto estratégico nacional que sirva de carta de navegación; verdadera transparencia para construir confianza y cohesión; una auténtica planificación estratégica y operativa con políticas explícitas; transparencia y prudencia en el uso de los recursos públicos; una gestión evaluada por objetivos, resultados y métricas; y sobre todo con rendición de cuentas.
Gobernar para el bien común requiere de un gobierno abierto y de instituciones transparentes que promuevan el pluralismo y la participación de la sociedad en la solución de los problemas que les afectan, que sean responsables fiscalmente y que las políticas públicas y el estado de derecho vigente propicien la eficiencia, la eficacia y la calidad en la prestación de servicios a la población. La buena gobernanza se refiere al proceso de dirigir la sociedad y la economía hacia el logro de metas colectivas. Es la construcción de un mejor entorno de convivencia de país en el cual la gente puede vivir, aprender y trabajar; en el que los emprendedores pueden innovar, emprender y comercializar los resultados de su creatividad y en el que las empresas pueden invertir para generar riqueza y empleos.
El desafío del gobierno como responsable de articular la gestión pública en redes de gobernanza para el desarrollo social y el crecimiento económico es el de sacar a flote la economía del País en beneficio del bien común y la calidad de vida de la población. Los complejos y diversos problemas que encara el país no pueden continuar siendo atendidos como asuntos aislados, sino que necesitan conectarse para maximizar beneficios para los ciudadanos, las empresas, el gobierno y la propia administración gubernamental. El desarrollo sostenible necesita de la planificación de largo plazo y la planificación operativa de corto plazo para dar respuesta y generar resultados que añadan valor público a los graves problemas estructurales que enfrenta nuestra sociedad.
Es inaplazable atender la falta de planificación, la indisciplina fiscal y las deficiencias de la formulación presupuestal en beneficio del bienestar social y el crecimiento económico. Es necesario aprobar un presupuesto que armonice ingresos y gastos alineado con un plan fiscal que refleje la responsabilidad fiscal en su formulación y ejecución. La apertura del proceso presupuestario permitirá mejorar la priorización de políticas públicas, la credibilidad, limitar el gasto superfluo y facilitar el acceso a los mercados financieros.
De igual forma, ante el panorama de incertidumbre social y económica que vivimos resulta impostergable adoptar medidas para reenfocar la política económica y fiscal con visión de mediano y largo plazo, que tenga como norte mejorar los ingresos fiscales sin menoscabar el crecimiento económico. Existe evidencia creciente que demuestra que la manera de mejorar las finanzas públicas es a través de sistemas presupuestarios abiertos a la inclusión y el escrutinio público y con mecanismos de supervisión y fiscalización sólidos. Urge fortalecer, institucionalizar y dotar de mayor transparencia la gestión fiscal.
Nos corresponde a todos construir cultura de buen gobierno y maximizar las oportunidades y los talentos, hallar sinergias entre sectores y proyectos y armonizar iniciativas ahora dispersas y fragmentadas. Para lograrlo, es necesario construir juntos una base sólida de principios y acciones dirigidas a propiciar el bienestar y la calidad de vida de la sociedad.
